Aunque Colombia no salió bien librada del último informe de la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económicos (OCDE), no es cierto que Colombia sea el país más pobre o desigual de América Latina. Stephanie Majerowicz, doctora en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard y profesora de la Escuela de Gobierno, de la Universidad de los Andes, explica que esa podría ser la lectura que queda cuando nos comparamos con el “club de países ricos” o más desarrollados. No obstante, sí somos el segundo país más desigual de la región y el tercero de la OCDE.


¿Cuáles son las razones detrás de esta realidad? La académica resalta dos hallazgos importantes de este documento: el primero reafirma lo difícil que fue la pandemia para el país y las consecuencias que ha dejado especialmente sobre los trabajadores más vulnerables, las mujeres y la sostenibilidad fiscal del país. Y aunque se han hecho esfuerzos por la recuperación, el país no lo ha logrado, al menos, en términos de empleo.


El segundo es la informalidad, un problema estructural que ha impedido por años el desarrollo económico: 60 % de los trabajadores son informales. El reporte se enfoca en la relación que hay entre la informalidad laboral y el sistema de protección social que, aunque este último ha avanzado en cobertura (lo que se le puede ofrecer a la población para mitigar la pobreza y desigualdad), el costo está recayendo sobre el trabajo formal, desincentivando el mismo.


Majerowicz defiende la idea de que ni la salud, la protección contra el desempleo o el acceso a pensiones debe estar atado a un empleo formal y para financiarse este sistema de protección debe hacerse a través de los impuestos generales, como sucede en muchos países de la OCDE.

 

¿Colombia podría implementar esta medida? La respuesta es que se requieren reformas estructurales de fondo. La reforma de pensiones es una de estas: actualmente hay una cobertura muy baja y además se está subsidiando a los más ricos, lo que amplifica la desigualdad, explica la académica.


La otra es una reforma tributaria, que como sugiere la OCDE, debe partir de ampliar la base tributaria, pues hoy apenas el 5 por ciento de los colombianos paga impuesto a la renta, en parte, porque una gran proporción de colombianos gana muy poco. “La idea no es que todos empecemos a tributar, pero sí que más personas que ganen por encima de dos o tres salarios mínimos paguen impuestos, así sea un poco y se de progresivamente, sin afectar a las personas más vulnerables”, aclara la investigadora.


También se debe eliminar un sinnúmero de exenciones que hoy generan sobrecostos al Estado. Por un lado, hay altas tasas de impuestos a las empresas, pero también diversas exenciones. ¿Para qué eliminar el IVA a computadores y celulares por debajo de un precio y no más bien con ese impuesto recaudado compensarle a las personas más vulnerables a través de transferencias directas? Se preguntan los expertos.


Otra de las sugerencias del informe se centra en focalizar las ayudas en las familias que más lo necesitan. Así se tendría que revisar qué programas de transferencias existen, consolidarlo en uno o dos programas y evitar que se genere duplicidad o exclusión. Un conjunto de medidas que le apuntan a disminuir la desigualdad, como un componente clave para mejorar el bienestar humano en Colombia.