Recordando a las víctimas de violencia policial

Las protestas que iniciaron el 28 de abril de 2021, que rechazaban una nueva reforma tributaria en Colombia, son recordadas como unas de las más violentas en el país. En la memoria de los colombianos está la muerte del joven Santiago Murillo en la ciudad Ibagué o de Marcelo Agredo en Cali, los dos por supuestos disparos de agentes de la policía. 

Para Juliana Bustamante, directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis), una de las clínicas jurídicas de la Universidad de los Andes, aunque no hay que desconocer que la fuerza pública fue afectada durante las manifestaciones del 2021 –La policía reportó tres uniformados muertos y 1.755 lesionados– no se puede “dejar de visibilizar la realidad que la ciudadanía no puede ser atacada por la fuerza pública, porque está hecha para protegerla y el ejercicio de la protesta es un derecho fundamental”. 

Por eso, un año después de las protestas, Paiis, las ONG Temblores y Cuestión Pública, Cerosetenta y los proyectos La 40: Arte y derecho y Pobre Pobreza de la Facultad de Artes y Humanidades  convocaron a un acto para recordar a las víctimas de violencia policial, exigir justicia y reivindicar el derecho a las manifestaciones.

“Nosotros no somos jueces y no podemos decir que fueron (la policía) porque para eso está la justicia, pero las organizaciones que estamos trabajando estos temas hemos recogido unas cifras que muestran un alcance de la violencia policial desmedida”, dice Bustamante. 

En el acto se presentaron las cifras que se tienen hasta el momento sobre presuntos actos irregulares de la policía durante las protestas: 5.340 casos de violencia, 103 lesiones oculares, 40 de violencia homicida y 35 de violencia sexual. De estas subrayan que hay cero fallos condenatorios hasta el momento.  

Para Alejandro Rodríguez, de la ONG temblores, hay una dilatación en los procesos: “ha habido algunos avances en imputaciones de cargos, pero lo que ocurre en Colombia con los crímenes cometidos por agentes de policía es que entran en un ping pong entre la justicia penal y la justicia ordinaria”. 

En el acto celebrado el pasado 28 de abril, extendieron una pancarta exigiendo justicia por las violaciones de derechos humanos que se dieron. Esta fue puesta como un acto simbólico en el edificio del Centro Cívico de Los Andes, edificio que remplazó una antigua estación de policía donde, 29 años atrás, la niña Sandra Catalina Vázquez fue violada y torturada por un uniformado. 

En sus 15 años de trabajo, Paiis se había enfocado en promover la ratificación de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero cuando varias personas tuvieron lesiones oculares incapacitantes, comenzaron a atender las víctimas de las marchas. En el 2021 se unieron con Temblores y Amnistía Internacional para presentar el informe “Tiros a la vista”, que llama la atención sobre las consecuencias de estos traumas causados durante las protestas y el actuar de la policía, a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). 

 

La necesidad de un diálogo social 

Durante el paro del año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó 40 recomendaciones al Estado. Para Paiis y Temblores son valiosas, pero aún falta mucho para cumplirlas. 

“Hace falta mucho diálogo social entre diferentes, sentarnos y reconocernos como lo que somos, que todos somos humanos”, dice Rodríguez sobre lo fundamental para que la protesta se pueda cumplir sin estos abusos. 

En esto coincide la excongresista Ángela María Robledo, que también se hizo presente en el acto. La necesidad de “un diálogo social que le permita a este país encontrar salidas de manera conjunta, porque esto no es solamente un tema del nuevo gobernante”. 

Para la directora de Paiis estos actos son necesarios para llamar la atención sobre la problemática de la falta de administración de justicia y sobre actos violentos que, por venir del Estado, tienen mayor gravedad.