Los retos del nuevo Gobierno

Desde el 7 de agosto, Iván Duque ejerce como nuevo presidente de Colombia. Duque y su gabinete se enfrentarán a desafíos importantes en materia de salud, paz, justicia y educación, entre otros. Decanos de la Universidad de los Andes hablan sobre estos retos que debe encarar el nuevo mandatario.

Cerrar las Brechas

El nuevo Gobierno recibe un país que viene de sabores agridulces en cuanto a desarrollo social y económico. La tasa de pobreza multidimensional, que mide el porcentaje de familias con carencias en salud, educación y nivel de vida, ha caído de 30,4 % en 2010 a 17 % en 2017, según el DANE. Es un progreso significativo. Sin embargo, mientras un municipio como Envigado tiene un índice de 14,3 %, existen seis municipios en Chocó, Amazonas, Guainía, Vaupés y Cauca en donde dicho índice es 100 %.

Mientras Envigado tiene una tasa de mortalidad infantil de 6,5 muertes por cada 1.000 niños nacidos vivos, la cual se asemeja a la de Estados Unidos o Chile, hay municipios colombianos donde la cifra es de 84 muertes, similar a la de Somalia o Sierra Leona.

El otro caso que evidencia la brecha social que actualmente vive el país ocurre en el Pacífico. En esa región, solo siete de cada mil estudiantes que presentan la Prueba Saber 11, en los más de sesenta municipios del litoral, logran acceder a una universidad. Y de estos siete, solo cuatro estudian en una institución acreditada.

El reto más grande es trabajar por cerrar las brechas. Los promedios nacionales en múltiples indicadores económicos y sociales han visto mejoramientos sustanciales en las últimas décadas. Pero esos promedios esconden detrás profundas diferencias que mantienen a esa periferia alejada del desarrollo y bienestar que estamos viendo en aquellos municipios del centro del país.

La profesionalización de los docentes para reducir la brecha de equidad

El reto estructural que tiene el nuevo Gobierno es reducir la brecha de equidad en el acceso a la calidad en el sistema educativo en todo el territorio nacional. Esto exige dirigir la voluntad política y los recursos necesarios para, en primer lugar, mantener y fomentar el desarrollo profesional docente ampliando la formación de posgrado de los maestros en todo el país, lo que debe ocurrir en programas que desarrollen las competencias para que los maestros indaguen sobre su propia práctica pedagógica, reflexionen sobre ella y la mejoren de manera constante.

En segundo lugar, redireccionar el enfoque en la educación inicial para garantizar el desarrollo y el aprendizaje fundamental en los primeros años de vida. Para esto, hay que continuar asegurando las condiciones estructurales del sistema y diseñar una estrategia de mejoramiento de los procesos pedagógicos. Es necesario promover el desarrollo profesional de maestras y cuidadoras, para reconocer su experiencia y su saber y potenciarlos a los niveles más altos posibles. La meta es llegar a contar con profesionales en este como en todos los niveles de la educación. Estos maestros y maestras deben diseñar ambientes y experiencias que desarrollen el pensamiento simbólico —creativo, lógico y científico—, la autorregulación, el razonamiento ético y el lenguaje.

En tercer lugar, y en el marco de nuestra Constitución y los retos de la Colombia contemporánea, es prioritario focalizar los esfuerzos en el fortalecimiento de la educación rural de calidad para que en los territorios se desarrollen las potencialidades de los individuos, las instituciones y la comunidad. Para ello se requiere, además de garantizar el acceso de sus docentes a la formación de posgrado, acompañar sistemáticamente a las comunidades educativas para que, de acuerdo con cada contexto, los estudiantes, los docentes y las familias, se movilicen en torno al Proyecto Educativo Institucional y promuevan la convivencia pacífica, la productividad, la equidad y la identidad.

Justicia pronta y efectiva

En materia de justicia el próximo presidente tiene un enorme desafío. Se trata de uno de los temas institucionales más importantes del país y, sin embargo, los avances, desde la importante transformación de 1991, han sido lentos e insuficientes. En particular, es indispensable impulsar no solo reformas legislativas, sino políticas públicas para permitir que haya un mayor acceso al servicio de justicia, en especial para sectores vulnerables y rurales.

También es necesario el desarrollo de políticas que afronten el problema de la dilación en los procesos judiciales. Es urgente que la justicia sea pronta y efectiva y que haya certeza y seguridad jurídica para todas las personas. A lo anterior se suma la importancia de impulsar la implementación de medidas que sirvan a la transparencia en la gestión y, especialmente, al control y juzgamiento adecuado de quienes ocupan los más altos cargos. Esto incluye impulsar, de nuevo, ajustes institucionales como el llamado tribunal de aforados.

Esta política de Estado debe diseñarse e implementarse con el protagonismo de la Rama Judicial, pero también de la academia y los sectores sociales.
En cuanto al proceso de paz, tal vez los desafíos más importantes son lograr la consolidación de la paz en los territorios y una verdadera reincorporación de los exguerrilleros a la sociedad y, al mismo tiempo, la reparación de las víctimas y la reconciliación social. Eso supone dar sostenibilidad política y jurídica al acuerdo e implementar las políticas necesarias para lograr estos objetivos.

Finalmente, la Justicia Especial para la Paz (JEP) juega un papel fundamental en el proceso de protección de las víctimas y de reconciliación nacional. Es necesario apoyarla, pues su tarea no es nada fácil y de ella depende, en buena medida, el tránsito a la paz de conformidad con estándares internacionales, es decir, con respeto a los derechos de las víctimas del conflicto. Esa tarea no es menor y ella es la responsable, en parte, de que transitemos a una más sólida reconciliación.

El aporte de la ingeniería al desafío de la paz

Alcanzar la paz que costó cerca de seis años de negociaciones con las Farc tomará varias generaciones, entre otras cosas, porque la violencia que hemos vivido no se debe exclusivamente al conflicto armado. Cientos de desaparecidos, miles de muertos y millones de desplazados son el saldo de estos años. Pero, además, la guerra frenó, de manera lenta y constante, nuestro desarrollo como Nación, pues su existencia sirvió de excusa para no invertir recursos necesarios en educación, salud, generación de empleo e infraestructura.

Acorde con el informe “Gastos de la guerra en Colombia”, publicado por Indepaz y Uniciencia, el Estado gastó cerca de 333 billones de pesos en los últimos 40 años para hacer frente al conflicto. Gracias a los diálogos en La Habana, en dos años, y por primera vez en casi un siglo, el presupuesto del Ministerio de Educación fue mayor que el de Defensa. Esto ha permitido, entre otras bondades, que 40.000 jóvenes de escasos recursos económicos hayan iniciado sus estudios de educación superior en las mejores universidades del país gracias al programa Ser Pilo Paga.

En la implementación del acuerdo las universidades tienen mucho que aportar. Sus estudiantes y profesores constituyen un enorme potencial para proponer ideas innovadoras que faciliten este proceso. Se requiere, entre otras cosas, poner en marcha una reforma rural integral, primer punto del acuerdo de paz, la cual implica diseñar un catastro rural multipropósito; desarrollar una nueva agricultura de precisión, ambientalmente sostenible e incluyente con los pequeños productores y construir vías terciarias que conecten estas modernas fábricas de alimentos con los centros de comercialización.

El uso de nuevas tecnologías de procesamiento de imágenes, el manejo de grandes volúmenes de información en tiempo real para que los pequeños productores puedan tomar decisiones apropiadas (aplicación de lo que hoy se conoce como big data y analytics), la caracterización de nuevos materiales locales para ser utilizados en la construcción de vías terciarias —en un país tan heterogéneo como el nuestro—, el diseño de vehículos autónomos o de tecnología adecuada para el campo, así como el desarrollo de mecanismos de desminado que tengan en cuenta las características particulares de nuestro territorio, son tan solo algunos ejemplos de los aportes que las facultades de ingeniería pueden hacer a la implementación del acuerdo de paz.

La FAO ha estimado que en el 2050 debemos doblar la producción de alimentos para mantener la creciente población planetaria. Por su estratégica posición geográfica, sus vastos e inexplotados recursos naturales y el potencial de su población, Colombia puede liderar una nueva industria global de alimentos ambientalmente sustentable y que funja como motor de desarrollo del campo. Este futuro promisorio requiere, sin embargo, de gobernantes que actúen pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.

Retos en salud para el nuevo gobierno

La salud en Colombia está en crisis y no solamente desde la perspectiva financiera. El Estado debe ser garante de la salud como un derecho social y no actuar simplemente como regulador del modelo. El concepto integral de salud debe ser apropiado, no solo como la responsabilidad en la atención de la enfermedad, sino como la garantía de un marco de seguridad social, calidad de vida y dignidad humana. En este contexto, en el campo de la medicina, los retos del nuevo gobierno deben ser abordados en cuatro dimensiones: el estado de la salud en la población colombiana, la implementación de la ley estatutaria, el tema medioambiental y la formación del recurso humano.

Las enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión arterial, la enfermedad cerebrovascular, el infarto del miocardio y el cáncer, son las primeras causas de mortalidad en Colombia (30 %) y requieren del Gobierno entrante unas políticas de prevención y mitigación del impacto en un grupo poblacional que cada vez se hace más viejo. Es un buen ejemplo, la necesidad imperiosa de abordar el tema de la obesidad y sobrepeso que hoy en día afecta a más del 35 % de la población colombiana y que, sumados al sedentarismo creciente, se han convertido en una amenaza real para el colombiano promedio.

La Ley Estatutaria de la Salud de 2015 es el mayor esfuerzo, después de la Ley 100 de 1993, para garantizar el derecho a la salud centrado en los ciudadanos. Desafortunadamente, las políticas derivadas del modelo integral de atención en salud (MIAS) no han ejecutado a plenitud su contenido. Es papel del nuevo Gobierno poner sobre la mesa el tema de la conveniencia de continuar con la prestación del derecho a la salud a través de un modelo de intermediación financiera, así como reevaluar el tema de la integración vertical, donde las EPS han sobrepasado el umbral del 30 % de red prestadora propia, desfavoreciendo así la red hospitalaria pública. Se estima que la deuda de las EPS contributivas y subsidiadas a la red hospitalaria público-privada puede acercarse a los 3 billones de pesos.

Otro de los temas a los cuales el nuevo gobierno deberá prestar especial atención es el medio ambiente, que se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo para enfermedad respiratoria, cardiovascular y cáncer de pulmón en Colombia. El reto, sin duda, es asumir una posición frente al uso racional de combustibles fósiles como fuente de energía. La reevaluación de la canasta energética colombiana debe privilegiar el tema de la calidad del aire que respiramos.

Finalmente, la formación del talento humano en salud no da más espera y deberá estar en la agenda prioritaria del Gobierno entrante. Identificar y participar en la formación del número de profesionales médicos que se requiere es prioridad. Colombia es el único país de la región, y quizá uno de los únicos en el mundo, que cobra a los médicos generales por su formación posgradual en especialidades médico-quirúrgicas. La tarea será conciliar la oferta académica de calidad con las necesidades de la población y la equidad en la prestación del servicio.

Salud pública, un área estratégica con muchos pendientes

Parte importante de la crisis en el sector salud que actualmente vive Colombia podría tener respuesta en lo débil que, en general, ha sido la salud pública en los gobiernos de los últimos 25 años. Esta es muchas veces confundida con prestación de servicios de salud en la red pública y es un tema casi ausente en la discusión. En este orden, lo primero que debe hacerse es incluirla en la agenda pública y política, y parte de esto implica profundizar en la ejecución del Plan Decenal de Salud Pública y realizar su posterior evaluación, con miras a la formulación de uno nuevo en el cuatrienio que comienza, y avanzar en la implementación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en esencia abordan determinantes o prioridades de la salud pública del país.

Aunque se ha evidenciado un esfuerzo para el desarrollo y la financiación de algunas acciones en salud pública, que a nivel territorial supera el billón de pesos anuales, esto aún resulta insuficiente y muy por debajo de lo que se destina a la atención en salud. Además de incrementar estos recursos se pueden señalar tres prioridades para el próximo cuatrienio: incrementar la capacidad para el funcionamiento de los institutos nacionales (de salud, de vigilancia de medicamentos y de alimentos y cancerología), estructurar e implementar el desarrollo de un programa nacional para fortalecer la gestión territorial de la salud pública y establecer un marco que regule, entre otros, los perfiles, estabilidad y responsabilidades del talento humano en salud pública a nivel territorial.

A partir de lo anterior se podrán enfrentar las prioridades que en materia de salud pública hoy tiene el país, que incluyen la creciente e insostenible carga de las enfermedades crónicas (cardiovasculares, cáncer y diabetes); la poco reconocida, pero grave situación de problemas mentales; el incremento de los incidentes de tránsito con sus altos índices de discapacidad y muerte; el aún serio problema del embarazo en la adolescencia; la vergonzosa mortalidad materna e infantil en ciertas regiones y la reemergencia de problemas infecciosos —o la incapacidad para su adecuado control— como en el caso de la malaria y el dengue. Estos problemas tienden a concentrase en los grupos con mayores desventajas sociales y económicas, lo que afecta no solo su desarrollo, salud y calidad de vida, sino que impide su necesaria contribución al país. Frente a esto, el nuevo gobierno tiene el desafío de implementar políticas públicas de carácter intersectorial, garantizar la adecuada implementación y rigurosa evaluación de las acciones de prevención e invertir recursos para la investigación, innovación y fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y de estudios y encuestas nacionales poblacionales en salud pública.