El Galeón San José y la pérdida del juicio

Tesoro sumergido
En Diciembre de 2015 el presidente Juan Manuel Santos anunció el hallazgo del Galeón San José en las profundidades del mar Caribe: aquí un análisis de los problemas y repercusiones que rondan este tema.
14/06/2018
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Por: Manuel Salge Ferro PhD
Equipo de trabajo OPCA
Departamento de Antropología
Universidad de los Andes

 
“En todo caso, Fermina Daza sabía que el galeón estaba a una profundidad de doscientos metros, donde ningún ser humano podía alcanzarlo, y no a los veinte metros que decía Florentino Ariza. Pero estaba tan acostumbrada a sus excesos poéticos que celebró la aventura del galeón como uno de los mejor logrados. Sin embargo, cuando siguió recibiendo otras cartas con pormenores todavía más fantásticos, y escritos con tanta seriedad como sus promesas de amor, tuvo que confesarle a Hildebranda su temor de que el novio alucinado hubiera perdido el juicio”.
El amor en los tiempos del cólera, Gabriel García Márquez.


Desde la Base Naval de Cartagena el presidente Juan Manuel Santos anunció en diciembre de 2015 el hallazgo del Galeón San José en las profundidades del mar Caribe. Una embarcación del Imperio español cargada de riquezas que se fue a pique mientras se defendía del escuadrón inglés del comodoro Charles Wager en 1708. Quedó a la deriva a un puñado de marinos que luchaban contra el mar y expuesta la codicia de los ingleses por apropiarse de una carga fabulosa que se perdía en las profundidades y vacías las arcas del trono vacante de Carlos II, apodado “el hechizado”, último rey de los Habsburgo en España, que le valieron la guerra de Sucesión a los suyos, el final del siglo de oro español en las artes y su ocaso como potencia mundial. 

Del galeón solo quedaron narraciones y fantasías que se alimentaron de los registros oficiales de la carga que transportaba y de las sospechas sobre el contrabando que no fue declarado. La incertidumbre sobre su ubicación y la imposibilidad técnica de hallar y recuperar algo hundido en el mar hasta mediados del siglo XX, también han hecho historia. Pero años y años de refinar el saber experto de la arqueología en tierra y agua, de consolidar campos de estudio como el del patrimonio y de producir normas nacionales e internacionales sobre los objetos del pasado han cambiado las expectativas sobre el galeón.

Por esto, la noticia de su hallazgo ha causado un revuelo enorme. Pero lo que debería ser solo emoción y la perfecta excusa para entender un poco más las relaciones coloniales entre España y las colonias, las tensiones políticas de los reinos europeos, los circuitos comerciales del siglo XVIII y cómo vivían durante meses varias centenas de hombres y animales en altamar, se ha convertido en una pesadilla. Más allá de entender el proceso mediante el cual se formó el yacimiento arqueológico y el universo social que le da sentido a los objetos que lo conforman, la atención ha recaído sobre quiénes, cómo y por qué razón adelantarán la intervención.   

Y es que lo relativo al galeón quedó silenciado bajo el secreto de Estado. Como una forma de frenar reclamos por parte de empresas de cazadores de tesoros como la “Sea Search Armada”, que habían gozado de licencias de exploración en aguas colombianas en el pasado reciente y que han entrado en disputas legales en diferentes escenarios internacionales, y de países como España, cuya bandera ondeaba al momento del naufragio de la embarcación y a la que seguramente la mayor parte de los marinos muertos reconocían como su tierra. 

Es así como la publicación de la minuta y los anexos de la alianza público privada, el 23 de marzo de este año, sorprendió en la medida que puso en evidencia el mecanismo, el proponente y las condiciones de un proceso sobre el que todos tienen algo que opinar. Puesto que el gran telón sobre el cuál se ha montado la función es la polémica ley del patrimonio sumergido de 2013, que estableció que los bienes arqueológicos sumergidos no pertenecían de forma directa a la nación, es decir a todos los colombianos, ya que la condición de ser inalienables, inembargables e imprescriptibles para estos dependía, a diferencia de los encontrados en tierra, de la opinión del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.  

La nuez del problema está en que al relativizar la condición patrimonial de los bienes se abre la posibilidad de comercializar lo que quede por fuera de esta categoría. El Consejo, conformado en su mayoría por funcionarios del gobierno, cuyas carteras recibirían una porción de la venta de los bienes que no consideren como patrimonio, decide qué adquiere o no esta condición. La alianza público privada que está en proceso se vale de este principio para remunerar al proponente. Es decir que, “Maritime Archaeology Consultants Switzerland”, originadora de la alianza y a quien se le otorgó el permiso para localizar el pecio, hace una inversión de cerca de 70 millones de dólares para extraer los bienes, poner en funcionamiento un laboratorio mientras dure el proceso de análisis de las piezas y adecuar un museo en Cartagena, a cambio de recibir un porcentaje sobre la venta de los bienes que no sean considerados como patrimonio. 

Así las cosas, el mecanismo, una APP en la que el Estado comercializa bienes del pasado; el proponente, un grupo cuestionado desde diferentes frentes por malas prácticas sobre el patrimonio; y las condiciones, una ley de patrimonio sumergido polémica que lo vulnera antes de protegerlo; dan como resultado que la Unesco, la Procuraduría General de la Nación, universidades como la Nacional, la de Antioquia, y la del Norte, y en general las organizaciones de defensa de patrimonio y el gremio de la arqueología se movilicen. Y por nuestra parte, el Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico OPCA del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes además de dedicarle el último número de su boletín, convocó a una reunión de expertos y se ha manifestado en dos ocasiones frente a elementos puntuales del proceso, contribuyendo con este material a la discusión pública.        
  
Como Florentino Ariza, el Estado ha ido perdiendo el juicio. Sacrifica a sus funcionarios defendiendo la idea que el proyecto tiene un carácter científico y que se debe adjudicar antes de que termine el presente gobierno, y que una vez en puerto luego de la larga travesía, el país ganará más de lo que puso en riesgo. Y en el entretiempo circula imágenes de alta resolución del hallazgo para ganarse el favor de la prensa y convencer de sus buenas intenciones a la opinión pública. El problema es que el uso de tecnología no implica “per se” que haya un quehacer científico, que al insistir sobre la viabilidad del mecanismo pone en evidencia que no se invierte lo suficiente en investigación en el país, y que en el camino le ha dado la espalda a la comunidad académica nacional.   

Como las cartas de Florentino Ariza a medida que se iban llenando de fantasía, se iban tornando más y más serias, basta revisar la minuta de la APP para saber que es imposible dar una discusión científica frente al proyecto, en la medida que, éticamente hablando, una intervención arqueológica no puede estar motivada por la comercialización de sus piezas y tampoco es imaginable financiar una excavación mediante la venta de los bienes que se rescaten. Desmembrar el conjunto arqueológico es incompatible con la protección de los objetos y con el conocimiento que el pasado nos brinda y el futuro nos exige.

Pero si obviáramos la ética, e insistiéramos en dar una discusión científica sobre los términos incluidos en el apéndice técnico relativo a las especificaciones de la intervención de la APP, y obviáramos que el documento no presenta antecedentes sobre proyectos similares o sobre la historia del galeón, ni se incluyen referencias bibliográficas para dar peso a los argumentos expuestos, y obviáramos también que no existe un programa de publicaciones científicas relacionadas con el hallazgo, el problema que persiste es que no se describe la metodología y tampoco las técnicas que se utilizarán para la ejecución del proyecto, cómo se realizarán los informes de avance, ni las competencias y responsabilidades del comité de excavación. 

En detalle, si bien bajo el subtítulo de “métodos generales” se lista un conjunto de aspectos que se debe cumplir en términos de la documentación, el registro y la recuperación de los materiales, el delimitar los sitios, definir las unidades de excavación, describir las técnicas de recolección, establecer las unidades de análisis, indicar el número de unidades estratigráficas, proponer un método para el retiro de los sedimentos, seleccionar las técnicas y el tratamiento de los diversos materiales para el levantamiento de los vestigios, especificar las características técnicas de los sensores remotos que se utilizarán, no quedan especificados, dejándolo al juicio de una empresa que entiende el registro arqueológico como tesoro y no como una fuente de información que nos pertenece a todos.      

En arqueología, al tiempo que se recupera información se altera para siempre el sitio, no contar con una metodología sólida abre la puerta a la destrucción intencional de la memoria del país. En este escenario, la buena fe del Estado pasa por inocencia, al dejar la definición técnica y la metodología a emplear a una empresa que busca rentabilizar al máximo su inversión, no obstante, los objetivos y lo que se espera alcanzar indiquen con claridad que la intervención registrará el yacimiento y los objetos para responder a la formación del sitio, las particularidades de la carga y las condiciones del momento histórico. 

Si todo sigue igual, la alianza público privada será aceptada en los próximos días y no habrá vuelta atrás. Habremos perdido la oportunidad de contarle al futuro que entendíamos que el valor de los objetos va mucho más allá de lo económico.

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