Ley Julián Esteban busca reducir siniestros viales

Más de 7.000 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito durante 2021, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la cifra más alta reportada en los últimos 10 años.

Teniendo en cuenta que todas las muertes producidas por accidentes viales pueden ser evitadas, el Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional (SUR) de la Universidad de los Andes y de la organización Global Road Safety Partnership (GRSP), crearon 'Conduce a 50 vive al 100', un proyecto que busca la implementación de políticas de seguridad vial que ayuden a reducir el número de víctimas por ese tipo de siniestros.

Gracias a este trabajo interdisciplinario se logró que en junio de 2022, el Congreso de la República firmara la Ley 2251 'Julián Esteban', nombrada así en honor al pequeño ciclista que perdió la vida arrollado por un vehículo, en el municipio de Zipaquirá (Cundinamarca). Para Juan Pablo Bocarejo, profesor de la Facultad de Ingeniería de Los Andes, el exceso de velocidad es el principal factor de riesgo de siniestros graves, razón por la cual tramitaron ante el Congreso la iniciativa de reducir los límites de velocidad en el país.

La nueva reglamentación señala que en Colombia la velocidad máxima permitida en vías urbanas será de 50 km/h, excepto zonas escolares y residenciales que tendrán un límite de 30 km/h. Para carreteras intermunicipales, que en algunos corredores estaba permitida hasta 100 km/h,  ahora será de 90 km/h Hace unos años, esta medida fue implementada en vías donde se producían el mayor número de accidentes, como la Avenida Boyacá en Bogotá. “Con el control de velocidad en este corredor vial, por ejemplo, se redujo en 40 % las fatalidades y en promedio, en las demás calles, la reducción fue cercana al 20 %”, indica Juan Pablo Bocarejo, líder de la iniciativa 'Conduce a 50 vive al 100'.
 
Detrás de estas restricciones hay un trabajo de estudio minucioso. De acuerdo con los investigadores, la experiencia muestra que en los países que se han implementado este tipo de normas, se redujeron significativamente los accidentes. Otro factor que se tuvo en cuenta para proponer estos límites de velocidad es la parte física, que habla sobre la energía que produce un vehículo que se desplaza a gran velocidad versus la energía del impacto que puede soportar un cuerpo humano. “Si un vehículo impacta a una persona a 30 km/h existe el 80 % de probabilidades de que sobreviva, pero si lo hace a 60 km/h, las probabilidades de morir son de 90%. Es igual que caerse de un edificio de seis pisos”, resalta el investigador.

El decreto establecido por el Congreso de Colombia también indica que además de trabajar en temas de velocidad, se debe regular la comercialización vehículos seguros, que protejan a todos los actores viales. En este caso el Ministerio de Transporte debe garantizar el cumplimiento de las normas técnicas de producción y fabricación e imponer las sanciones en caso de incumplimientos.

Otro problema es que en las principales carreteras de Colombia no existen andenes para que los peatones puedan desplazarse, de hecho deben compartir la vía con vehículos que van a gran velocidad. Siguiendo en línea con Bocarejo, el diseño de una vía debe incluir un espacio para todos los actores viales y no solo para los automóviles.

Realizar un monitoreo permanente sobre las vías también ayudará, según la Ley, a identificar mayores riesgos de accidentalidad y las zonas más propensas, lo que permitirá a los tomadores de decisiones hacer ajustes necesarios.
 
El desafío que tiene el país es mejorar cada día en la construcción de herramientas que faciliten dicha normatividad. “No es suficiente con poner una ley o una norma, hay que gestionarla, generar pedagogía y controlarla”, concluye Bocarejo.