¿Qué se sabe de los asesinatos de líderes sociales?

El 14 de enero de 2022, Colombia se estremeció con el asesinato de Breiner David Cucuñame, un menor indígena —ambientalista de 14 años— que perdió la vida a manos de miembros de la columna Jaime Martínez, un grupo armado de disidencias de las Farc. Este hecho, alarmante, se suma a otros 8 asesinatos a líderes sociales reportados durante las tres primeras semanas de este año, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ).
 
Tres días después, la Defensoría del Pueblo reportó 145 líderes asesinados en 2021 y que 70 % de estas muertes violentas se registraron en 7 departamentos: Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. “No podemos ahorrar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad, ni mucho menos para garantizar que los líderes y lideresas puedan seguir adelantando su importante labor en favor del estado social de derecho”, resaltó durante la presentación del informe, Carlos Camargo, defensor del pueblo.
 
Según el estudio  ‘El asesinato de líderes sociales: efecto no intencionado de la sustitución de cultivos de uso ilícito’, este tipo de crímenes se han incrementado en un 480 % con la implementación del Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) creado en el 2016, que tiene como objetivo promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, a través del desarrollo de programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito.

De acuerdo a la investigación, para ejecutar los acuerdos comunitarios y la implementación del PNIS, los líderes sociales se han opuesto a los intereses de los grupos armados ilegales y a sus vez, la sustitución de cultivos ilícitos ha generado desequilibrios en el control del territorio, exponiendo la vida de los líderes comunitarios. “El problema, además, es que se resisten a la expansión de las economías ilícitas de sus territorios”, afirma Lucas Marín Llanes, investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Facultad de Economía, quien también indicó que la implementación de estos planes debe considerar mecanismos de protección especial para los líderes, ya que exponen su integridad al proteger los intereses de las comunidades.

Para Marín, dentro de los resultados del estudio es importante resaltar que estas muertes se han concentrado en municipios con baja densidad de cultivos de coca, lugares en donde los grupos armados se disputan el control territorial.

De acuerdo con el investigador: la sustitución de cultivos ilícitos debe hacerse con el acompañamiento de las fuerzas militares, sobre todo con mecanismos de inteligencia que eviten estas consecuencias no intencionadas sobre la seguridad de las comunidades y de los líderes.