"Asesinatos de líderes y lideresas en Colombia ponen en cuestión una democracia"

Detrás del video que conmocionó al país en el que aparecía el hijo de la lideresa María del Pilar Hurtado, asesinada en Puerto Tejada, Cauca, en junio de este año, está la historia de una reclamante de tierras de una región que ha estado históricamente dominada por el paramilitarismo. Una realidad que ha cobrado la vida de más de 170 líderes y lideresas sociales en el país solo durante 2018, según la Defensoría del Pueblo.

Alhena Caicedo, profesora de antropología de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de los Andes, explicó que el incremento de asesinatos, amenazas y persecución a líderes sociales solo demuestra la reducción de las formas de participación de las personas en Colombia y un incremento de la violencia política.

De acuerdo con la investigadora, diversas organizaciones y ONG han podido encontrar patrones similares en las víctimas y estos permitirían afirmar que sí existe una sistematicidad: son en su mayoría personas que quieren participar en política, que pertenecen a Juntas de Acción Comunal o que han estado dispuestas a transformar su producción de cultivos ilícitos y han encontrado resistencia por parte de actores armados. En esta lista entran también los reclamantes de tierras, defensores de temas ambientales y personas pertenecientes a poblaciones étnicas.

“Estamos hablando de un país donde la democracia está en cuestión, donde uno esperaría que un proceso de paz permitiera una ampliación de la democracia y donde se repite una tendencia histórica a solucionar conflictos a través de la violencia, que recae directamente sobre poblaciones vulnerables: rurales, campesinas, étnicas”, agregó Caicedo.

Por esto como país hay un gran reto relacionado con qué tanta voluntad política existe por parte de las instituciones públicas para atacar este problema de fondo. Y aunque se han creado cuerpos de Policía y la Fiscalía ha tenido iniciativas, aún no hay resultados claros. El camino, siguiendo a Caicedo, debe estar enfocado en encontrar los victimarios, las formas de victimización y en conocer cuáles son los intereses que están en juego.

En Colombia hay una reactivación de grupos paramilitares, incidencia de grupos armados del ELN, disidencias de las Farc, Clan del golfo, pero también hay un 70 por ciento de casos en los que no han sido identificados los responsables, confirmó la profesora.

Escuchar a las organizaciones sociales, a las iniciativas locales y crear canales de comunicación por parte del Gobierno, resulta vital para empezar a reducir la cifra de líderes que pierden la vida. Además de dejar ver la situación solo como “un lío de faldas” o con la estigmatización de la que han sido víctimas líderes y lideresas, quienes son calificados de guerrilleros o afines al terrorismo.

La persecución y los asesinatos también podrían tener una lectura relacionada con el fracaso o la poca voluntad política para la implementación de los acuerdos de paz. “Son temas que hacen parte de esa suerte de anestesia, producto del conflicto armado del que estamos enfermos todos y que es necesario poner sobre la mesa. Hace falta efectividad institucional, pero también es un panorama que refleja el escepticismo con el que se vive esta realidad en la opinión pública”, puntualizó Caicedo.