Contratos por prestación de servicios sí afectan la calidad del empleo público

La contratación por prestación de servicios, uno de los fenómenos que definen hoy la administración pública en el país, facilita cierta flexibilidad en la medida en que los gerentes públicos pueden armar equipos y responder a necesidades y tareas específicas, sin embargo plantea retos enormes porque podría aumentar los riesgos de clientelismo y corrupción, advierte Pablo Sanabria, profesor de la Escuela de Gobierno y director de la investigación.

En la última década hay un notable aumento en los contratos por prestación de servicios en el país. Cifras de Colombia Compra Eficiente también evidencian el crecimiento entre 2014 y 2016: pasó de 189.357 contratos a 243.427, “en la mayoría de los casos con el objetivo de desempeñar funciones permanentes de la administración pública. Bogotá, Cali y Cartagena fueron las ciudades con el mayor número de contratos en este periodo”, según la investigación.

Los costos de este fenómeno son enormes: tanto para quienes asumen estos contratos, pero también para el sector público. “Puede afectar la continuidad de las políticas públicas y afectar la gestión del conocimiento dentro de las entidades, porque muchas personas desarrollan labores vitales y que generan información que, si se van, se pierde”, agrega Sanabria.
 

“Tardé mucho tiempo en alzar mi voz. Cuando llevaba tres años me empecé a dar cuenta que mi contrato era más que una prestación de servicios. Debía cumplir un horario, trabajaba muchas más horas que los de planta y no tenía la posibilidad de elaborar los productos desde mi casa. Además de trabajar bajo una subordinación”, aclara Schneider.

La investigación también revela que la posibilidad de contar con una jornada flexible parece ser el único aspecto en el que contratistas no están en desventaja con sus pares de planta, aunque en algunos casos esto no ocurra. Además, los hombres contratistas que viven en ciudades secundarias presentan brechas superiores en calidad del empleo público.

El director del proyecto Pablo Sanabria, la investigadora María Alejandra González y el profesor Óscar Becerra, quienes elaboraron la Nota de Política 35, también plantean la necesidad de estudiar a largo plazo los efectos de la contratación personal y generar evidencia sobre su utilidad como herramienta de gestión, para que no afecte la profesionalización e independencia del empleo público en el país y así no se generen riesgos de corrupción.
 

“En el fondo implica revisar la carrera administrativa y definir nuevos mecanismos que fortalezcan aún más el sistema de evaluación del desempeño, porque uno de los problemas por los que los gerentes públicos traen contratistas es porque no se sienten bien apoyados por funcionarios que entraron por el sistema de carrera”, puntualiza Sanabria.