La participación política de las Farc en el posacuerdo

Por: Miguel García Sánchez
Profesor asociado del departamento de Ciencia Política y codirector del Observatorio de la Democracia

Cuando la desmovilización definitiva de las Farc empieza a verse como una realidad cercana se hace inevitable pensar en los desafíos que enfrentaremos cuando la fase de negociación quede atrás. Uno de esos retos tiene que ver con lo que se ha llamado la participación política de las Farc; es decir, la trasformación del grupo insurgente en uno más de los jugadores de la competencia política democrática. Desde mi punto de vista, ese proceso de transformación supone desafíos tanto para la sociedad y el Estado colombianos, como para las mismas Farc.

Desde el punto de vista de la sociedad colombiana, el principal reto es la aceptación de las Farc como un actor político. Si bien los datos de opinión pública, recopilados por el Observatorio de la Democracia de la Universidad, muestran que más del 60 % de los colombianos apoyan una salida negociada al conflicto armado, también indican que a los colombianos les cuesta mucho trabajo pensar que una organización insurgente deba hacer el tránsito a partido político. A 2014, sólo el 22 % de los colombianos aprobaba que el gobierno diera garantías para la participación política de las Farc y apenas el 18 % aceptaba que los desmovilizados de esta organización formaran un partido político. La opinión pública necesita descifrar la negociación con las Farc no como un acuerdo tendiente a la desaparición de esta organización, sino como un proceso de transformación de un actor político ilegal en uno más de los competidores políticos.

El segundo desafío, el cual compete principalmente al Estado colombiano, es el de la seguridad del nuevo partido político. A pesar de los evidentes avances en seguridad experimentados por Colombia en los últimos años, hacer oposición política en nuestro país sigue siendo una actividad muy peligrosa. Si a eso se suman los resentimientos de muchos sectores sociales y políticos hacia las Farc, el panorama de la participación política de los desmovilizados de esa organización es bastante sombrío. Ante esa situación el Estado colombiano tiene la difícil tarea de generar las garantías de seguridad que eviten un nuevo desangre como el experimentado por la Unión Patriótica.

LOS RETOS DEL DESPUÉS

Es un especial informativo que muestra reflexiones académicas, aportes, investigaciones e iniciativas relacionadas con lo que deben saber y entender los colombianos, sobre lo que cambiará en el país y lo que no si se firma un acuerdo entre el Gobierno y las guerrillas de las Farc y el Eln. El especial nace de un esfuerzo realizado por Ediciones Uniandes y la Maestría en Construcción de Paz para convocar a los profesores de la Universidad en torno a estas preguntas.

Desde la perspectiva de las Farc, el principal reto tiene que ver con la superación de lo que esa organización representa ante la sociedad colombiana. A diferencia de otros grupos insurgentes, como el M-19, que gozaban de aceptación entre algunos sectores de la sociedad colombiana y consecuentemente lograron ser exitosos electoralmente en los 90, las Farc son probablemente la organización con la peor reputación ante la opinión pública colombiana. Aunque eso no es sorprendente a la luz de los crímenes cometidos por esta guerrilla en más de 50 años de actividad insurgente, es el principal escollo que debe resolver si quiere tener alguna relevancia política en el futuro. Algunos experimentos que hemos realizado en el Observatorio de la Democracia dan cuenta de lo que se podría llamar la maldición de las Farc. Cuando les preguntamos a los encuestados si aceptaban, como algunos han propuesto, que se reserven curules en el Congreso para las regiones más afectadas por el conflicto, 44 % de los entrevistados dio una respuesta positiva. Sin embargo, cuando preguntamos lo mismo, pero asociamos la propuesta con las Farc, sólo el 31 % de ellos lo aceptó.

En síntesis, el éxito de la transformación de las Farc en un nuevo actor político supone al menos tres retos: la aceptación por parte de la ciudadanía de que quienes hoy dirigen las Farc no desaparecerán del panorama nacional; la protección, por parte del Estado, de la integridad física de los nuevos protagonistas políticos; y la superación del estigma Farc.