Así es la Colombia rural del posconflicto

Los habitantes de las cuatro regiones históricamente atravesadas por el conflicto armado, con presencia de las Farc, ven el país distinto a como lo veían hace cinco años. La posibilidad de perdón y reconciliación con este grupo armado, por ejemplo, aumentó de 50 % en 2015 a 66,8 % en 2017, cifra que se ubica por encima del promedio nacional, el cual no supera 55 %.

La confianza en las Farc también ha aumentado. Mientras en 2015 solo llegaba a 3,8 %, hoy se ubica en 12,8 %. Además, 3 de cada 10 entrevistados están de acuerdo con que las Farc cumplirán con lo pactado en el acuerdo y 4 de cada 10 creen lo mismo sobre el Gobierno.

Respecto a su apoyo a los distintos temas del acuerdo, el más reciente estudio del Observatorio de la Democracia evidenció que los puntos de este que más apoyan son: programas de sustitución de cultivos (86,5 %); reforma agraria (83,4 %); circunscripciones especiales de paz (71,4 %) y zonas de reserva campesina (66,7 %).

Las principales expectativas sobre el impacto del acuerdo de paz en estas regiones están puestas en que mejorará el acceso de los campesinos a la tierra (58,9 %); el acceso a asesoría técnica para campesinos (52,7 %) y la seguridad (48,2 %).

Estas cifras son arrojadas por el estudio ‘Colombia Rural Posconflicto 2017’, liderado por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes. El objetivo de la investigación fue analizar las opiniones y actitudes de la población colombiana en zonas donde se implementarán los programas del posconflicto, así como de identificar sus intereses, necesidades y expectativas.

El estudio incluyó aquellos municipios de la Macarena - Caguán, Andén Pacífico, Bajo Cauca y Cordillera Central, en donde hoy la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) desarrolla los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Allí se hicieron 1.391 entrevistas cara a cara, un 75 % de las cuales se realizaron en zonas rurales, en veredas cubiertas por los PDET.

Algunos de los hallazgos de esta investigación se compararon con los resultados del estudio especial que el Observatorio de la Democracia realizó en 2015 en Zonas de Consolidación Territorial y que tienen en común varios de los municipios en los que se realizó el estudio 2017. Algunos resultados también se compararon con la Muestra Nacional de 2016.

Según el estudio, una mayor presencia de las instituciones públicas en estas zonas no da espera y se hace urgente ante las crecientes expectativas de la población frente a la promesa de la llegada del Estado y de mayores inversiones.

Principales problemas

Los habitantes de estas regiones identificaron como los principales problemas del país en 2017: la violencia (14,3 %), el conflicto armado (11,1 %), la corrupción (10,2 %) y el desempleo (9,3 %). Llama la atención al comparar estos resultados con los de 2015 que, si bien ese año la violencia (28,1%), el conflicto armado (12,4 %) y el desempleo (15,7 %) también eran identificados como los principales problemas, lo hacían en un porcentaje mayor, mientras que una menor proporción de ciudadanos percibía la corrupción como el problema más grave (5,8 %).

Respecto al mayor problema de su barrio o la vereda, los entrevistados en 2017 mencionaron los caminos y vías en mal estado (17,9 %) y el desempleo (9,6 %).

Actitudes democráticas y confianza institucional

En las zonas de posconflicto solo 4 de cada 10 colombianos creen en la democracia como mejor forma de gobierno; esto es significativamente inferior al porcentaje de la Muestra Nacional 2016 (53,3 %) y a la muestra de zonas de consolidación 2015 (56,4 %). En regiones como Macarena - Caguán y Cordillera Central el 35,9 % y 38,3 % de los encuestados, respectivamente, cree que la democracia es la mejor forma de gobierno.

Respecto a la aprobación presidencial el resultado fue muy similar: 39,4 % de los entrevistados aprueban la gestión del presidente Juan Manuel Santos. Esto es menor, aunque no significativamente, respecto a la Muestra Especial 2015 (41,7 %), pero sí es superior al resultado de la Muestra Nacional 2016 que se ubicó en 25,4 %.

Entre 2015 y 2017 la confianza en la gran mayoría de las instituciones se redujo en mayor o menor medida. Esta reducción es significativa en la confianza en el Presidente (de 40,2 % a 31,7 %) y en las Fuerzas Armadas (de 47,1 % a 42,3 %). Sólo en el caso de las iglesias cristianas evangélicas se ve un aumento en la confianza ciudadana (de 41,9 % a 53,4 %).

Participación cívica

La participación en reuniones de organizaciones cívicas en la Colombia rural del posconflicto en general aumentó si se compara con la Muestra Especial 2015.

Algunos de esos incrementos significativos se dan en los Comités o Juntas de mejoras (de 42,0 % a 58,7 %); Juntas de Acción Comunal (de 54,6 % a 64,4 %); reuniones de organizaciones religiosas (de 50,9 % a 64,3 %) y en asociaciones u organizaciones de mujeres (de 23,2 % a 33,5 %). Esto podría evidenciar una mayor movilización y participación en estas organizaciones en esta fase de posconflicto.

Capacidad estatal y percepciones sobre el Estado

La satisfacción de los habitantes de estas regiones del país con los servicios públicos cae con respecto a la reportada en 2015. En cuanto a vías, carreteras y autopistas pasa de 38,9 % a 25,5 %; escuelas públicas, de 57,9 % a 45,3 %; servicios médicos y salud públicos, de 26,8 % a 30,0 % y acueducto y alcantarillado pasa de 38,1 % a 33,0 %. Para el Observatorio de la Democracia esto podría significar que en estas regiones empiezan a aumentar las expectativas, y con ello la mirada crítica de los ciudadanos en relación con la prestación de los servicios básicos ante la promesa de una mayor presencia estatal. Dado que los servicios probablemente no han cambiado significativamente, la ciudadanía empieza a expresar mayores niveles de insatisfacción con estos.

Sobre la percepción de inseguridad en estas regiones del país, 52,5 % de los entrevistados dice que se siente inseguro, un porcentaje muy superior al registrado en la Muestra Especial 2015 (39,4 %). Y aunque 53,4 % asegura que la Policía o los militares son quienes mantienen la seguridad en el lugar donde viven, 83,2 % asegura que la fuerza pública de vez en cuando hace presencia en su barrio o vereda, y 41,9 % sostiene que si la Policía hiciera presencia permanentemente la seguridad disminuiría (el 29,5% dice que permanecería igual). Esto se convierte en una señal de alerta para la entidad civil, quien debe garantizar una mayor presencia y una mejor labor, al tiempo que debe recuperar la confianza entre los ciudadanos de estas regiones.

La percepción de quienes dicen que son la Policía o los militares los que mantienen la seguridad en su región hoy aumentó al 53,4 %, mientras que los que consideran que es la guerrilla la que mantiene la seguridad disminuyó a 4,7 %.

En cuanto a la percepción de impunidad, 7 de cada 10 habitantes de la Colombia rural posconflicto confía poco o nada en que el sistema de justicia castigue a los culpables de delitos. Esta percepción es superior a la registrada en 2015 (56,2 %). Así mismo, 28,8 % aprueba la justicia por mano propia, porcentaje superior al que lo hacía en 2015 (19,3 %), pero muy inferior al promedio nacional de 2016 (40 %).

Con base en estos resultados y de acuerdo con Miguel García, codirector del Observatorio de la Democracia, la Colombia rural del posconflicto tiene cinco retos clave. El primero de ellos es que el Estado llegue a estas regiones. “El país del posconflicto es mayoritariamente rural y con bajos niveles de escolaridad. Es un país en donde la mitad de los hogares vive con menos del salario mínimo y en donde los niveles de victimización por el conflicto armado son muy altos”.

La llegada del Estado debe ser rápida. Ese es el segundo reto. De acuerdo con García, “las expectativas sobre lo que debe proveer el Estado están creciendo. Tradicionalmente, los residentes de estas zonas han esperado poco o nada del Estado dada la precariedad en la que han vivido y la poca capacidad de las instituciones públicas. Y ahora les estamos mandando un mensaje distinto: que va a llegar el Estado, la inversión y la infraestructura”.

El tercer reto es generar en estas regiones más certidumbre que zozobra, toda vez que el fin del conflicto ha generado mucha desconfianza y “se están alterando los códigos de funcionamiento, en tanto salió un actor que generaba certidumbre frente al orden social y en este momento estamos en una transición distinta en todas regiones del posconflicto. Ya vemos que en muchas de las zonas del posconflicto crece la sensación de inseguridad y de desconfianza ante algunas instituciones públicas como la Policía”, explica.

Otro de los efectos del posconflicto es un mayor nivel de manifestaciones sociales y de actividad cívica y en esa medida el cuarto reto está relacionado con canalizar esos intereses y demandas que la población de esas regiones expresa sin restricciones y así fortalecer los espacios institucionalmente establecidos.

Ese fortalecimiento institucional debe ir de la mano con evitar y combatir la corrupción. Ese es el quinto reto. De acuerdo con Miguel García, “ante la salida del actor que hacía justicia, ha aumentado la percepción de que es válido hacer justicia por mano propia y pagar sobornos. Son indicadores que han crecido y que comienzan a nivelarse con la media nacional. El Estado debe actuar rápido para no comprometer su legitimidad”.

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