Los retos de digitalizar la justicia colombiana

El ministro de Justicia Wilson Ruiz Orjuela, aseguró que solamente en demandas contra el Estado existen más de 330.000, lo que significa que el expediente digital va a servir para descongestionar la rama judicial, qué tantas demandas recibe diariamente. El plan de digitalización de la justicia es una apuesta del Consejo Superior de la Judicatura a 4 años, con una inversión de casi 1.2 billones de pesos y del cual se espera generar una profunda transformación del sistema judicial.

Durante el foro realizado por la Facultad de Ingeniería - ¿Cómo digitalizar la justicia? Una perspectiva interdisciplinar - expertos analizaron los retos que existen tras la transformación digital de la justicia colombiana.

Los investigadores del Laboratorio de Diseño para la Justicia de Los Andes, resaltan que este plan hace un especial énfasis en el expediente electrónico de la Tutela y su modelo de gestión interna.  Según Santiago Pardo, profesor de la Facultad de Derecho, desde que se concibió en el 1991, la tutela ha sido el mecanismo universal y nivelador de la justicia, por ser una herramienta que pueden utilizar todos los ciudadanos sin importar su estrato social, es por eso que la digitalización se convierte entonces, en una promesa de acceso a la justicia en un país con un alto nivel de desigualdad en este campo.

Desde la creación de la plataforma Tutela en línea, se han procesado más de 3.000 tutelas y durante la situación desencadenada por la pandemia, esta plataforma demostró los beneficios de los recursos digitales que acortan las distancias entre la justicia y el ciudadano, además de agilizar los procesos.

En el pasado las tutelas de todos los municipios del país se mandaban a la Corte en camiones,  por medio del correo físico, lo que generaba un colapso entre las tutelas que llegaban de un sector rural y las que se registraban en Bogotá, después de eso los expedientes debían regresar a su lugar de origen porque deben almacenarse en la ciudad de origen. Este proceso generaba al año un costo de 11 mil millones de pesos.
 
Durante el evento, Ana María Ramos, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, resaltó que la transformación a la justicia en Colombia ha sido lenta y desordenada, ya que se encapsuló por mucho tiempo en el tema del expediente electrónico, como si fuera la única herramienta tecnológica posible dentro del sistema judicial.  Para ella es importante resaltar que el expediente electrónico, es una herramienta que permite la interacción con los usuarios, la interacción interna, el control de términos, notificaciones, generación de estadísticas y firmas, pero que también trae otros componentes importantes que se deben tener en cuenta: “Un ejemplo vital y que ha sido muy poco mencionado cuando se habla de transformación de la justicia, tiene que ver con las relatorías, el tiempo que se pierde buscando esa información puede ser aprovechado analizando la información, esto es un elemento fundamental para la eficiencia", resaltó la magistrada, quién también indicó que el propósito de digitalizar la justicia no es solamente ser digital, es tener mejor acceso, mayor eficiencia, seguridad jurídica y eficacia; en torno de eso se deberían hacer las transformaciones.
 
Durante el evento también se resaltó que en Colombia hay ciudadanos que no tienen acceso a la justicia de manera presencial, ni virtual, ya que por estar en zonas apartadas no tienen vías o carreteras de acceso que faciliten su desplazamiento y a su vez no cuenta con la tecnología para acceder a plataformas virtuales. Para el 2018, en territorios como la Guajira, Orinoquía y Amazonía, la cantidad de personas que podían acceder a TIC`S en hogares era menor o igual al 40,7 %,  por esta razón se propuso que los ministerios de Transporte, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de Justicia se articulen para acortar esta brecha que dificulta el acceso a la justicia de algunas poblaciones.
 
Cabe resaltar, que la rama judicial es muy grande, cuenta con alrededor de 32.000 personas, tiene presencia en cada municipio del país y que tiene un concepto de autonomía que se expande a los temas administrativos, a su vez existe un temor de incurrir en una falla procesal o de un escape de información, esto  dificulta la implementación de ciertas herramientas tecnológicas.
 
“Reconocer las diferencias geográficas, económicas y culturales qué se encuentran en el país, es un prerrequisito para aprovechar de la mejor manera las posibilidades de las tecnologías de información”, resaltó Camilo Olaya, Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes.

Los 'Foros Contacto' realizados por la Facultad de Ingeniería tienen como propósito es facilitar el diálogo entre la academia y el entorno para debatir sobre temas coyunturales donde la academia pueda tener incidencia.

Reviva el foro: ¿Cómo digitalizar la justicia? Una perspectiva interdisciplinar.