Migración y desplazamiento: “Entre más tiempo pasa, menos ayudas llegan”

Yusbely Rodríguez, Antonio Martínez y Roger Mendoza comparten una historia en común. Tuvieron que dejar sus poblaciones de origen por razones económicas o por la violencia. Hoy intentan sobrevivir en una ciudad para reconstruir sus vidas. La misma realidad que afrontan más de 7 millones de desplazados internos y 1'8 millones de migrantes venezolanos que tiene Colombia ¿Son suficientes las ayudas y las soluciones a largo plazo?

La investigación “Poblaciones desplazadas e integración de la protección social”, de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, que adelantó 1.500 encuestas a hogares en Bogotá y Cúcuta muestra que un 76 % de las personas desplazadas y 62 % de la población local vulnerable sí recibe ayuda. La cifra es mucho menor cuando se habla de migrantes, pues las ayudas apenas llegaron a un 48 %.

Mireille Girard, representante de ACNUR (La Agencia de la ONU para los Refugiados) para Colombia, dice que como en muchas partes del mundo no hay suficiente asistencia y las necesidades son gigantes. “No obstante conjuntamente los actores cooperantes, humanitarios y de desarrollo, a su vez que la institucionalidad, la iglesia y los privados están uniendo esfuerzos para ayudar a la primera respuesta”, explica.

Desde su casa, en el barrio Inglés, en el sur de Bogotá, Roger Mendoza recuerda que desde que llegó de Venezuela ha recibido ayuda una sola vez. Cuenta además que “para enfermarse hay que pensarlo y que ha sido gracias a la ayuda de familiares que ha conseguido dónde vivir y hasta dónde trabajar”.

En un andén en Chapinero, Antonio Martínez y otras personas víctimas de la violencia llevan más de 100 días esperando una ayuda concreta del gobierno. Antonio dice que es un reclamante de tierras y que busca un lugar donde vivir dignamente, mientras tanto pasa sus días junto a varios campesinos en unos cambuches improvisados que armaron.

La investigación puso la lupa sobre cuatro temas clave: el acceso a salud, educación, empleo y seguridad alimentaria. En la primera, por ejemplo, era evidente el difícil camino que tienen las personas venezolanas, pues 75 % no se encuentra afiliado a ningún régimen de salud, frente a un 86 % de desplazados internos que sí están afiliados.

“Cuando hablamos de asistencia y protección social no estamos hablando solo de programas como más Familias en Acción, Ingreso Solidario, sino que eso es muchísimo más grande. Entonces también exploramos brechas en acceso a educación, por ejemplo vimos que la tasa de matrícula de niños venezolanos era inferior a la población colombiana. También tenían menor acceso a salud y que trabajan en empleos informales”, explica Andrés Ham, profesor de la Escuela de Gobierno.

De hecho, aunque los migrantes externos tienen un porcentaje más alto de acceso empleo (29,5 %) frente a los desplazados y la población local vulnerable (20 %) son quienes menos cotizan a salud y pensión, apenas un 5,3 %. Yusbely Rodríguez, migrante venezolana, cuenta que contar con documentos y tener un trabajo formal es toda una proeza y que eso impide que sus hijas o nietas puedan hacer parte de un sistema de salud. “Mi hija tuvo que sacar a mi nieta del colegio, porque todo el tiempo nos pedían el seguro médico y por no tener papeles, pues no podemos cotizar”, agrega.

Con la pandemia estas tres poblaciones vulnerables también vieron afectado su acceso a las tres comidas diarias: 72 % dijo que había comprado productos y alimentos menos costosos. Un 51 % de las personas desplazadas tuvieron que reducir el número de comidas al día, frente a un 46 % de la población migrante y 40 % de la población local.

Por eso una de las recomendaciones del estudio aconseja mantener lo que se está haciendo en el corto plazo, pero llama la atención sobre pensar en el largo plazo. “Muchas personas sentían que tenían sus necesidades cubiertas instantáneamente en el momento del desplazamiento, pero entre más tiempo pasaba, menos ayuda tenían”, explican los investigadores.

Y es que ayudar a la gente va más allá de darles un programa social, explican los académicos. Implica darles condiciones para que crezcan plenamente. Ángela Guarín, profesora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, agrega que en términos de política pública el gobierno va a tener que trabajar no solo sobre cómo se diseñan los programas, sino en la cohesión social y las relaciones que se tejen entre estas tres poblaciones.