La participación de terceros puede acelerar el plan de vacunación

“Dejen que los privados también consigan las vacunas. Ese desafío no debería asumirlo solamente el Estado”, propone Eduardo Behrentz, vicerrector Administrativo y Financiero de Los Andes, quien hace un llamado al Gobierno para que permita la participación del sector privado en el plan de vacunación contra el COVID-19.

El plan presentado por el Ministerio de Salud, que busca inmunizar a 35 millones de personas en 2021, establece que el Gobierno Nacional es el único habilitado para la adquisición de las vacunas. Sin embargo, no ha avanzado como se esperaba.

Para febrero se tenía como meta la consecución de 1’113.240 dosis, un número muy lejano del real: para el 28 de ese mes solo habían llegado 292.000 vacunas, de las cuales se aplicaron menos de la mitad.

Por esta razón, Behrentz propone habilitar la participación de terceros, alcaldías y gobernaciones, las cuales, en un trabajo artículado con el Gobierno central, pueden ayudar a incrementar estas cifras.

“El desafío es múltiple. No solamente es conseguir las vacunas, es traerlas al país, almacenarlas, transportarlas a los lugares en donde van a ser administradas y toda la logística que esto conlleva. El Gobierno debería dejarse ayudar en este proceso”, asegura.

Según su planteamiento, las primeras etapas del plan seguirían igual: el Gobierno se encarga de la vacunación de la población prioritaria y más vulnerable, una práctica que calificó de acertada por razones de equidad y acceso. Sin embargo, para las etapas posteriores, propone crear un marco regulatorio claro, en donde no se permita el lucro con las vacunas, pero sí la participación de las EPS, empresas de salud prepagada, alcaldías, gobernaciones y otros actores privados, para que el Estado se enfoque en los más prioritarios.

Además, recuerda que esto ya ocurre con el plan de inmunización. El acceso al esquema de vacunación es gratuito, pero es común que afiliados al régimen contributivo, por distintas razones, decidan pagar por sus inmunizaciones.

Si se permite a las EPS y entidades de medicina prepagada vacunar a sus beneficiaros, por ejemplo, ahorrarían en gastos en atención y hospitalización de casos severos de COVID-19. “Resulta mejor invertir en dosis de 50.000 pesos que cubrir los multimillonarios costos que estos casos producen ”, puntualiza.

Por estas razones, el reto estaría en buscar la mejor forma para armonizar, sin restricciones, la participación de los diferentes actores del sistema de salud para conseguir más vacunas en menos tiempo, pero sin que los cupos obtenidos por los privados compitan con los del Gobierno, teniendo en cuenta el desabastecimiento mundial.

“Esta historia de desabastecimiento ya la conocemos. Hace un año teníamos a unos países comprando todas las pruebas diagnósticas, cuando muy pocos las estaban produciendo. Con las vacunas me imagino algo muy parecido. Creo que en el corto plazo se va a resolver. No solamente saldrán nuevas vacunas, sino que se producirán en distintas partes del mundo”, asevera.
 

La academia también puede ayudar

Por otro lado, el vicerrector adelantó las intenciones que tiene la Universidad de los Andes en aportar a la búsqueda de la inmunidad de grupo en un menor tiempo: “Tan pronto nos dejen, queremos salir a conseguir vacunas para suministrarlas a la población más vulnerable, de forma gratuita y armónica con el plan del Gobierno”.

Esta nueva campaña seguiría el esquema exitoso de Covida, el proyecto liderado por Los Andes, con el cual se consiguieron más de 100.000 pruebas diagnósticas para la detección del coronavirus (sin costo), gracias a las donaciones de terceros y a diferentes alianzas entre la academia y el sector privado. 

“En esta oportunidad también estaríamos en capacidad de conseguir y aplicar las vacunas de manera gratuita”, concluye.

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