Los derechos LGBTIQ+ han estado en tres momentos en el sector público: el primero en la nominación, fruto de la presión de la sociedad civil; el segundo cuando esta nominación empieza a ser un lugar común y el tercero que es el paso a seguir en la inclusión de la comunidad a las políticas públicas y es pasar a la acción,  señaló Wilson Castañeda, director de la corporación Caribe Afirmativo.


“Es un momento clave el que estamos viviendo. El Estado entiende que es un deber, pero este posicionamiento empieza a tener una aplicación amorfa: en lo nacional se ha quedado en la nominación y solo va a la acción en lo local y territorial. Al Estado Nación le cuesta porque aún es muy filosofal”, agregó Castañeda durante el Encuentro Nacional Estado Abierto-Estado Diverso, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Unión Europea y Caribe Afirmativo.

Durante la charla, Juan Daniel Oviedo, director saliente del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), dijo que en lo público aún están presentes los prejuicios y que por eso se requiere decisión y acciones afirmativas robustas. En su experiencia cuenta que se pasó de la queja a la colaboración, siempre entendiendo que la voluntad de la comunidad es un activo para el servicio público.


En la tarea de visibilizar el enfoque diverso, el DANE incluyó en sus encuestas tres preguntas: sexo al nacer, identidad y orientación de género. Cuando las personas lo llenaban en sus hogares lo hacían rellenando una cartilla para que el reconocimiento no fuera expuesto públicamente. Si todas las entidades incluyeran esta información el futuro del enfoque diferencial sería promisorio, advirtió Oviedo.

 


Es hora de alinear este activismo que florece cada vez más con la voluntad del sector público. Castañeda dijo que existen organizaciones de mujeres jóvenes lesbianas que pueden ser un oasis para la generación de acciones. A su vez no dudó en señalar que aún falta mucha formación y cualificación en la función pública y local y que se puede empezar con pequeñas acciones contundentes: capacitar al portero, a la persona de la recepción y a los administrativos que les hablan a los grandes funcionarios sobre temas como la identidad y orientación de género.


En tiempo de posconflicto, los expertos hacen un llamado a que los proyectos de las personas LGBTIQ+ también puedan avanzar en la ruralidad y no solo en áreas urbanas, responsabilidad que recae en gobernaciones y alcaldías. Luis Andrés Fajardo, vicedefensor del pueblo, asegura que deben pensarse los temas de violencia específica para la población Trans, especialmente en las zonas rurales y que ha sido golpeada por el conflicto armado. “El gran problema es que las políticas públicas aún no se acomodan a las minorías”, señaló Fajardo.


¿Cómo superar los miedos de ambos lados? Se pregunta Paca Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, quien llamó la atención sobre la tarea que tiene la comunidad de reflexionar sobre cómo nos piensa el otro, lo que podría estar generando una barrera adicional. “Podemos ser agentes de cambio donde quiera que llegamos y promover el diálogo y la conversación, porque lo que no se nombra no existe”, complementó Bella Castiblanco, lideresa trans.


Los avances en ciudades como Bogotá y Medellín, que nos posiciona como un país ejemplo para América Latina en estos temas debe ser un aliciente para llegar a todas las regiones y procurar que la gestión del conocimiento no se quede en un solo lado, concluyó Elizabeth Castillo, subdirectora de Asuntos LGBTI del Distrito.

Personas sentadas en un auditorio.

LGBTIQ+: Pasar de la inclusión al reconocimiento. Fotos: Judy Pulido.

Personas sentadas en un auditorio.

LGBTIQ+: Pasar de la inclusión al reconocimiento. Fotos: Judy Pulido.

Personas sentadas en un auditorio.

LGBTIQ+: Pasar de la inclusión al reconocimiento. Fotos: Judy Pulido.

Personas sentadas en un auditorio.
Personas sentadas en un auditorio.
Personas sentadas en un auditorio.