Hambre y desnutrición: ¿Qué proponen los candidatos?

Por Gonzalo Vargas
Profesor del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo- Cider
govargas@uniandes.edu.co

La crisis de seguridad alimentaria durante la pandemia y la inclusión de Colombia en la lista de países en riesgo de hambruna por parte de la FAO ayudaron a poner el problema del hambre y la desnutrición en la agenda de las campañas presidenciales. Se trata de un problema que es crónico pero urgente y demanda una acción multisectorial. A continuación, sintetizo los programas de cuatro campañas presidenciales, destaco sus particularidades y planteo algunas preguntas sobre cada una. El análisis se basa exclusivamente en los documentos publicados por las campañas. Ninguno de los programas hace un costeo de las propuestas en este frente, por lo que me abstengo de evaluar su viabilidad fiscal.

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Sergio Fajardo

Este programa incluye el “programa nacional de seguridad alimentaria: hacia la garantía progresiva del derecho a la alimentación”, que propone acciones en tres frentes: ingresos, producción y prevención de la desnutrición. Más específicamente, Fajardo propone aumentar el monto de los giros de programas de transferencias (como Jóvenes en Acción y Colombia Mayor) en función del aumento de los precios de los alimentos, crear 1,5 millones de empleos, prevenir la desnutrición crónica mediante reformas al PAE, fortalecer las acciones de prevención de la desnutrición en el sistema de salud y el ICBF y un paquete de inversiones en el campo para aumentar la oferta de alimentos y mejorar su distribución.

En síntesis, este programa integra el acceso a los alimentos, la producción local de los mismos y la prevención de la desnutrición. De las propuestas que encontré en los cuatro programas, la de aumentar el monto de las transferencias monetarias actualmente existentes es la que podría implementarse de manera más ágil y producir resultados más pronto. Sin embargo, es necesario evaluar si el aumento que propone Fajardo realmente alcanzaría para suplir las necesidades de alimentación de las familias o simplemente serviría para mantener el poder adquisitivo de las transferencias.

Federico Gutiérrez

Se compromete a reducir en 30% la mortalidad infantil por desnutrición, promover la lactancia materna, fortalecer la asistencia técnica agropecuaria y aumentar las ventas directas de los pequeños y medianos productores rurales a la industria y los mercados finales. Sin embargo, su programa bandera se denomina Colombia sin hambre y busca “garantizar las tres comidas diarias a las familias más pobres con una estrategia de alianzas público-privadas que nos permitirá aprovechar los 10 millones de toneladas de alimentos que perdemos anualmente”.

En efecto, según estimaciones oficiales, en Colombia se pierden o desperdician cerca de 10 millones de toneladas de comida al año “con las que se podría alimentar a más de 8 millones de personas” (DNP, 2016, p. 31). Ya que el 40% de ese volumen se pierde en las fincas (por ejemplo: por factores climáticos, daños mecánicos, muerte de los animales durante la cría o reducción en la producción de leche debido a enfermedades de la vaca), serían necesarias grandes inversiones en las fincas, cuya viabilidad técnica y económica sería necesario evaluar.

Otro 20% se pierde en el proceso de pos-cosecha y almacenamiento (por ejemplo, en el transporte de alimentos desde la finca hasta la central de abastos o de las reses en el transporte al matadero) lo que implica, entre otras cosas, grandes inversiones en la cadena de frío. No es muy claro a quién le correspondería hacer las inversiones para reducir estas pérdidas, cuál sería su efecto en el precio de los alimentos, cuánto tiempo tomaría lograr resultados tangibles, ni de qué manera accederían a esos alimentos los hogares que padecen hambre.

En síntesis, aunque nadie pone en duda la necesidad de reducir la pérdida y desperdicio de alimentos, no es del todo evidente que este sea un camino que permita reducir ostensiblemente la inseguridad alimentaria en el corto plazo.

Rodolfo Hernández

Este programa es uno de los que más menciona el hambre y la alimentación, pero, paradójicamente, es el que menos propuestas específicas hace para reducir la inseguridad alimentaria. El candidato propone promover los sistemas agroalimentarios tradicionales y las formas de producción y consumo de alimentos más sostenibles y saludables y mejorar la información sobre seguridad alimentaria.

Según Hernández, la importación de alimentos excluye del consumo masivo a los alimentos locales, que causan menor huella ambiental por ser cosechados y comercializados cerca a centros de consumo, por lo que propone “prohibir las importaciones de productos que el campo colombiano produzca, hasta tanto no se haya asegurado su venta y se haya surtido el mercado local” y “revisar el cumplimiento de las condiciones de los TLC, en términos de no permitir la importación de productos cuando haya oferta interna suficiente en renglones específicos".

Al mismo tiempo, Hernández considera que una gran parte de la frontera agrícola está subutilizada y ve aquí una oportunidad para mejorar la balanza comercial del país promoviendo los productos agropecuarios con gran potencial de exportación y aumentando las plantaciones forestales, palma de aceite y cebolla cabezona.

Gustavo Petro

Este programa, es uno de los más detallados en cuanto a propuestas para reducir el hambre y la desnutrición y comparte varias propuestas con otras campañas (protección arancelaria a productores nacionales de alimentos, acercar a productores y consumidores de alimentos, acabar la corrupción en el PAE- Programa de Alimentación Escolar).

El programa de Petro también prevé instaurar el etiquetado frontal de advertencia en la comida chatarra y eliminar por completo la mortalidad infantil por desnutrición. Sin embargo, hay dos rasgos que lo separan de los otros tres programas: en primer lugar, adopta abiertamente el enfoque de soberanía alimentaria, que ha sido promovido por organizaciones campesinas latinoamericanas y que enfatiza el derecho de los pueblos a producir alimentos usando sistemas agroecológicos autóctonos y a consumir los alimentos propios de cada cultura. En contraste, el enfoque de seguridad alimentaria, que adoptan los otros tres candidatos, prioriza la disponibilidad de y el acceso a alimentos sanos y nutritivos para toda la población, sin prestar mucha atención al origen y la forma de producción de esos alimentos.

En segundo lugar, Petro propone la entrega directa de mercados, alimentos o bonos a comunidades y hogares dependiendo de sus condiciones socioeconómicas o como incentivo por la participación de las familias, los jóvenes y las mujeres en capacitación, cultura, deporte, recreación, cuidado de la primera infancia, de adultos mayores y otras personas con requerimientos especiales, cuidado de la naturaleza, labores comunitarias en infraestructura vial y social y turismo comunitario. Para adquirir los alimentos, incluidos en este plan de choque, Petro propone un plan masivo de compras públicas a pequeños y medianos productores.

La propuesta de Petro de incentivar la producción local de alimentos y las prácticas agroecológicas es acertada en el contexto de nuestra crisis ambiental y, especialmente, en una coyuntura en que las cadenas globales de suministro han revelado su vulnerabilidad (por ejemplo, debido a la pandemia, al bloqueo del Canal de Suez y al impacto del conflicto en Ucrania sobre la oferta de trigo, entre otros factores). Sin embargo, el programa de entrega de alimentos suscita bastantes preguntas sobre la focalización (quiénes se beneficiarán), la duración de la asistencia alimentaria, su complementariedad con otras transferencias que existen en la actualidad y su relación con el ingreso mínimo básico para mujeres cabeza de familia y el empleo estatal de última instancia que propone el candidato.

La complejidad legal y logística de este programa también hace dudar que sea una alternativa viable para reducir la inseguridad alimentaria en el corto plazo.

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En síntesis, los programas revelan diferentes aproximaciones al problema: en unos, las políticas agrícolas y alimentarias son casi independientes, mientras que en en otros son inseparables. En los cuatro hay propuestas interesantes, pero también otras cuyo impacto y viabilidad son dudosos.

Todas plantean enormes desafíos fiscales y operativos y su implementación dependerá del lugar que ocupe el tema en la agenda gubernamental del próximo cuatrienio.