¿Cómo entender los asesinatos de líderes sociales durante la pandemia?

Fotos de líderes colombianos asesinados
15/10/2020
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El asesinato de líderes sociales y miembros de comunidades vulnerables en Colombia ha tenido un ascenso dramático en lo corrido de 2020. A principios de año las cifras de líderes asesinados eran más del doble de las de los primeros meses de 2019. La llegada del Coronavirus y los confinamientos estrictos redujeron esa tendencia, llevando a un leve descenso en estos asesinatos. Sin embargo, una vez asentada la crisis de salud, el recrudecimiento de la inseguridad en lo rural y el número de muertos volvió a despegar.
Por: 
María del Pilar López Uribe, Carolina Castro, Fernando Posada, Bhavani Castro, Roudabeh Kishi
Tomado de: ¿Cómo entender la ola de asesinatos de líderes sociales en Colombia durante la pandemia?

A pesar de que los números exactos sobre estos asesinatos varían entre fuentes, las tendencias que siguen estos eventos son similares: en los últimos meses se ha presentado un aumento preocupante en los asesinatos de líderes sociales y miembros de comunidades vulnerables, tanto relativo a los meses pre-pandemia (enero-marzo) como a los mismos meses en 2019 (abril-agosto).

El proceso de paz estancado y el COVID-19
El incumplimiento de lo pactado en La Habana ha traído como consecuencia que las comunidades pierdan confianza en el gobierno y las instituciones estatales y, al mismo tiempo, han aumentado los factores de riesgo para los líderes que le habían apostado a la transformación de sus territorios. Al comprometerse a alcanzar la paz, los líderes quedaron expuestos al ser la cara visible de sus comunidades. Sin embargo, después del acuerdo, los actores armados ya conocían sus perfiles: dónde estaban, qué poblaciones dirigían, en qué zonas tenían influencia y qué tan protegidos estaban, factores que facilitaron las amenazas.

Estos riesgos se han acentuado desde que el confinamiento comenzó. Varios de los líderes quedaron dentro de sus comunidades y casas, y en muchos casos sin escoltas. El encierro ha facilitado las amenazas de los grupos armados, porque saben dónde están y lo desprotegidos que se encuentran.

¿Cómo rastrear los asesinatos de los líderes sociales?
Los datos de la organización Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) permiten observar estas tendencias. Los asesinatos de líderes sociales, dada su naturaleza selectiva, pocas veces aparecen en las noticias internacionales o en los principales medios de comunicación. Por lo tanto, es difícil rastrear la totalidad de estos eventos. ACLED realiza una revisión sistemática de la información sobre este tipo de eventos priorizando el uso de los medios regionales y locales, y la complementa con información de redes comunitarias locales y varias ONG. Más del diez por ciento de la cobertura de ACLED proviene de este tipo de fuentes.

Por ejemplo, para el caso de Colombia, se recopila la información proveniente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), una ONG colombiana que monitorea el conflicto en el país, así como información de Front Line Defenders, una organización asociada a ACLED que tiene como objetivo proteger a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo por medio de redes locales. Estas fuentes, diferentes a las de los medios de comunicación tradicionales, proporcionan detalles sobre más de un cuarto de la violencia contra la población civil en Colombia.

Los hechos analizados en este documento se relacionan con líderes sociales y miembros de comunidades vulnerables – estas últimas incluyen campesinos, indígenas y afrodescendientes. En esa categoría también se incluyen otros grupos que son frecuentemente víctimas de ataques por razones políticas, como miembros y exmiembros del gobierno, partidos políticos, periodistas, mujeres, maestros, estudiantes y grupos LGBT. En el contexto del proceso de paz, los excombatientes de las FARC y del ELN, que decidieron comenzar la reinserción en la sociedad, son frecuentemente víctimas de asesinatos perpetrados por grupos armados.

Cambios en los asesinatos de líderes sociales durante la pandemia
Los datos de ACLED indican que desde abril de 2020 las cifras han pasado de un promedio de 6 asesinatos semanales a un promedio de 10 al final de agosto, mes en que se levantó el confinamiento estricto.

Muertes por ataques contra grupos vulnerables en Colombia
Fuente: ACLED
 
Una comparación con las cifras para el mismo período del 2019 también muestra un alza significativa en el 2020-
Muertes contra grupos vulnerables 1 enero- 31 de agosto
Fuente: ACLED

Si bien al principio del confinamiento estricto se observa un descenso en los asesinatos de líderes y miembros de comunidades vulnerables, desde mayo se presenta un ascenso continuo.  En los seis meses transcurridos desde el inicio de la cuarentena, la gran mayoría de los ataques contra grupos vulnerables siguen siendo perpetrados por grupos armados no identificados o anónimos; similar a las tendencias de los meses anteriores a la pandemia. Esto indica que a pesar de que en el marco del posconflicto en el país ya se reconoce que la violencia ejercida contra líderes sociales y grupos vulnerables se ha recrudecido, no existen esfuerzos para identificar si existe asociación entre los asesinatos sistemáticos y algunos grupos armados.

Ataques a lideres sociales antes y después del inicio de la pandemia
Fuente: ACLED

Aún no es clara la explicación de este incremento en los asesinatos de líderes sociales. Los análisis que se han recopilado hasta el momento se agrupan en tres explicaciones.

Tres hipótesis sobre los asesinatos de líderes sociales y miembros de comunidades vulnerables
Una primera hipótesis apunta a razones vinculadas directamente con el fin del conflicto y con la disputa de poder en torno a territorios abandonados por las desarmadas FARC. Las agresiones contra los líderes han estado ligadas a la implementación del Acuerdo y al fortalecimiento y disputas entre los diferentes grupos armados que se encuentran en las regiones.

Una consecuencia de este cambio de poderes ha sido el surgimiento de nuevas organizaciones armadas asociadas al tráfico de estupefacientes y la explotación de la minería ilegal, que reclutan disidencias de las FARC (63 asesinatos atribuidos a disidencias), de los paramilitares rearmados (59 asesinatos atribuidos a grupos paramilitares rearmados) o de grupos internacionales (4 asesinatos atribuidos a grupos asociados al Cartel de Sinaloa).

También es preciso destacar que cuando se analiza el subconjunto de eventos en los que los perpetradores de la violencia no son anónimos, se observa una participación cada vez mayor de los miembros de las fuerzas armadas del Estado: estos casos pasaron de ser el 18 por ciento antes del inicio de la pandemia a un 50 por ciento después de la llegada del coronavirus. La mayoría de estos hechos están vinculados directamente a operaciones de erradicación de cultivos de coca realizadas por fuerzas armadas estatales.

En los seis primeros meses de la pandemia, casi un tercio (28%) de los ataques contra líderes sociales y grupos vulnerables – en los que se conoce al autor del ataque – fueron perpetrados por grupos disidentes de las FARC (en azul claro en el gráfico siguiente). Esta tendencia también era observada en los seis primeros meses anteriores a la pandemia.

Ataques contra grupos vulnerables en que se conoce el autor del ataque
Fuente: ACLED

Un segundo aspecto reseñado por varios de los análisis está relacionado con la mayor vulnerabilidad a la que están expuestos los habitantes rurales en el marco de programas gubernamentales de lucha contra el narcotráfico. 16 de los asesinatos en 2019 y 2020 corresponden a líderes que han apoyado los programas de sustitución de cultivos de coca. Al centrar su atención en la cadena más débil del tráfico de drogas, el gobierno expone a los campesinos cultivadores al poder violento de quienes tienen las mayores ganancias del negocio. Si bien la mayoría de estos eventos fueron perpetrados por grupos ilegales, hay que advertir que precisamente en este contexto, algunos de los asesinatos se han dado en el marco de operaciones de erradicación de cultivos liderados por el Estado.

Por último, las disputas por la tierra y en general por lo ambiental, no son independientes de los dos factores mencionados previamente, pero tienen connotaciones particulares en su relación con las víctimas. La restitución de tierras en medio de territorios en disputa pone en riesgo el retorno de los campesinos a las zonas de las que fueron desplazados y despojados. En lo corrido de 2020, 9 de las víctimas asesinadas participaban en procesos de restitución de tierras. Por su parte, los líderes defensores del ambiente frente a proyectos de desarrollo y explotaciones ilegales también son vulnerables en medio de las tensiones por el control del territorio. Según el último informe ‘Defendiendo el mañana’ de la ONG Global Witness, en 2020 Colombia ocupa el primer país en asesinatos de líderes ambientales en el mundo. Según esta organización 64 de los asesinatos ocurridos en 2019 correspondían a líderes ambientales.

Explicaciones alternativas: el COVID, la crisis económica y el control territorial
En los meses recientes la esfera pública se ha centrado en la atención de la crisis sanitaria del Covid19 y en las consecuencias económicas de la pandemia. La pandemia ha requerido una alta concentración de tiempo, debate y recursos del Estado y de las ONGs de derechos humanos en aspectos como el control de la movilidad, la salud y los efectos económicos de las cuarentenas. En medio de esta crisis, que transformó las formas de vida y las prioridades de los agentes estatales y de las ONGs, problemas estructurales del país como la violencia sistemática en el sector rural fueron relegados a un segundo plano. Durante la cuarentena estricta la mayoría de las oficinas públicas cerraron, haciendo que los canales de atención a los ciudadanos en temas de protección y denuncia se vieran fracturados temporalmente. Lo mismo ocurrió con las ONGs de derechos humanos que vieron limitado su accionar en las zonas rurales por las restricciones de movilidad en todo el país. Adicionalmente, los efectos de la pandemia en las poblaciones más vulnerables no han sido menores y han requerido que muchas ONGs re-enfoquen su atención y acompañamiento a las comunidades en asuntos básicos como la seguridad alimentaria y la salud.

Por ejemplo, Meta tiene un número significativo de áreas de reintegración, con tres Espacios Territoriales de Capacitación y Reintegración (ETCR). En los últimos seis meses en este departamento se reportaron cinco veces más asesinatos de grupos vulnerables, comparados con los seis meses anteriores al inicio de la pandemia. Una parte importante de estos incidentes están ligados al asesinato de ex-combatientes de las FARC que vivían en los espacios de reintegración. Analistas han expresado previamente su preocupación sobre la capacidad del gobierno de garantizar la seguridad de los excombatientes que viven en los campamentos, dado que sus arreglos temporales ya han expirado y el gobierno no ha publicado planes para convertirlos en instalaciones o aldeas permanentes.

Otro aspecto para considerar es el deterioro de la atención y visibilización de la situación de los líderes sociales en el debate público. A pesar de que la violencia en su contra se recrudeció en el año 2020, la atención que ha tenido este tema en el discurso público ha disminuido sensiblemente. De nuevo, la pandemia del Coronavirus volcó gran parte de la atención pública y de los canales de denuncia hacia los impactos desconocidos de la misma. Los temas de seguridad rural, protección de líderes y vulnerabilidad de derechos humanos han perdido espacio temporalmente en el debate público. En este contexto, las comunidades habitantes de zonas apartadas han quedado aún más relegadas y sin voz en el escenario nacional, lo que profundiza su aislamiento y aumenta su grado de desprotección y vulnerabilidad.

Menor información, investigación y atención sobre el asunto puede facilitar que los actores armados responsables de los delitos salgan impunes, social y legalmente. Una estrategia indirecta para evidenciar que los medios de comunicación han disminuido su atención en este temas es analizar las tendencias de búsqueda en Google. Estos reflejan un aumento notorio en búsquedas relacionadas con los efectos de la crisis sanitaria en temas como la economía y desempleo y una baja búsqueda de temas relacionados con derechos humanos en el marco del posconflicto.
De esta manera, la protección y las garantías disminuyeron desde que la pandemia y el confinamiento llegaron al país, porque toda la atención se concentró en la emergencia sanitaria.

Una segunda hipótesis se centra en la relación entre pandemia y nuevas oportunidades para el control del territorio por parte de grupos armados ilegales. La pandemia de COVID-19 ha sido utilizada como pretexto por grupos armados para implementar estrategias de coerción y para ejercer control en territorios en disputa. Grupos armados aplicaron el toque de queda y medidas de cierre en al menos 11 departamentos de Colombia (Insight Crime, 3 de septiembre de 2020), incluyendo Antioquia, Cauca y Nariño, zonas intensamente afectadas por el conflicto armado. En Cauca, grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) amenazaron con asesinar a aquellas personas que rompieran la cuarentena, mientras que en Nariño varios grupos establecieron diferentes medidas de confinamiento, entre ellos los grupos disidentes de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo.

Factores estructurales en el Suroccidente de Colombia
Además de la situación específica relacionada con la pandemia, es preciso destacar algunos aspectos estructurales que explican la intensidad de los hechos que se registran en el Suroccidente del país. Nariño es uno de los principales territorios de siembra de coca, por sus condiciones rurales y su acceso a la costa del Pacífico y Ecuador, donde la mayor parte de la producción se puede distribuir a Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Según autoridades locales, los asesinatos ocurridos en Nariño pueden atribuirse tanto a un aumento de la producción local de coca, como a la escalada de la disputa territorial entre el ELN y otros grupos armados, que se benefician de la falta de presencia estatal. El ELN controlaba varios territorios del departamento, pero con la llegada del Clan del Golfo y de diferentes grupos disidentes de las FARC en áreas estratégicas, su dominio ha sido desafiado. Este aumento en los ataques contra civiles en Nariño se puede ver en los siguientes mapas. El mapa de la izquierda representa los seis meses anteriores al inicio de la pandemia, mientras que el mapa de la derecha representa los seis meses siguientes, se evidencia allí que el asesinato de miembros de grupos vulnerables en Nariño se ha triplicado entre los dos períodos.

Ataques antes versus después del inicio de la pandemia
Fuente: ACLED
Otra evidencia que aparece al analizar el mapa es que además de las zonas destacadas, los ataques contra líderes y grupos vulnerables se expandieron a nuevos departamentos, donde no existía dicho acoso en los meses anteriores al inicio de la pandemia, entre ellos Guaviare, Vichada y Tolima.
Los departamentos de Cauca y Valle del Cauca han sido foco del conflicto armado colombiano y se encuentran en una región conocida por la presencia de cultivos de coca y por su crucial acceso a la costa del Pacífico. En la zona norte del Cauca, la fuerte presencia de comunidades indígenas y afrocolombianas las ha hecho más vulnerables a los ataques perpetrados por diferentes grupos armados presentes en la región, ya que estas comunidades se oponen fuertemente al uso de sus tierras para los cultivos de coca.

Ataques contra civiles por departamento en Colombia
Fuente: ACLED
 
El asesinato de miembros de grupos vulnerables en la región del Cauca durante el mismo período de tiempo – enero a agosto de 2019 (a la izquierda) a 2020 (a la derecha) – se ha duplicado; mientras que 54 muertes de líderes y miembros de grupos vulnerables fueron reportadas de enero a agosto de 2019, 101 muertes fueron reportadas durante el mismo período en 2020.
 
¿Dónde está el Estado?
El Estado no solo debe investigar estos asesinatos, sino que debe participar activamente en la prevención y garantizar los derechos de los líderes y grupos vulnerables amenazados. Estos asesinatos son parte de un fenómeno más agresivo pues se concentra en territorios donde históricamente se han mantenido disputas estructurales por la tierra y cuentan con recursos naturales, cultivos ilícitos, narcotráfico y actividades minero-energéticas. Atender estas disputas de forma integral, articulada y centrándose en los actores más fuertes de las cadenas de las economías ilegales puede contribuir a disminuir la vulnerabilidad a la que quedan expuestos los pequeños campesinos, los indígenas y las comunidades afrodescendientes que lideran una defensa del territorio a costa de su vida.

Autores:
María del Pilar López Uribe, profesora Facultad de Economía Universidad de los Andes.
Carolina Castro, estudiante doctoral Facultad de Economía, Universidad de los Andes.
Fernando Posada, estudiante de la maestría en Política Latinoamericana de University College London.
Bhavani Castro, South America Research Manager at The Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED).
Roudabeh Kishi, director of Research and Innovation at The Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED)

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