Las etnias y la pandemia en Colombia

Indigenas Tikuna en Leticia Colombia Eduardo Behrentz
19/08/2020
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El abandono estatal en comunidades negras e indígenas los pone en especial riesgo durante la pandemia. Un estudio realizado por economistas de Los Andes reveló que en promedio las UCI están situadas a 198,53 km para poblados indígenas y a 81,49 km para poblados de comunidades negra.

Políticas diferenciales para los pueblos étnicos en Colombia relacionadas con el manejo de la pandemia son una necesidad urgente.

Así como también lo son: hospitales con servicio regional en las capitales departamentales, sistemas eficientes de ambulancias fluviales y aéreas para transportar pacientes graves en zonas rurales, la implementación de protocolos que contemplen la articulación entre las comunidades y actores gubernamentales, la difusión de información sobre el virus y la identificación de insumos para el aislamiento preventivo comunitario.

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Colombia tenía a finales de mayo 6.364 camas de cuidados intensivos (UCI) equipadas con respiradores artificiales, repartidas en aproximadamente 80 ciudades. Este no es el único servicio de salud fundamental en épocas de COVID-19. Sin embargo, se ha demostrado que estas camas son fundamentales para tratar a los pacientes con afecciones respiratorias agudas, gracias a que sus ventiladores mecánicos actúan como bomba de presión para inhalar oxígeno y, según su gama, pueden llegar incluso a suplantar las funciones de un pulmón.

Las UCI, no obstante, se encuentran más alejadas para las comunidades indígenas y negras que para el resto del país. 
 
En términos de kilómetros de las líneas directas, en promedio las UCI están a 198,53 km para poblados indígenas y a 81,49 km para poblados de comunidades negras. Sin embargo, la ausencia de medios de transporte rápido y asequibles para llegar, hace que el acceso a los servicios de cuidado intensivo sea una tarea que en muchas ocasiones se torna virtualmente imposible. Sin carreteras y medios de transporte fluviales rápidos entre el interior y buena parte de los resguardos y consejos comunitarios, la distancia real es mucho más grande.
 
Un ejemplo que ilustra los retos logísticos para una asistencia médica:
 
A finales de julio, se habían detectado 24 casos de COVID-19 en la zona de Yavaraté, en la pequeña nariz del Vaupés que se adentra en territorio brasileño. Desde allí, llegó la nueva cepa de coronavirus en lanchas por el río Negro.
 
Actualmente, por fortuna, ninguno de los indígenas pertenecientes a los pueblos -Siriano, Tuyuca, Desana y Tukano- ha desarrollado síntomas graves. En el caso de aparecer un paciente crítico, el hospital más cercano con 12 camas está en Mitú, a una distancia de 45 minutos en avioneta y con un valor de un millón de pesos por pasaje. No obstante, si esa persona requiriera cuidados intensivos, tendría que volar hacia Bogotá, donde se suelen atender los casos más difíciles.
 
Aunque no es exacto, y todo depende de qué tan copados están en el momento esos servicios en cada ciudad, la mayor parte de casos graves en la Amazonia y la Orinoquía solo podrían ser atendidos en Bogotá, lo que implicaría un viaje en avión.
 
Para los 75 consejos comunitarios repartidos a lo largo de la costa de Nariño, que no cuentan con atención más allá de la más básica disponible en sus puestos de salud, la única opción para que atiendan a un paciente con complicaciones es llevarlo a Pasto, la capital de ese departamento en el suroccidente colombiano.
 
Aunque el Gobierno nacional entregó nueve ventiladores mecánicos al Hospital San Andrés de Tumaco, que es mucho más cerca para los consejos, un mes y medio después de la entrega (10 de julio) estos aún no estaban en funcionamiento según el gobernador Jhon Rojas.
 
Por otro lado, a julio no había ninguna UCI en cinco zonas amazónicas colombianas (Amazonas, Vaupés, Vichada, Guainía y Guaviare), a pesar de que el primero de estos tuvo mayores tasas de contagio y de letalidad por COVID-19, por cada 100 mil habitantes en Colombia. Al 27 de julio el Gobierno había entregado ya 9 ventiladores a Amazonas y otros 5 a Guaviare, para que pudieran recibir pacientes graves. Sin embargo, esto no representa cambios significativos, ni mucho menos suficientes para atender la crisis generada por la pandemia.
 
Si el COVID-19 es una amenaza a la salud pública en cualquier contexto, es aún más grave en departamentos como los de la Amazonia y el Pacífico, que tienen rezagos históricos en el sistema de salud y en las condiciones de vida de sus habitantes.
 
Es claro que las políticas diferenciales para los pueblos étnicos en Colombia para el manejo de la pandemia son una necesidad urgente.

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Autores:
Andrés Bermúdez Liévano, Julián David Gómez, Camilo Erasso y María Alejandra Vélez.
Nota Macroeconómica No.24 Facultad de Economía - Universidad de los Andes.

También le puede interesar: El patrón socioeconómico del COVID-19 en Bogotá.

La Universidad de los Andes desarrolla este artículo respondiendo a la coyuntura por la pandemia de COVID-19. Tenga en cuenta la fecha de publicación para entender el contexto de su contenido. No olvide consultar los análisis mas recientes sobre COVID-19 en nuestro especial. 

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