Memoria, verdad y negacionismo histórico

El 9 de abril fue declarado en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 del 2011) como el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Más que una iniciativa o una concesión estatal, este tipo de fechas conmemorativas son el resultado de procesos sociales de resistencia, transformación y exigibilidad de derechos. En los procesos organizativos de familiares que han perdido a sus seres queridos, en las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y en otras que agrupan a familiares y sujetos victimizados, la memoria es componente esencial de sus luchas.

La memoria emerge del propio acto de violencia contra los sujetos victimizados y del afecto que vincula a los familiares con sus seres queridos. La memoria condensa, vehicula y transforma las emociones que los familiares y las propias víctimas experimentan, y al mismo tiempo se constituye en fin y medio de las luchas de los procesos organizativos de víctimas. La memoria ayuda a mantener vivos los lazos con los seres queridos y es la materialización del carácter obstinado y rebelde de aquellos que frente a una violencia que quiere silenciar a víctimas y familiares no se callan y le exigen a la sociedad y al Estado recordar y esclarecer la verdad (Gómez, 2017).

En varios de los procesos organizativos de familiares y víctimas, la memoria hace parte de un horizonte más amplio de transformación social que incluye y va más allá de los derechos consagrados a las víctimas: la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En ese sentido, el esclarecimiento de la verdad se comprende como una necesidad primordial para construir la paz y consolidar la democracia. La verdad es pensada como base de los arreglos sociales. Para los sujetos victimizados la verdad es además esencial para avanzar en los procesos de trasmutación del dolor, de esa gran herida que dejó la violencia como una marca de la deshumanización de la que fueron objeto directamente o a través de la violencia infringida contra sus seres queridos.

La exigencia de verdad no es un capricho de las víctimas. No es un obstáculo para la construcción de paz. Es un componente básico, mínimo, para desatar los múltiples nudos que las violencias, no solo la armada, han atado por décadas y siglos en Colombia. La invitación de quienes demandan verdad es poder conocer qué ocurrió, y más allá de eso, por qué pasó y quiénes son los responsables. Es decir, en esa demanda por la verdad está la ruta para identificar qué relaciones de poder, estrategias de acción, concepciones de sociedad, formas de manejo del Estado y tipo de sujetos deben ser radicalmente transformados. 

Los actores involucrados en la violencia le temen a la verdad porque ella desnuda lo que realmente fueron y son. En procesos de aplicación de la justicia transicional, las organizaciones de familiares y de víctimas se enfrentan a la paradoja de alcanzar sus demandas y derechos en la plenitud que les podría satisfacer o hacer concesiones para que se establezcan las condiciones que permitan erradicar las violencias como las formas de intermediación de la política. En términos generales, la justicia transicional es débil al momento de satisfacer las expectativas de las víctimas, pero se reconoce en varios contextos y por algunos actores como el camino “menos peor”. En ese escenario en el que los sujetos victimizados ponen un enorme esfuerzo para contribuir a la construcción de la paz “achicando” sus demandas, por ejemplo, en términos de justicia, lo mínimo que pueden hacer los responsables de la violencia es contribuir a esclarecer la verdad. ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién dio la orden? ¿Para qué les era útil deshumanizar al “enemigo”? ¿Con qué otras lógicas violentas se intersecan esas acciones?

En momentos de apertura para conocer la verdad, el negacionismo se exacerba. Nos dice Bieńczyk (2020) que los negacionistas, en mayor o menor medida, niegan conscientemente hechos que ocurrieron en el pasado y tratan de disminuir su importancia. Gregory Stanton, por su parte, argumenta que el negacionismo destruye pruebas comprometedoras, mata o intimida testigos, bloquea investigaciones y en el caso de actores en el poder, buscan permanecer a toda costa a fin de garantizar la impunidad de los perpetradores. Por lo tanto, argumenta: “la principal razón del negacionismo consiste en el deseo de evitar la justicia. De esta forma, el negacionismo comienza cuando el delito está en curso y consiste en un acto deliberado, fraudulento y consciente de ocultamiento de la verdad” (En: Bieńczyk, 2020, p. 20).

En contextos de justicia transicional, la preocupación de los responsables de la violencia trasciende el miedo de ir a la cárcel. En este caso el tipo de justicia que se juega es la de la pérdida de la legitimidad social. Para aterrizar la discusión al contexto actual, es una actitud negacionista y por lo tanto altamente violenta con las víctimas y nada ética pretender ocultar la dimensión de las ejecuciones extrajudiciales que varios funcionarios estatales y actores políticos han hecho luego de las declaraciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como pretender responsabilizar de una política estatal a los soldados con fuertes connotaciones clasistas. Doble afrenta en ese caso porque la mayoría de quienes fueron objeto de las hasta ahora establecidas 6.402 ejecuciones extrajudiciales son personas empobrecidas, concebidas como sujetos dispensables, entre otras cosas, se deduce de las declaraciones del general Montoya, por ser “ignorantes”.

“Me duele decirlo, pero los muchachos que van al Ejército son los de abajo, estrato uno. Ya no va el estrato 2 ni 3 ni 4. Nos toca, voy a hablar con el corazón aquí como comandante, nos toca enseñarles a ver cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos, esa es la calidad” (Montoya, 2021).

El negacionismo puede estar en todos los actores del conflicto. Por eso, la tarea de esclarecimiento del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común también es central. ¿Cuál es la realidad sobre las violencias de género al interior de las filas de las FARC-EP y la dimensión del reclutamiento de menores? ¿Por qué se asesinó a intelectuales como Jesús Bejarano? ¿Qué dice eso de la lógica política de la entonces guerrilla de las FARC-EP? ¿Qué dice una y otra actuación estatal y guerrillera de la manera como concibieron, construyeron y atacaron al “enemigo”?

El esclarecimiento de la verdad nos llevará mucho tiempo así no nos guste. Es un derecho de las víctimas, pero no solo de ellas. Lo es del conjunto de la sociedad e incluso de las generaciones venideras. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad es un paso que se suma a otros ya dados por la academia, el Estado, las organizaciones y movimientos sociales, ONGs y a los pasos transitados desde los invaluables trabajos de la memoria de las víctimas y los familiares. Lejano a la concepción lineal del tiempo moderno, el pasado siempre es presente y más vale que nos lo tomemos en serio. Como dice el poeta maya K´iche Humberto Ak´Abal: “De vez en cuando camino al revés: es mi modo de recordar. Si caminara sólo hacia delante, te podría contar cómo es el olvido”.
 

Referencias

Bieńczyk Missala, A. (2020). The Causes and Consequences of Negationism. En P. Grzebyk, Responsibility For Negation Of International Crimes. Warsaw: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. 
https://cider.uniandes.edu.co/es/publicaciones/node%3Atitle%5D-80 
https://www.opendemocracy.net/es/6402-falsos-positivos-colombia-quien-dio-orden/
https://cuartodehora.com/2021/04/06/indignacion-por-respuesta-del-general-mario-montoya-ante-la-jep/
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/mural-quien-dio-la-orden-sobre-falsos-positivos-fue-vandalizado/

 

Participación de Diana Marcela Gómez Correal en el webinar: Colombia's 2016 Peace Accord: A Framework for Ethnic, Women's, and LGBT+ Rights, organizado por WOLA (the Washington Office on Latin America), el International Institute on Race and Equality, LAWG (the Latin America Working Group), el Comité de Derechos Humanos de Colombia en Washington (CHRC) y CEJIL (the Center for Justice and International Law). En este encuentro, en el que participaron voceros de los procesos indígenas y afrodescendientes, así como de la comunidad LGBTI que hace seguimiento al Acuerdo de Paz, Gómez presentó un balance sobre la implementación de la perspectiva de género centrada en los derechos de las mujeres.