Faltan lineamientos nacionales para repartir camas UCI en emergencias

Paiis y el Instituto O'Neill piden lineamientos sin principios discriminatorios contra personas mayores, con discapacidad o con condiciones de salud en el ejercicio de triajes éticos durante la pandemia por COVID-19.

En épocas de crisis en el sistema de salud, como el experimentado a mediados de 2021 por la gran demanda de pacientes covid para ingresar a los servicios de urgencias, la falta de lineamientos nacionales para la implementación del triaje ético puede desembocar en la implementación de medidas discriminatorias basadas en prejuicios, de acuerdo con una tutela interpuesta por 26 ciudadanos, acompañada por la Clínica Jurídica Paiis de Los Andes y el Instituto O’Neill de la Universidad de Gergetown (EE. UU.).

“Lo que se busca es que el Ministerio de Salud emita unos lineamientos sin criterios discriminatorios, que sean iguales para todas las entidades prestadoras de servicios de salud, de tal forma que prime la condición clínica de la persona cuando llega a urgencias, teniendo en cuenta la posibilidad de que el tratamiento funcione”, explica Juliana Bustamante, directora de Paiis y profesora de la Facultad de Derecho.

Además, solicitan directivas claras que establezcan recurrir al triaje ético solo si se han agotado las posibilidades de remisión de los pacientes a otros lugares con disponibilidad para tratarlos.

Según los demandantes, ese vacío ha permitido que en los protocolos de comités de bioética de distintas instituciones sean incluidos criterios discriminatorios contra personas con discapacidad, adultos mayores y con base en el estado previo de salud, sin que este tenga que ver necesariamente con el COVID-19.

“Este es el caso, por ejemplo, del protocolo del Comité de Bioética de la Alcaldía de Medellín y de la Clínica Foscal Internacional de Bucaramanga que llevan a que se consideren la edad, la discapacidad y/o la existencia de ciertas enfermedades en abstracto como criterios de posible desempate para negar el acceso a una UCI o elegir a una persona sobre otra en la priorización cuando las perspectivas de supervivencia a corto plazo sean equiparables”, exponen Silvia Serrano, directora asociada de la Iniciativa Familias Saludables del Instituto O’Neill para el Derecho y la Salud Nacional y Global de la Universidad de Gerogetown; y Juliana Bustamante, directora de la clínica jurídica Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de Los Andes, en un comunicado de prensa.

En el caso de las discapacidades, esto es especialmente preocupante, de acuerdo con Bustamante, porque se las asocia con enfermedades y no como otras formas de habitar el mundo: “Es el miedo a enfrentar la diversidad. Un tema de prejuicios e imaginarios difíciles de derribar. No existe ninguna razón para que la discapacidad sea un criterio de desempate. Lo que debería ser considerado es si la persona tiene una enfermedad o una condición de salud, pero no una discapacidad”.

La tutela fue rechazada como improcedente en primera instancia, pero los demandantes apelaron esta decisión porque no están de acuerdo con las razones esgrimidas. Una de ellas es que se asegura que estos temas ya se encuentran regulados por ley, aunque solo son regulaciones generales y genéricas, de acuerdo con el análisis de Paiis y el Instituto O’Neill para el Derecho y la Salud Nacional y Global. (Ver: Recomendaciones generales para la toma de decisiones éticas en los servicios de salud durante la pandemia COVID- 19)
 

Un triaje ético que represente los intereses de la sociedad

“Triaje viene del francés trier y significa priorizar —explica Eliecer Cohen, profesor de la Facultad de Medicina—. Se utiliza para priorizar la velocidad con la que deben ser atendidas las personas y está diseñado para ser utilizado cuando la demanda supera la oferta”.

En el país se encuentra regulada la implementación de un triaje médico de 5 niveles de acuerdo con la resolución 5596 de 2015 del Ministerio de Salud, en donde los casos que requieren atención inmediata son ubicados en el primer nivel y los que pueden esperar más, en el quinto. Sin embargo, no establece los criterios y guías de selección, por lo cual cada institución se encarga de crear las suyas.

El triaje ético, por su parte, se implementa cuando es necesario elegir a cuál paciente se debe salvar, por una demanda de atención que supera ampliamente la oferta. Esto, al final, termina en las muertes de quienes no son atendidos. Su proceso tampoco está estandarizado, lo que permite la existencia de arbitrariedades.

“La forma en la que se deben priorizar estas cosas tiene ver con las perspectivas que se tienen como sociedad y como pacientes. La pandemia tendría que haber hecho que la sociedad reflexionara para que esa toma de decisiones no fuera únicamente del especialista sino del grupo que representa los intereses de la sociedad”, asegura Cohen, especialista en Medicina de Emergencias.

Por esa razón, en su criterio, se debería organizar un comité de ética nacional con la participación de expertos y representantes de los diferentes sectores del sistema de salud —que incluya hospitalización, neumología, medicina interna, cuidado intensivo, urgencias, consulta externa, filosofía de las ciencias, epidemiología, entre otros—, para que se puedan tomar las mejores decisiones posibles.

Dejárselo a las instituciones “sería muy terrible. Se puede presentar hasta selección adversa y la potenciación de modelos perversos de negocio con salud y gestión de espacios hospitalarios basados en comercio y plata”, concluye.