Con la pandemia aumentó la mortalidad materna en Colombia

Las cifras son dicientes: En Colombia, durante el 2020, se presentaron 405 casos de mortalidad materna temprana. Una cifra que no se presentaba prácticamente desde el 2012. Frente al 2019, los casos se incrementaron en 106 para el año pasado. De ahí que el Observatorio de Salud Pública y Epidemiología, de la Universidad de los Andes haga un llamado a garantizar el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Luis Jorge Hernández, profesor de la Facultad de Medicina y parte del equipo del Observatorio, explica que la principal causa de muerte es la hemorragia y que detrás de esta la práctica de abortos inseguros. En sus palabras, con la llegada de la pandemia se han incrementado las barreras para que las mujeres puedan acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, bajo las causales que autorizó la Corte Constitucional desde hace 15 años.

Y es que para Hernández, la IVE es una medida eficiente de salud pública. “No aumenta el número de abortos, sino que en definitiva disminuye la mortalidad materna”. La situación es tan preocupante que el Observatorio ha advertido que durante el periodo epidemiológico II del 2021, se presentó un aumento del 50 % respecto al 2020.

En los casos registrados, la mayoría de mujeres eran indígenas, habitantes de zonas rurales y pertenecientes al régimen subsidiado. Una situación que para este grupo de expertos resulta en un deterioro de la salud pública y reafirma la idea de la dificultad que existe para acceder a una IVE, cuando no se vive en las ciudades, se pertenece a una etnia o no se hace parte del régimen contributivo de salud.

Los decesos de mujeres extranjeras, en su mayoría venezolanas, también preocupan: se pasó de 4 muertes en 2018 a 43, en 2020. Más aún si se tiene en cuenta que un 10 % de los partos en Colombia son de mujeres provenientes de este país.

En Bogotá, la ciudad donde existe mayor acceso, también se muestra la disminución de IVES, según Bogotá Cómo Vamos: En mujeres de 20 a 24 años se pasó de 208 interrupciones, en 2019, a 100 en 2020. Y en mujeres de 25 a 29 años, se pasó de 145 a 80, en el mismo periodo.

Las barreras de acceso, según Hernández, están relacionadas con que aún hay personal de salud que tiene muchos mitos alrededor del tema, muchos hospitales y clínicas son confesionales y son más bien pocos los lugares donde las mujeres pueden acceder, no hay rutas de orientación y se plantea una serie de demoras como exámenes para que la gestante desista de su decisión.

Por eso resulta comprensible que la mayoría de IVES en Bogotá, por ejemplo, se realicen en fundaciones privadas, donde con dificultad pueden acceder las mujeres de poblaciones más vulnerables, pues una IVE termina costándoles entre 300.000 y 500.000 pesos. Vale la pena aclarar que el procedimiento hace parte del Plan Obligatorio de Salud (POS) y debe ser realizado por las EPS, bajo las causales autorizadas por la Corte.

Con las barreras al acceso de la IVE también disminuyeron las consultas preconcepcionales y los controles prenatales tempranos. Se presenta, además, disminución en la consejería en salud sexual y reproductiva y por eso es importante fortalecer estos programas.

“Con este panorama hay sin duda un retroceso de derechos que han sido verdaderas conquistas y aquí perdemos porque no estamos garantizando la dignidad de las personas y estamos segregando a las niñas y a las mujeres”, señala el experto.

Se debe fortalecer la idea de que una mujer puede realizarse siendo o no mamá y además comprometiendo a los hombres en estos temas. Por eso la IVE, agrega el académico, debe despenalizarse por cualquier causal hasta las 14 semanas. Así podría evitarse los casi 400.000 abortos inseguros que se practican en el país cada año.

En medio de este contexto también hay una situación bioética no resuelta y es la necesidad social de poder acceder a una IVE de manera digna, porque optar por esta decisión no resulta fácil y pone una carga social sobre los hombros de las mujeres.