Por:
Eduardo Behrentz (@behrentz)
Vicerrector de Desarrollo y Egresados
Una
elección presidencial es, sin duda, la mejor oportunidad para que una sociedad democrática discuta y defina sus prioridades. La contienda por la máxima autoridad ejecutiva suele abrir la puerta a una nueva agenda de gobierno y la posibilidad de continuidad o de quiebre en políticas e iniciativas públicas. En años recientes la
Educación Superior ha sido protagonista de primera línea en el debate nacional y el interés alrededor del tema ha venido creciendo.
De acuerdo con la más reciente
encuesta Gallup, el país está dividido en cuanto a la política educativa. Mientras el 45 por ciento de los colombianos cree que el país está empeorando en materia de calidad y cubrimiento de la educación, otro 44 por ciento considera lo contrario. Si bien estos guarismos cobijan a la política educativa en todos sus niveles, parecen claras las crecientes preocupaciones en torno a la Educación Superior.
Los programas de gobierno de los candidatos reflejan esas preocupaciones, haciendo referencia, por ejemplo, a la financiación de las universidades públicas, la integración de la oferta del Sena, el manejo de las deudas del Icetex, el aumento de la cobertura educativa, el futuro de programas como
Ser Pilo Paga y reformas institucionales en lo referente a investigación científica. Más allá de las posturas ideológicas de cada candidatura es, sin duda, muy positivo que iniciativas tan detalladas estén hoy visibles en la campaña e incluso hagan parte de los debates televisivos.
Si algo nos indica la presencia de la política de Educación Superior en la actual
contienda presidencial es que el próximo gobierno implementará cambios en algunos de los frentes identificados. Sin negar la crucial importancia de tal debate, del cual depende la supervivencia financiera de varias universidades públicas, cabe preguntarse en estos tiempos de campaña electoral sobre los roles y las responsabilidades de la universidad para los próximos cuatro años.
Colombia atraviesa actualmente un momento histórico definitivo, capaz de marcar el rumbo de nuestra sociedad para las siguientes décadas. La firma del
Acuerdo de Paz desencadenó de manera simultánea un sinnúmero de dinámicas sociales, económicas, políticas y de seguridad nacional. Estos fenómenos se encuentran en pleno desarrollo, expansión y transformación y requieren ser estudiados y analizados desde las más variadas disciplinas. Tanto la generación de conocimiento original sobre el
posconflicto como la contribución académica para el diseño institucional y de políticas públicas son responsabilidades de todo el sector universitario nacional.
Es claro que no se trata de tener una agenda única y centralizada de temáticas de investigación, sino de no perder de vista que el primer paso para entender el posconflicto se da en nuestros campus. En el momento de escribir estas líneas la gestión gubernamental sobre los proyectos de implementación de los acuerdos de paz está en la mira de los medios de comunicación, del gobierno y de los entes investigadores. Siendo esta una desafortunada situación que debe ser investigada hasta las últimas consecuencias, no debería servir para lanzar un manto de duda al valioso aporte que todas las
universidades colombianas pueden brindar para comprender el momento que vivimos.
El próximo gobierno enfrentará el desafío de encontrar respuesta a las necesidades de
reformas en varias áreas económicas, de seguridad social, pensiones, empleo y
lucha contra la pobreza. A lo anterior se suman las discusiones sobre las necesidades de infraestructura física, desarrollo urbano, transporte público, vías, puertos, conexión digital y los retos de las industrias energéticas y manufactureras. El rol del sector universitario −y en especial de las instituciones de alta calidad− en la concepción y el desarrollo de estas
políticas públicas es clave, así como el del monitoreo y debate sobre la implementación de las mismas.
Las universidades colombianas, asimismo, son actores vitales para el
fortalecimiento de la democracia. El posconflicto −y los desafíos asociados− se refleja hoy en la salud de nuestro sistema democrático. La misión de las universidades como espacios de libertad, de generación e intercambio de ideas y de representación de la
diversidad es actualmente más vital que nunca. No solo para debatir los significados de la reconciliación y las necesidades de un país en
construcción de paz, sino también para abordar las limitaciones de ese mismo proceso de construcción.
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