Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, ha sido nombrada miembro de la nueva Junta de Supervisión Independiente de Facebook e Instagram, encargado de revisar decisiones sobre contenido de estas dos redes sociales, con el compromiso de defender la libertad de expresión en el marco de la protección de los Derechos Humanos.

“La Junta abordará debates cada vez más complejos y polémicos sobre qué tipos de contenido deben permitirse o eliminarse en Facebook e Instagram y quién debería decidir. La Junta dará prioridad a los casos que potencialmente afecten a muchos usuarios, sean de importancia crítica para el discurso público o planteen preguntas sobre las políticas de Facebook”, señala el comunicado oficial que, entre otros aspectos, afirma que las decisiones allí tomadas serán entendidas como de última instancia y vinculantes, por lo cual deben ser adoptadas por Facebook, mientras no existan violaciones a la ley.

Si bien, no es posible que conozcan todos los casos, sí podrán analizar los más urgentes y emblemáticos: “Los más urgentes para tratar de evitar daños en Derechos Humanos y los más emblemáticos porque son los que nos van a permitir crear precedentes para la toma de decisiones en casos similares o, por ejemplo, pedir a Facebook que reforme sus políticas u ofrecer criterios a los reguladores nacionales e internacionales para la adopción de decisiones adecuadas a la hora de moderar contenidos en Internet”, explica Catalina Botero.

El organismo internacional estará integrado, inicialmente, por 20 personas de diferentes países del mundo, con diferentes puntos de vista y variados antecedentes profesionales, culturales, políticos y religiosos; y no formará parte de Facebook, por lo cual sus miembros no serán empleados de esta organización. Su financiamiento dependerá de un fideicomiso de 130 millones de dólares, completamente separado del gigante de Silicon Valley, y sus decisiones serán difundidas públicamente en su sitio web https://www.oversightboard.com/

“Es fundamental crear un conjunto de reglas claras de moderación de contenidos en Internet que tome muy en serio el derecho internacional de los Derechos Humanos y, especialmente, los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, aseguró la decana.

Para ella, no es conveniente que las plataformas sean las encargadas de decidir si una información, que puede ser de interés público, debe permanecer o ser expulsada de la esfera digital, pero tampoco se le debe entregar esa función a los gobiernos, “porque eso equivale a entregarles la llave de la censura digital, la cual hace mucho daño a la deliberación y a la democracia”.

Botero, quien también se ha desempeñado como relatora especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y como conjuez de la Corte Constitucional de Colombia, asume este reto inédito con entusiasmo y compromiso.

“Nosotros lo que buscamos, finalmente, es tratar de que Internet se mantenga como la conocemos hoy, que no destruyan su arquitectura y que existan reglas de moderación de contenidos para proteger los Derechos Humanos y no se menoscabe el potencial democratizador de las redes sociales”, concluyó.