Analizando los retos que tendrá el próximo gobierno de Colombia, surge uno de los más importantes desafíos en materia social, que implica una inaplazable transformación de lo que conocemos como el contrato social, “el acuerdo entre los ciudadanos, el sector privado, la sociedad civil y el Estado para contribuir a un sistema en donde se ofrecen beneficios colectivos”; este es el planteamiento de la rectora de la Universidad de los Andes Raquel Bernal, para el futuro presidente de los colombianos.
 

 




El contrato social, un concepto muy mencionado por estas épocas de agitación social y elección presidencial, se entiende como el acuerdo entre los ciudadanos, el sector privado, la sociedad civil y el Estado para contribuir a un sistema en donde se ofrecen beneficios colectivos.

Es el contrato que decide qué se provee colectivamente y cómo se financia. Su objetivo es maximizar el bienestar de las personas, lograr mayor equidad entre los miembros de la sociedad y aumentar las capacidades de los ciudadanos para tener una vida digna.

Incluye la provisión de bienes y servicios, y también los mecanismos de aseguramiento ante riesgos como pérdida de empleo, enfermedades, incapacidad y vejez. Por ello, abarca típicamente los temas de educación, salud, empleo, y vejez, y, por supuesto, la manera como se financian estos servicios.

Nuestro contrato social vigente contempla un tipo de sociedad que ya no es así: una sociedad en la que existía un solo proveedor por hogar, la mujer cuidaba los hijos, el matrimonio era un evento de más larga duración, los hijos nacían de parejas casadas en su gran mayoría, el proveedor de ingresos tenía una carrera laboral estable en un mismo sector durante toda su vida, y, por tanto, la educación –como existe ahora– era suficiente para lograr una carrera exitosa.

Además, la época de retiro era mucho más corta dada la expectativa de vida en el momento en que el contrato social vigente se definió. Existían en esa sociedad menos preocupaciones por el traslado intergeneracional de responsabilidades y riesgos, como, por ejemplo, el traslado del problema medio ambiental de los mayores a los jóvenes. Finalmente, la inequidad y la exclusión continúan exacerbándose en muchas partes del mundo, sin que el contrato social haya aportado de manera significativa.

Eso implica que un ajuste en nuestro contrato social es indispensable, urgente.

El aumento en la escolaridad de las mujeres y el consecuente crecimiento en la participación laboral femenina a nivel global ha cambiado las circunstancias de manera importante. De un lado, esto ha contribuido de manera muy relevante al crecimiento económico de los países. Se estima que entre 20% y 40% de los aumentos de productividad en todas las economías del mundo, entre 1960 y 2010, se deben al ingreso masivo de las mujeres al mercado laboral.

De otra parte, esto ha implicado que ahora sea muy costoso para las mujeres proveer servicios gratis al cuidado del hogar y al cuidado de los hijos. Por lo cual, el nuevo contrato social debe tener en cuenta la manera en que los hijos e hijas de mujeres trabajadoras deben ser atendidos para potenciar su desarrollo temprano y garantizar el posterior éxito académico.

Los avances en los sistemas de salud y la tecnología han aumentado de manera significativa la expectativa de vida. La población mayor de 64 años supera a la población menor de 5 años por primera vez a partir del año 2018. Esto es importante, porque la población que contribuye impuestos y contribuciones va decreciendo con respecto al tamaño de la población de tercera edad que esos recaudos deben poder financiar.

La tecnología, la inteligencia artificial y el aprendizaje automatizado cambiará los mercados laborales de manera vertiginosa. La automatización afectará al 50% de los trabajos que ahora conocemos en las próximas décadas. La primera ola de innovación tecnológica afectó principalmente la industria, esta nueva ola tendrá también un impacto en los servicios, como los abogados, los contadores, y los analistas financieros.

Finalmente, el tema ambiental y cambio climático ha causado tensiones entre generaciones. Los jóvenes piensan que los mayores estamos haciendo trampa y que ellos no recibirán un planeta que sea habitable de manera sostenible. Esto causa tensiones en las contribuciones que unos y otros quieren hacer al contrato social.

Todo esto implica que es indispensable reconsiderar la educación en razón a la innovación tecnológica que transforma los sectores económicos, las personas deben ahora cualificarse de manera permanente a lo largo del ciclo de vida. La carrera laboral será mucho más larga y requerirá que las personas reorienten su carrera varias veces a lo largo de su vida. La informalidad laboral atrapa a miles de personas en una trampa de pobreza. El cuidado de la salud cambia de manera significativa a medida que vivimos más pero quizás con menor calidad y avanza la tecnología que nos permite extender la vida. Todos estos elementos deben ser abordados de manera coherente por un nuevo contrato social, garantizando maneras de financiar estos acuerdos entre todos.

El nuevo contrato social debe apalancarse en las mejoras económicas y sociales que estos cambios han traído en las últimas décadas a nivel global, pero con un mejor diseño para que todos puedan aprovechar las oportunidades de manera igualitaria, sin excluir a algunos y favorecer en exceso a otros. Las reformas de los sectores educativo, de salud, laboral y pensional son imperiosas en este momento.

Un principio fundamental del contrato social es que todos debemos contribuir. Esto no es un tema del gobierno o de los políticos solamente, es un tema de todos. Y debemos contribuir tanto como podamos, no minimizar el esfuerzo esperando recibirlo todo, sino al contrario.

Como individuos debemos contribuir a través de los impuestos que financian todo lo que se debe ofrecer a través del contrato social. Debemos contribuir de manera honesta y transparente, pagando lo que podemos pagar de acuerdo a nuestro ingreso, entendiendo que la expectativa de vida ha cambiado y que debemos trabajar más para poder contribuir a un contrato social que cuesta más porque la gente vive más tiempo.

Como empresarios, emprendedores y empleados, debemos contribuir al bienestar de las personas que trabajan para nosotros, apoyar su proceso de capacitación personal y profesional, y proveer condiciones que les permitan una carrera profesional digna.

Como hacedores de política pública y políticos, debemos fortalecer el diseño de política pública en la dirección correcta, contemplando la realidad de la sociedad que vivimos en este momento, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.

Como hombres y futuros padres, deben aportar a una cultura más equitativa entre hombres y mujeres, deben apoyar a las mujeres en el hogar y en el cuidado de los hijos para que todos y todas podamos trabajar en condiciones igualitarias. Y para que los hijos puedan disfrutar de los grandes beneficios de tener ambos padres disponibles para optimizar su desarrollo.

Como instituciones de educación superior y académicos, debemos reforzar la formación ciudadana, ética y cívica de nuestros estudiantes para que sean participantes rigurosos del ejercicio democrático y ciudadanos ejemplares de las sociedades en las que viven.

Como ciudadanos debemos participar activamente en el proceso democrático, votar, informarnos, participar en debates constructivos, no difundir noticias de las cuales no estamos seguros y que afectan el ejercicio democrático, y contribuir a comunidades más pacíficas y sostenibles.

 
Esta nota hace parte de nuestro especial: Una Mirada a los retos que enfrenta el país