![Ordenar y medir la tierra, clave para una paz duradera Ordenamiento y formalización de tierras](https://uniandes.edu.co/sites/default/files/formalizacion-tierras-n.jpg)
Acceso, formalización y administración de tierras son los principales ejes sobre los cuales se orientan las políticas públicas para reducir la pobreza rural y reactivar el campo.
Se calcula que cerca del 58 % de los hogares rurales no tienen tierras o estas son insuficientes. Las políticas públicas en desarrollo actualmente en Colombia apuntan a mejorar el acceso para los campesinos y habitantes rurales que carecen de ella. En ese sentido se elaboró el Decreto Ley 902 de 2017*, el cual introduce tres mecanismos principales para lograr ese cometido:
Ana María Ibáñez, quien hizo parte de la mesa de expertos académicos sobre el ‘Proyecto de ley para el ordenamiento social de la propiedad rural’, conformada por las universidades de Los Andes, Eafit y Externado, señala que la ventaja del procedimiento único es, precisamente, que unifica, simplifica y reduce los costos y tiempos de formalización, tanto para el Estado como para los propietarios.
La apuesta de ordenamiento social de la propiedad representa un cambio de perspectiva tanto institucional como sustancial. Busca justamente llegar al territorio como un todo y hacer un barrido de predios a través de la Agencia Nacional de Tierras que posibilite identificar los derechos de propiedad, los terrenos disponibles que tiene el Estado y los sujetos de ordenamiento que necesitan las tierras de acuerdo con criterios de progresividad, añade Velázquez, abogado, Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de California.
La administración de tierras
Si el acceso y formalización de tierras afecta fundamentalmente a los hogares, el problema de administrarlas impacta la capacidad del Estado como un todo. A través de su gestión, se logra el cobro de impuestos, la distribución de ayudas públicas a campesinos, la protección jurídica de la propiedad, la asignación de viviendas sociales, la elaboración de cartografía para planificación ambiental y el trazado de vías, entre otros. El inconveniente es que la información requerida para este fin no está actualizada. “Lo que el Estado no mide, no es visible para la política pública. No habíamos tenido censo agropecuario por cuarenta años y no tenemos catastro actualizado; ambos son vitales para que el Estado abra los ojos al campo”, indica Mauricio Velásquez.
La medida para mejorar este panorama viene en camino. Se trata del proyecto Catastro Multipropósito, establecido en el documento Conpes 3859 que ya está aprobado.
El Catastro Multipropósito es la herramienta que permitirá que la administración, gestión y gobernanza de las tierras rurales parta desde la disposición y conocimiento real de la situación de los predios y de sus tenedores, ocupantes, poseedores y pro-pietarios. Con esta iniciativa, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el DNP, responsables del proyecto, buscan acabar con la desactualización catastral y las carencias y limitaciones fiscales al crear un sistema de información actualizado y completo, y garantizar la interrelación entre el catastro y el registro de instrumentos públicos para evitar la duplicación inútil de información y trámites.
Otro de los objetivos del Catastro Multipropósito es garantizar la seguridad jurídica de la propiedad (restitución, formali-zación y titulación). Para el profesor Mauricio Velásquez, este es otro reto central de política pública, ya que en diferentes regiones del país existen mecanismos informales de asignación de predios, tales como certificaciones expedidas por Juntas de Acción Comunal. “Será labor del Estado incorporar estos mecanismos dentro del sistema legal para brindar derechos de propiedad confiables, como lo hizo, por ejemplo, Estados Unidos, en donde los catastros fiscales fueron incorporados al catastro nacional previo análisis detallado de esos procesos de ocupación”, advierte el experto. Al mismo tiempo, señala que este tipo de problemas son bastante comunes en el resto del mundo
Combatir la pobreza, un fin común
Las distintas iniciativas del Estado buscan reducir la pobreza rural. El Censo Nacional Agropecuario de 2014 reveló que el índice de pobreza extrema multidimensional en el campo es de 45,7 %, el doble del registro nacional y casi tres veces el urbano, que se ubica en el 15,4 %.
Dada la crítica situación que afronta el campo colombiano, este se constituye en el primer punto del Acuerdo Final de Paz. Por esta razón, el documento plantea necesidades como la formalización de la propiedad, un fondo de tierras que garantice el acceso a ellas, la jurisdicción agraria, la restitución de tierras y el catastro rural, así como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que buscan reconstruir y transformar las regiones afectadas por el conflicto.
*Al cierre de esta edición el Decreto Ley 902 de 2017 se encontraba en tránsito constitucional.
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