Son múltiples los retos y acciones para la agenda ambiental del próximo gobierno. Investigadores de Los Andes, destacan algunos de mayor urgencia y relevancia para el país en la Nota Macroeconómica No.40 - 'La agenda ambiental como parte del modelo económico de Colombia'

1- Mitigación y adaptación al cambio climático: 

Colombia se ha comprometido a través de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) a reducir en un 51 % sus emisiones de carbono para el año 2030. Este compromiso puede convertirse en una gran oportunidad para cambiar el uso del territorio que ha generado deforestación y violencia. 

El constante deterioro y destrucción de ecosistemas y la liberación de gases efecto invernadero producto de la deforestación amenazan la resiliencia y posibilidad de cumplir la meta de Colombia. Por ello, son varias las acciones que se deben emprender como eje central de política pública para cumplir con los compromisos internacionales. Estas acciones deben sustentarse en un diagnóstico adecuado que permita establecer con confianza las tendencias del cambio climático y sus posibles efectos. Las acciones propuestas son las siguientes: 

  • Protección de ecosistemas estratégicos que cumplen funciones de regulación climática y potenciar el desarrollo local basado en su protección.
  • Detener la deforestación amazónica a partir del ordenamiento ambiental del territorio y la coordinación entre el sector ambiental, agropecuario y de seguridad. Es necesario detener y revertir el acaparamiento ilegal de tierras y la construcción de vías ilegales. Avanzar en el catastro multipropósito y fortalecer la gobernanza en las áreas de reserva forestal y parques nacionales. 
  • Consolidar la alianza entre los nueve países amazónicos para conservar uno de los patrimonios naturales más importantes para la humanidad.
  • La actividad extractiva en ecosistemas estratégicos como los páramos deberá limitarse para evitar vulnerar su integridad ecológica, y así mantener sus funciones ecosistémicas como la producción de agua para las ciudades y la agricultura. 
  • Integrar la adaptación al cambio climático como criterio para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales renovables y la agricultura. 
  • Creación de una cátedra de educación ambiental en las escuelas y los colegios para fomentar la educación a niños y jóvenes en valores ambientales y sensibilizar sobre las consecuencias del cambio climático. 

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2-  Fomentar la gobernanza ambiental en los territorios

Actualmente más del 30 % del territorio nacional está titulado colectivamente a comunidades negras e indígenas. El proceso más reciente de titulación a comunidades negras ocurrió entre mediados de los 1990s y comienzos de los 2000s. Varios estudios muestran que, en ausencia de esta titulación, la deforestación, las emisiones de carbono y la expansión de cultivos ilícitos sería mayor. 

Sin embargo, en ausencia de un fortalecimiento de la gobernanza y coordinación con las autoridades regionales ambientales, esta protección de los territorios por parte de las comunidades étnicas está amenazada.

Actualmente, el 16% de los cultivos de coca se encuentran en territorios colectivos de comunidades negras y el 9% en resguardos indígenas (UNODC, 2021). Sin embargo, sólo hasta este año se planteó una ruta étnica para el Plan Nacional de Sustitución (PNIS) que no se ha implementado. La minería ilegal amenaza estos territorios étnicos y los planes para formalizar la pequeña minería y la minería artesanal no avanzan. Además, las economías ilícitas y los actores armados ilegales amenazan la gobernanza de estos territorios étnicos. 

Por ello, se propone una serie de acciones para garantizar el fortalecimiento y la transición a economías legales con criterios de sostenibilidad y compromisos comunitarios: presencia efectiva del Estado en los territorios titulados colectivamente a comunidades negras e indígenas, diseño de programas de sustitución de cultivos ilícitos y formalización de pequeña minería con criterios diferenciales, fortalecimiento y gobernanza de estos territorios colectivos con enfoque socioambiental por parte de sus autoridades étnicas, programas de conservación para proteger aquellos territorios prioritarios para la provisión de servicios ecosistémicos y con amenazas de deforestación. 

3- Impulsar la agricultura sostenible

Durante los últimos 30 años, economías emergentes como Brasil o China han conseguido crecimientos constantes mayores al 2 % en su productividad agropecuaria, un ritmo mucho mayor que en Colombia, cuya competitividad en este sector continúa siendo limitada. Sin embargo, es importante remarcar que Brasil ha permanecido todo este tiempo en una fuerte dicotomía entre desarrollo agrícola y protección ambiental, sacrificando miles de hectáreas de la Amazonía para ganadería o cultivos. Esto es así porque la tierra es un factor de producción esencial para el sector agropecuario y que lo diferencia de otros sectores de la economía. Además, la tierra es un factor de producción no reproducible y cuya eficiencia productiva depende de su acceso, ubicación, buen uso y fertilidad. En esta sección centraremos la discusión en su buen uso y fertilidad de la tierra para incrementar la competitividad del sector agropecuario en Colombia, la investigación reciente apunta, entre otros retos a la necesidad no sólo de garantizar una transición hacia la agricultura sostenible, sino también hacia prácticas sostenibles para los sistemas silvopastoriles y agroforestales con alta productividad y/o calidad de los productos. 

Es importante garantizar la sustitución de insumos químicos por fertilizantes orgánicos, incluyendo prácticas agrícolas e insumos que mejoren la calidad de la tierra para mantener sus niveles de productividad en el tiempo. Desafortunadamente, en la actualidad se siguen subsidiando prácticas no sostenibles, frenando esta transición en lugar de impulsarla. Prácticas como la gestión integrada de la fertilidad del suelo requieren mucho más conocimiento para sustituir una aplicación excesiva de fertilizantes, pesticidas e insecticidas. Por todo ello, se proponen varias acciones para incrementar la competitividad de este sector en el país en los próximos años: 

  • Aumentar la inversión para la investigación, desarrollo e innovación, especialmente en agroecología, con énfasis en el desarrollo local de prácticas y cultivos adaptables al contexto. 
  • Promover iniciativas que faciliten el aprendizaje local y las comunicaciones de mejores prácticas, desde la educación, la investigación, los subsidios a nuevas prácticas y los campos de demostración. 
  • Mejorar la infraestructura, extensión, información climática, acceso al mercado, crédito y seguridad social para facilitar la adaptación y diversificación de los medios de vida de los pequeños agricultores. 
  • Fomentar el uso eficiente del agua y su monitoreo en la producción agrícola. 
  • Formalizar la propiedad de la tierra y facilitar su acceso, incorporando el manejo ambiental como parte integral de la definición de los posibles usos de la tierra.

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4- Pesca y acuicultura sostenibles

Se estima que Colombia captura entre 50 y 100 mil toneladas anuales de productos pesqueros, siendo la gran mayoría proveniente de los mares (90 %), principalmente del Océano Pacífico. De esta, cerca de la mitad es capturada por las flotas industriales y la otra mitad por pescadores artesanales o pequeñas pesquerías. Típicamente, el sector de la pesca ha sido subestimado debido a la falta de monitoreo y cumplimiento, quizá porque su participación en la economía nacional es baja: alrededor del 0,2 % del PIB.

La falta de información confiable dificulta la preparación de diagnósticos acertados y la producción de políticas acordes a la realidad, en específico en materias de mejora de la seguridad alimentaria, reducción de pobreza y conservación de biodiversidad. Cabe destacar, primero, que en Colombia entre 150 y 200 mil familias se dedican a la actividad pesquera, donde la pesca artesanal se destina principalmente al consumo local, desempeñando así un papel importante en la seguridad alimentaria del país. Segundo, que los pescadores artesanales se encuentran generalmente en condiciones de vulnerabilidad por pobreza, desempleo, violencia y fenómenos climáticos, por lo tanto, la pesca puede llegar a ser una actividad de último recurso ante la falta de acceso a otras formas de generación de ingresos. Y, tercero, que la pesca está asociada a ecosistemas de alta biodiversidad que proveen servicios a la sociedad, tales como recreación, protección costera y captura de carbono, entre otros. Por su parte, el sector de la acuicultura en Colombia se ha incrementado un 216% en el período 2011-2022 y se espera que siga haciéndolo en los próximos años.

Actualmente en el país se producen alrededor de 180 mil toneladas de pescado mediante la piscicultura y camaronicultura, de los cuales el 58% corresponde a la tilapia. Sin embargo, el mayor potencial económico del sector lo representa el cultivo de camarón (en las regiones Atlántico, Bolívar y Nariño) que sólo representa un 3 % del total de producción, pero un 24 % del valor económico de todo el sector en el país. Ante este contexto, son varias las acciones que se deben emprender para impulsar al sector pesquero y acuícola en el país:

  • Fortalecer la base científica relacionada con el sector tanto en lo ecológico como en lo social, para mejorar la toma de decisiones en torno a la gestión de la pesca. 
  • Entender la necesidad de que la gestión de la pesca debe considerar simultáneamente la conservación biológica de los recursos y la sostenibilidad económica de las poblaciones que de ella dependen. Para esto, se debe comprender que es un sector altamente heterogéneo geográfica, ecológica y socialmente. 
  • Fortalecer, consolidar y reducir la fragmentación de las entidades y mecanismos gubernamentales encargados del sector pesquero de manera que se mejore la capacidad de gobernanza de los océanos y cuerpos de agua dulce. Esto implica la articulación interinstitucional para la implementación de buenas prácticas ambientales y desarrollo social en el sector acuícola. 
  • Aceptar que los pescadores artesanales tienen todo el potencial para ser actores de la conservación marina costera y cuerpos de agua dulce, combinando actividades de turismo y pesca sostenible. 
  • Formalización de los acuicultores y fortalecimiento gremial y/o asociativo, con enfoque a la mejora de la productividad y competitividad. 
  • Promoción del consumo nacional de los productos derivados del mar.


5- Calidad del aire

La contaminación del aire genera impactos en la salud aumentando el riesgo de mortalidad prematura y de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) reportó que para 2015 la contaminación del aire urbano estaba asociada con más de 10.000 muertes en Colombia. Cerca de 3200 de estas muertes ocurren en Bogotá y otras 2100 en el Valle de Aburrá con un costo estimado del 2.5 % del PIB en la capital del país y 5 % del PIB en la región metropolitana del Valle de Aburra. 

Aunque las causas de la contaminación pueden variar en su composición dependiendo de la región, las más sobresalientes son las emisiones provenientes de los vehículos a diésel y las industrias. Sin embargo, en los años recientes, la afectación de la contaminación proveniente de los incendios forestales en la Orinoquía, Amazonía y Venezuela ha sido predominante en los períodos de febrero a abril deteriorando la calidad del aire. El país ha venido avanzando en materia de regulación de contaminación del aire desde la ley 99 de 1993, pero este avance no ha sido suficiente para reducir la exposición de la población a la contaminación ni para controlar de manera efectiva las emisiones de las principales fuentes contaminantes, de tal forma que nuestras ciudades principales no cumplen de manera frecuente con el estándar anual de calidad del aire planteado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Tomado de Nota Macroeconómica No. 40 Facultad de Economía: 'La agenda ambiental como parte del modelo económico de Colombia' - Universidad de los Andes
Autores: Jorge A. Bonilla, Juan Camilo Cárdenas, Juliana Helo, Rachid Laajaj, Jorge Higinio Maldonado, Jorge Marco y María Alejandra Vélez.