Aunque el sector minero energético en Colombia es un actor decisivo para la economía colombiana: aporta el 7 % del PIB nacional, representa el 34 % de la inversión extranjera directa y el 56 % de las exportaciones, está claro que afronta conflictos ambientales y territoriales complejos.
Un estudio reciente de la Universidad del Rosario evidencia, por ejemplo, que en Colombia la minería legal es un motor significativo de la deforestación, pues entre 2001 y 2018 se destruyeron 121.819 hectáreas por esta causa.
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Los procesos extractivos afectan en especial a territorios rurales donde habitan comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Los planes de vida de estos habitantes suelen ser reemplazados por proyectos de las empresas y sus intereses económicos.
Los retos son grandes para la próxima persona que ocupe la presidencia, pues tendrá que tomar decisiones que protejan a las comunidades y los recursos naturales. Por eso el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), de la Universidad Nacional, y el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider), de la Universidad de los Andes desarrollarán el evento Debate ambiental: política minero energética y crisis ambiental en Colombia.
El encuentro, que cuenta con el apoyo del Movimiento Nacional Ambiental, la Alianza Colombia Libre de Fracking y la Federación de Medios de Comunicación de Colombia.
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