Nacionalismo y escasez de vacunas ponen en riesgo a los migrantes del mundo

La asignación y distribución de vacunas contra la COVID-19 no ha sido equitativa ni inclusiva en el mundo: más de tres cuartas partes de los 128 millones de vacunas dispensadas al 10 de febrero de 2021 han sido administradas en 10 países que representan el 60 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. De ahí que los países más pobres, según las proyecciones, no podrán vacunar masivamente a su población hasta 2023.

Frente a estos problemas de abastecimiento y acceso desigual, los grupos marginados como refugiados, desplazados internos y migrantes enfrentan una carga extra en el acceso, según el artículo “Que nadie se quede atrás: garantizando el acceso a las vacunas contra la COVID-19 para las poblaciones refugiadas y desplazadas”, de Columbia University, Brandeis University, University of Beirut, Georgetown University y la Universidad de los Andes.

Los académicos aseguran que en contraposición al discurso politizado y nacionalista que ha caracterizado la respuesta a la pandemia en el mundo, es necesario adoptar un enfoque de acceso a las vacunas que no lo determine la riqueza, nacionalidad o estatus legal. Y es que bajo ningún punto de vista el estatus legal debe determinar el acceso a las vacunas. “Si queremos una nueva normalidad debemos apostarle a una cobertura amplia”, afirma Arturo Harker, doctor en Economía y profesor de la Escuela de Gobierno de Los Andes.

Hacer distinciones entre poblaciones no es útil, agrega Diego Lucumí, Ph. D. en Comportamientos en salud y educación para la salud y profesor de la Escuela de Gobierno, porque al incluir el acceso para estos grupos también se está resolviendo el asunto en general. “Ignorar esta problemática no contribuye en el ámbito epidemiológico ni económico y podría, por el contrario, desatar un drama humano”, agrega.

Las barreras de acceso para población migrante, refugiada y desplazada son aún más grandes si se tiene en cuenta que el 80 % de ellos son acogidos por países de ingresos medios y bajos, que están en la cola de distribución de las dosis. Por eso se requieren acuerdos globales de alto nivel que permitan hacer masiva la disponibilidad de vacunas, explica el artículo.

A principio de este año, 54 países incluyeron a estas poblaciones en sus procesos de vacunación: en el Líbano, que acoge a más de 1'7 millones de refugiados sirios y palestinos, el gobierno se comprometió al acceso equitativo, sin embargo voces del partido del presidente han promovido tendencias xenófobas en redes sociales.

En Colombia, los investigadores de Los Andes ven como un avance optimista el anuncio de regularización para el casi millón de migrantes venezolanos, lo que les permitirá acceder al sistema de salud. No obstante, “Imponer la regularización como vía para la vacunación retrasará de forma inaceptable los efectos protectores para migrantes, refugiados y grupos de mayor riesgo”, complementan.

Los expertos sugieren seguir de cerca experiencias anteriores como la gestión de enfermedades como el VIH y la tuberculosis entre poblaciones móviles. Destacan, por ejemplo, el programa mundial de erradicación de la polio que está al borde de la erradicación. Las lecciones coinciden en fortalecer actividades de vacunación en cruces fronterizos, centros de tránsito, entre otros, además de la integración de actividades humanitarias como la distribución de alimentos y medicamentos.

“Se generan oportunidades más allá de la vacunación, porque se puede desarrollar una mejor capacidad de respuesta para la crisis en el futuro. También se puede fortalecer atención a migrantes en educación, salud y otros aspectos”, puntualiza Lucumí.

Garantizar el acceso a las vacunas de estas poblaciones no es solo un imperativo moral, sino que resulta vital para el bienestar colectivo. Negar que hagan parte de estos procesos podría, incluso, considerarse como una violación flagrante a los derechos humanos.