Raquel Bernal Salazar, rectora de la Universidad de los Andes y coordinadora del G-10 (grupo conformado por 10 de las mejores universidades del país), se pronunció, en nombre del grupo, acerca de la reforma a la Ley 30 anunciada por el Gobierno Nacional, que tiene como objetivo principal solucionar los problemas de financiamiento de las instituciones de educación superior.
El G-10 está compuesto por la Universidad de Los Andes, Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad EAFIT, Universidad Externado de Colombia, Universidad Industrial de Santander, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Norte y la Universidad del Valle.
A continuación, el análisis de la Rectora:
El G-10 está compuesto por la Universidad de Los Andes, Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad EAFIT, Universidad Externado de Colombia, Universidad Industrial de Santander, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Norte y la Universidad del Valle.
A continuación, el análisis de la Rectora:
El mejor camino para lograr el crecimiento, desarrollo y equidad que necesita Colombia es, sin lugar a dudas, la educación. El financiamiento del Estado en un sistema mixto de educación superior es crítico para lograrlo. Esto es particularmente relevante en un contexto de cambio demográfico que tiene gran impacto sobre las instituciones de educación superior.
El financiamiento de un joven talentoso que no tiene recursos para pagar la matrícula implica un mejoramiento de su vida no sólo en términos laborales sino también en mayor satisfacción personal, prosocialidad, reducción de sesgo de clase, solidaridad, y salud física y mental. La vida de sus familias mejora, así como la de otras personas en sus comunidades de origen. La educación permite a los jóvenes sentirse reconocidos como miembros útiles de la sociedad, da sentido a sus vidas. Como consecuencia de esto, el Estado ahorra recursos en políticas de protección social, salud y empleo.
Sin embargo, en esta coyuntura, la financiación no debería ser la única discusión que se da en el país en torno a la reforma de la educación superior, y en particular, la Ley 30. Esta es una coyuntura local y global histórica, un punto de inflexión para lo que ocurrirá con todo el sistema educativo, y en especial, la educación posmedia. Este país no puede dejar pasar esta oportunidad para repensar todo el sistema. De esto depende nuestro futuro.
Según el informe más reciente del Foro Económico Mundial del futuro del empleo, en el año 2030 que está a la vuelta de la esquina, el 15% de las ocupaciones que ahora existen estarán totalmente automatizadas. También reporta que cerca del 30% de las tareas del 65% de las ocupaciones se habrán automatizado para ese mismo año. Esto implicará, entre otras cosas, la obsolescencia de la educación superior pasa de 25 años (lo que me duraba para generaciones anteriores la inversión en educación superior), a ser de cerca de 5 años, en todas las disciplinas. Ante esta obsolescencia del conocimiento, se hace cada vez más necesaria la formación que permite trabajar en equipo, aprender y adaptarse, en general educación de calidad para toda la vida. Es decir, vamos a tener que estudiar de manera continua para poder mantener actualizadas nuestras competencias y ser relevantes en el mundo.
Esa relevancia no es sólo a nivel laboral, sino que también implica entender la manera en que la vida personal, profesional y social evoluciona en un contexto tan digitalizado. En estas épocas, las transacciones bancarias se hacen con un click en el teléfono, las pólizas de seguro las decide la inteligencia artificial, las plataformas de aprendizaje profundo tienen la capacidad de diagnosticar y prescribir tratamientos para ciertas enfermedades con resultados más efectivos que el ser humano, y los datos, el machine learning y las analíticas de datos definen lo que ocurre en el sector agrícola. Los jóvenes requieren un marco mental digital para poder vivir de manera exitosa en un mundo que es así. No podemos seguir enseñando como lo hacíamos hace 20 años porque eso no es suficiente para ejercer profesionalmente, ser un ciudadano global que contribuye a las democracias o una persona que se comunica y se relaciona en la era de la revolución informática, personas capaces de pensar con rigor, de reflexionar, e ir más allá de lo que hacen las máquinas.
Esto implica que la educación debe ser ágil, flexible e incluyente. Que se debe actualizar de manera permanente y en concordancia con la evolución de la tecnología y los sectores económicos para que nuestros estudiantes sean relevantes. Las universidades no podemos hacer esto sin flexibilidad. Los programas deben renovarse de manera continua para atender el cambio en competencias. El marco mental digital requiere una disposición a la colaboración y una apertura al cambio. Implica la necesidad de adquirir competencias nuevas a lo largo de la vida, pero, sobre todo, de estar en capacidad de ver el mundo de manera diferente y de estar dispuesto a cambiar nuestro comportamiento en respuesta a eso.
Para poner un ejemplo, queremos ofrecer el programa de inteligencia artificial, pero si la aprobación del registro calificado se demora 18 meses, el programa que propusimos ya será obsoleto. Si queremos ajustar nuestros programas en respuesta a cambios vertiginosos en los sectores económicos, no podemos esperar un año para recibir aprobación para cada cambio porque entonces varias cohortes de egresados estarán ya rezagadas al momento de graduarse.
Esto es lo que los jóvenes nos están pidiendo a gritos a las Universidades. Que entendamos que esta es otra época, con otros retos y necesidades, que los desborda la incertidumbre del futuro porque todo cambia en un parpadear. Debemos prepararlos para ese futuro, no los podemos defraudar. Esto también implica que debemos fortalecer las artes y humanidades, las ciencias sociales, y las reflexiones humanas profundas para consolidar el pensamiento ético y crítico de los jóvenes que liderarán el mundo en la era en la que estamos en real riesgo por el cambio climático, la fragilidad de la democracia y la disrupción de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Actores sociales propositivos y no solo observadores y consumidores, personas cultivadas en su humanidad capaces de la empatía, la compasión y la solidaridad.
En suma, no sólo la calidad de la educación superior, como la entendemos hoy, es prioritaria para que este país avance. Los retos son incluso mayores que éste. La educación debe actualizarse de una manera contundente. No existirán fórmulas que funcionen por una década (como nos pasaba a otras generaciones). Viviremos en un mundo en el que la experimentación es nuestra mejor apuesta. Aprender, pilotear, implementar y evaluar. Trabajar con los sectores económicos de manera más cercana para lograr refinar las competencias de manera permanente, y definir las formas de enseñanza y aprendizaje que nos permitan formar esos jóvenes capaces de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer, y aprender a emprender.
Eso no lo podremos hacer, señora Ministra, señor Presidente, sin una reforma visionaria, que entienda las implicaciones del futuro que nos espera, que piense en los retos que tendrán que enfrentar los jóvenes, más temprano que tarde. Esto requerirá que podamos ser más ágiles, que podamos crear módulos educativos cortos y diferenciales para los pilares de educación académica, formación técnica y tecnológica y para el trabajo y desarrollo humano, que tenga en cuenta trayectorias de vida diversas. Estos módulos deberían poder apilarse para otorgar grados formales y articularse a través de los diferentes niveles. De esta manera las personas pueden lograr empleabilidad que les permita financiar más educación. De otra parte, para lograr estar cerca de la meta de 500 mil cupos propuesta por el gobierno, será indispensable contar con el sistema de educación superior completo. La infraestructura y las características de alta calidad de las universidades no oficiales garantizaría en el corto plazo la capacidad necesaria para el incremento de la cobertura, pero es necesario trabajar juntos.
Hoy más que nunca se debe fortalecer la autonomía universitaria con responsabilidad, una autonomía fundada en la libertad del saber puesto al servicio de la sociedad. Necesitaremos tener la capacidad de abrir rápidamente nuevos programas que atiendan el futuro, revisar programas sin esperar permisos y operar en contextos flexibles apalancados en tecnología y el aprendizaje adaptativo que nos permitan cerrar las brechas de aprendizaje detectadas al final de la educación media, y establecer y estandarizar un nivel mínimo de competencias y aprendizajes en la educación posmedia. Estos procesos más ágiles también nos permitirán trabajar para reducir la inequidad regional en el acceso a educación de calidad.
Las universidades con acreditación de alta calidad por un número mínimo de años deberían estar en capacidad de lograr esto. Necesitamos garantizar rutas de aprendizaje menos lineales y acartonadas y más adecuadas para que los jóvenes puedan cumplir su propósito de vida en este siglo XXI. Necesitamos invertir en capacitación de profesores para adaptar las formas de enseñanza y aprendizaje a estas nuevas realidades, para que estemos en capacidad de experimentar con programas nuevos y crear currículos innovadores. Para que en el aula de clase podamos apoyar la comprensión de los retos globales con programas realmente interdisciplinarios que se entrelazan apropiadamente con las humanidades, artes y ciencias sociales para formar al ciudadano del futuro.
Debemos mantener la educación de este país a la vanguardia, porque el futuro no da espera, y porque mayor acceso a la educación pero sin calidad es una promesa de equidad que incumpliremos. Como universidades queremos seguir contribuyendo al debate, a la construcción democrática del bien común, a través de un diálogo respetuoso que de luces sobre la educación superior que necesitamos en la Colombia del futuro.