Una crisis que desafía a la democracia

La emergencia sanitaria mundial por COVID-19 ha puesto a los gobiernos a tomar medidas extraordinarias que salven vidas, pero que al mismo tiempo pueden llegar a afectar las libertades individuales de los ciudadanos y el Estado de Derecho, ¿Cuáles son los riesgos de esas medidas y cuales sus posibles impactos?

La aparición del COVID-19 y su rápida expansión en todo el mundo hicieron que para marzo de 2020 más de la mitad de los países hubieran declarado aislamientos, cuarentenas, toques de queda, cierres de comercio, etc., con el objetivo de ralentizar el contagio de la enfermedad y salvar el mayor número de vidas posibles. La nueva normalidad se denominó. Y esa nueva normalidad es, por supuesto, una situación extraordinaria que requiere que los gobiernos tomen decisiones extraordinarias, que ponen sobre la mesa el equilibrio entre la protección de la vida y la protección a las libertades individuales y el Estado de Derecho.

Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, explica que la emergencia sanitaria va a tener una consecuencia directa de pérdida de vidas humanas en los sectores menos favorecidos, con menos acceso a los sistemas de salud. Otra más es la consecuencia económica: más desempleo y más pobreza. Y una tercera es la afectación del Estado de Derecho:

“Estamos haciendo todo lo posible para tratar de evitar la primera; el Estado puede adoptar medidas para tratar de evitar la segunda hasta donde sea posible. Pero los constitucionalistas no hemos sido lo suficientemente enfáticos para tratar de contener el efecto sobre el Estado de Derecho. Lo que ha pasado en América Latina y en Colombia es que no hemos sido contundentes a la hora de evitar que no haya un hiperpresidencialismo absolutamente desaforado que debilita otros órganos de gobierno, los controles, las garantías democráticas y que no afecte de manera desproporcionadas los derechos”.

Pero, qué otras consecuencias sobre el funcionamiento de la democracia puede traer la respuesta gubernamental a la pandemia. Miguel García Sánchez, codirector del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, llama la atención sobre cuatro. La primera es el debilitamiento del control político al Ejecutivo. La segunda es la aceptación, por parte de la ciudadanía, de las limitaciones a sus libertades civiles. La tercera es de tipo electoral, y la cuarta, un debilitamiento de las bases de legitimidad del sistema democrático.

El debilitamiento del control político al Ejecutivo: se le han entregado más poderes al presidente que pueden terminar en el mediano plazo en que se aumente la probabilidad de que tome medidas equivocadas y el Congreso sacrifique su función de control político.

Una menor fiscalización a las acciones del gobierno supone mayores riesgos de corrupción, dada la opacidad en la que se están tomando algunas decisiones de gobierno. “El New York Times reportaba cómo la corrupción se está volviendo recurrente en los países latinoamericanos en la medida en que los recursos destinados al manejo de la pandemia están pasando por intermediarios que hacen mal uso de ellos. Esto no es exclusivo de América Latina, pero en una región donde hay tradicionalmente problemas con la transparencia en el manejo de los recursos públicos esto puede ser aún más grave”, explica García Sánchez.

Para Catalina Botero está claro que los controles, por lo menos en Colombia, se han quedado cortos. “El Congreso violó la Constitución al dejar de cumplir sus obligaciones por esa discusión absurda sobre cómo podían deliberar. Pero cómo no va a deliberar un Congreso que debe hacer control político de las medidas de excepción. Esa ya es una afectación seria de la división de poder, y a la Corte Constitucional le está llegando todo; más o menos está haciendo el control de constitucionalidad de un decreto al día”.

El segundo riesgo se manifiesta en que los ciudadanos terminen aceptando como normal ciertas limitaciones a sus derechos. Por ejemplo, -explica García Sánchez- validando las limitaciones a la protesta social o el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades para proteger la salud. O excesos con la excusa de proteger la salud de los ciudadanos y en esa misma línea, comenzar a monitorear la actividad diaria de los ciudadanos de manera más intensa de lo que ya se hacía en algunos contextos”.

Miguel García Sánchez menciona una tercera consecuencia de tipo electoral: “Muchos de los gobiernos, políticos o partidos van a terminar siendo evaluados en las urnas en función de cómo enfrentaron la pandemia”. Para muchos gobernantes ese impacto puede que sea negativo. “Aunque en un primer momento la pandemia generó lo que en inglés se conoce como un efecto de ‘rally-around-the-flag’, es decir, en una situación de aumento de popularidad de los Ejecutivos producto de una situación en la que ciudadanía se junta en torno a un propósito común, un enemigo externo –derrotar la pandemia–, con la extensión en el tiempo de esta emergencia sanitaria, ese efecto disminuirá”.

En América Latina es muy difícil que los gobiernos salgan bien librados de esta situación, entre otras cosas, por la baja capacidad que tienen los Estados. Así las cosas, los países que tengan elecciones más cerca verán un impacto electoral del COVID-19.

El efecto sobre las ya frágiles bases de legitimidad de los gobiernos y los Estados democráticos es la cuarta consecuencia. En América Latina, y particularmente en Colombia, la ciudadanía tiene una baja confianza en las instituciones públicas, la cual ha venido decreciendo en los últimos años. Esta es una legitimidad frágil, que también ocurre en otros países fuera de la región.

“Por ejemplo –explica Catalina Botero– tener los datos de los ciudadanos es fundamental para poder hacer un control selectivo del virus, pero cómo le entregas los datos a un Estado que espía a las personas que dicen cosas que el gobierno no quiere oír. Cuál es la confianza institucional que el Estado ha generado; muy poquita. El monitoreo se puede implementar con una ley, con todas las garantías y con supervisión de la sociedad civil. Pero aquí hay una disputa de poderes y una renuncia al ejercicio de su función legislativa por parte de una mayoría del Congreso, por lo menos durante la primera parte de la crisis, que es muy preocupante y no hay confianza estatal en la mayoría de medidas que se están adoptando”.

En el caso de Colombia y de acuerdo con el Barómetro de las Américas 2018, ninguna institución supera el 54 % de confianza. Las Fuerzas Militares registran la más alta (53,4 %); las demás instituciones no llegan ni al 45 % –Presidente (44,2 %); Congreso (23,9 %); Alcaldía (34,1 %); Policía (42,3 %); Corte Constitucional (31 %)–. Una marcada caída en la confianza de las instituciones en los últimos años.

“Más allá de señalamientos particulares al sistema de salud, va haber un señalamiento a las instituciones estatales dada su baja capacidad para responder. Y en contextos de altísima informalidad económica el impacto de la pandemia sobre el aumento de la pobreza será muy fuerte. Eso generará una tremenda desconfianza en las instituciones públicas que, para muchos ciudadanos, no fueron capaces de responder”, agrega García Sánchez.

Lo paradójico es que muchos de los impactos de la pandemia están asociados a la disciplina social, pero la ciudadanía probablemente va a transferir la responsabilidad a los gobernantes y a las instituciones públicas. Y esa crisis de confianza será mayor en países que han dado unas respuestas mucho peores a la crisis por los errores de los gobiernos –México y Brasil–.

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La Universidad de los Andes desarrolla este artículo respondiendo a la coyuntura por la pandemia de COVID-19. Tenga en cuenta la fecha de publicación para entender el contexto de su contenido. No olvide consultar los análisis mas recientes sobre COVID-19 en nuestro especial.