Homicidios en Latinoamérica: ¿qué funciona para combatir la violencia letal?

CSI en el trópico: Evidencia experimental de mejoras en el sector público mediante la coordinación.

Por Michael Weintraub
Director del área de Seguridad y Violencia, Centro de Estudio de Seguridad y Drogas (CESED), Universidad de los Andes

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La mayoría de los estudios sobre cómo prevenir el homicidio evalúan políticas tales como desplegar las fuerzas policiales eficazmente, enfocándose en los lugares más peligrosos, las personas más propensas a cometer homicidios y los comportamientos asociados con la violencia letal. Aunque varias de estas estrategias muestran resultados prometedores (ver el Documento Temático #6 del CESED para una revisión de esta literatura), pocas se enfocan en cómo mejorar la investigación criminal. Por lo tanto, la pregunta en cuestión es ¿por qué importa la investigación criminal?

El modelo clásico de la economía del crimen propuesto por Gary Becker dice que en promedio si uno aumenta los costos esperados de cometer un delito, el crimen debería disminuir. Entonces, es posible que, si un potencial homicida sabe con certeza que tendrá que asumir los costos de matar a alguien, esto lo podría disuadir de cometer el delito. Pero si la probabilidad no solamente de capturarlo sino de judicializarlo exitosamente es baja, entonces no habrá disuasión para cometer el delito y por ende la violencia letal no cesará. Lo que esto quiere decir es que la impunidad produce las condiciones propicias para la comisión del delito. Así las cosas, mejorar los procesos de investigación criminal puede ayudar a superar los problemas de impunidad y prevalencia del crimen violento que afectan a la mayoría de los países en América Latina.

En un experimento económico realizado en la ciudad de Bogotá, Daniela Collazos, Leopoldo Fergusson, Miguel La Rota, Daniel Mejía y Daniel Ortega querían entender cómo mejorar la investigación criminal sobre homicidios. Este blog post resume el trabajo y sugiere la necesidad de replicar estas estrategias en diferentes ciudades colombianas y en otros países de la región.

Colombia tiene un mal desempeño en las investigaciones de homicidios, reflejado en bajas tasas de acusación y de imputación. En 2015, la tasa global de homicidios en Colombia fue de 24 por cada 100.000 habitantes, la tasa de acusación fue del 21,5%, y la tasa de condena (casos con condena sobre de los con acusación) fue del 62%. En Bogotá, la tasa de homicidios fue de 18 por cada 100.000 habitantes, la tasa de acusación fue del 22,4% y la tasa de condena del 74,6%. Estas cifras indican que sólo el 17% de los casos de homicidio producen una condena, incluso en Bogotá, donde la tasa de condenas está por encima de la media del país.

Dadas las tasas de acusación e imputación en Colombia es urgente mejorar la investigación y la judicialización de los homicidios. Con este objetivo en mente, se decidió implementar un experimento aleatorio controlado cuyo objetivo era el de evaluar un cambio en el proceso de investigación de homicidios. La nueva política buscaba mejorar la calidad de la investigación y sus resultados judiciales, mejorando así la articulación entre la investigación inicial de la escena del crimen con las acciones previas al juicio y con el juicio. El experimento asignó aleatoriamente los casos de homicidios a dos grupos: el primer grupo o grupo de “control” mantuvo el proceso “normal” de investigación policial y el segundo grupo de “tratamiento” construyó "brigadas de homicidios", compuestas por un fiscal, 3 o 4 investigadores de la escena del crimen y dos detectives. Cuando estos equipos investigaron un homicidio, se hicieron cargo desde la asignación inicial hasta la audiencia de formulación de acusación, cosa que no ocurría normalmente, pues un mismo caso podía pasar de las manos de unos funcionarios a otros a lo largo del proceso de investigación.

Para medir los resultados del experimento, se usaron encuestas y datos administrativos sobre homicidios reportados a la Fiscalía de Bogotá, entre diciembre de 2015 y mayo de 2019. Dado que algunos procedimientos penales toman mucho tiempo, se optó por analizar los resultados a mediano plazo, implicando que algunos resultados se observaron incluso después de finalizada la fase de asignación aleatoria de nuevos casos. Para analizar los resultados se tomaron dos de las cuatro definiciones de éxito de la investigación de Brookman e Innes (2013): (1) el éxito de los resultados, que se refiere a la identificación, la judicialización y la condena de los sospechosos; y (2) el éxito de los procedimientos, que implica el mantenimiento de la integridad y la calidad de las investigaciones. Estas definiciones captan los principales objetivos del cambio de política en Bogotá, los cuales son mejorar el proceso de investigación para identificar autor del crimen y obtener pruebas suficientes para establecer su culpabilidad ante los jueces.

Los resultados principales del estudio sugieren que el nuevo procedimiento aumentó el conjunto de acciones de investigación que se esperaban de los investigadores en los casos de homicidio. También se realizaron más pruebas y procedimientos forenses en el grupo de tratamiento que en el de control. La magnitud de los efectos es estadísticamente significativa, con incrementos estimados del 22-29% de una desviación estándar del grupo de control. Aunque el grupo de tratamiento parece tardar más en producir una acusación, esto no retrasa la acusación de los sospechosos. Además, el grupo de tratamiento solicita una menor cantidad de prórrogas en la investigación (disminuciones de alrededor del 15% de una desviación típica). Una interpretación coherente con estos resultados es que el grupo de tratamiento hace un análisis más profundo que requiere más tiempo, pero lo completa dentro de los plazos previstos.

Teóricamente, varios mecanismos pueden explicar que este trabajo en equipo aumente en un 30% la efectividad en la condena de homicidios. Primero, se fomenta el trabajo en equipo creando “incentivos sociales”. La presión de los compañeros y la competencia pueden contribuir a motivar a los agentes para que trabajen más y, además, los equipos permiten que se exploten habilidades de cooperación y coordinación. Segundo, la mejora en la productividad en la resolución de casos puede incrementar la retroalimentación que reciben los funcionarios y esto aumenta el esfuerzo de cada uno de los integrantes y reduce los incentivos a no trabajar.

Para medir estos mecanismos, se realizaron encuestas a todos los funcionarios encargados de las investigaciones. Los datos mostraron que los funcionarios en las “brigadas de homicidios” recibieron una mejor retroalimentación, realizaron una investigación más pertinente, eficaz y de mejor calidad y tuvieron una mejor coordinación en el trabajo en equipo. Además, los miembros de las “brigadas de homicidios” estuvieron más motivados, tienen más información y parecen pasar más tiempo con las víctimas.

Urge buscar nuevas soluciones para la región en materia de seguridad y justicia. Mejorar el servicio de policía seguramente producirá resultados, pero esto debe acompañarse de una mejora en el proceso de investigación y judicialización de los sospechosos de homicidio, para lograr ciudades y países más pacíficos. En muchos países, como en Colombia, la investigación criminal y de homicidio, en particular, está desarticulada, pasando de unos funcionarios a otros a lo largo del proceso, reduciendo su efectividad. La experiencia de Bogotá sugiere que mejorar la articulación y consolidar la comunicación y rendición de cuentas al crear grupos de trabajo estables y coherentes, puede contribuir a mejorar la eficacia de la justicia contra estos crímenes. Esto es importante, no solo si valoramos la justicia en sí misma, sino para disuadir a potenciales criminales.