


El Guaviare es un departamento abundante en recursos naturales, que después de la firma del acuerdo de paz han quedado sin mayor control. Pero, al mismo tiempo, el Estado hace presencia con programas entonces desconocidos, encaminados al desarrollo territorial y a la sustitución de cultivos ilícitos. La investigación “Efectos tempranos de la firma del Acuerdo de paz en el Departamento de Guaviare” realizada por la egresada del Cider, Lina García, analizó los cambios en este departamento.
El estudio muestra cómo en el Guaviare se han dado cambios que no están exentos de paradojas y que han comenzado a mostrar una cara diferente de ese departamento, antes recordado por el conflicto armado y los cultivos de coca. Un ejemplo se relaciona con el control que ejercían las FARC sobre los recursos naturales. El grupo armado resolvía diferencias entre los habitantes y controlaba la deforestación y la pesca indiscriminada. Ahora ya no hay quién controle en esta zona de la Amazonía, una situación paradójica resultante del vacío de poder dejado por la exguerrilla.
Algo similar ocurre con el hueco que se percibe en la administración de justicia. El poder que les daban las armas a las FARC les permitía establecer un orden social, al ser ellos los que resolvían los conflictos de las comunidades. Aunque a un alto costo, los habitantes tenían una autoridad que ya no está.
Otra paradoja resulta del hecho de que el Guaviare tiene áreas protegidas, resguardos indígenas, reservas forestales y áreas de manejo especial, pero las alternativas para la sustitución de los cultivos de coca pueden atentar contra su sostenibilidad. La ganadería, las plantaciones de palma y el turismo han sido vistos como opción, pero han prendido las alertas por no ser ambientalmente amigables.
“Los conflictos que tienen que ver con lo ambiental y lo territorial son candentes” dice García, que además habla de actores que van ocupando estos territorios y la gente no tiene claro a quién acudir cuando hay un problema de tierras o ambiental.
En la sustitución de los cultivos ilícitos es donde los guaviarenses han visto una mayor inversión de recursos. En este punto del acuerdo se planteó la puesta en marcha del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), el cual se inició en este territorio de forma temprana.
Como conclusiones positivas, el estudio ve un fortalecimiento del turismo y la llegada de más educación y atención en salud. Cada uno de estos puntos con varios aspectos por estructurar, en un departamento que inicia una nueva etapa en su historia.
En cuanto al anuncio de la reactivación de las extintas Farc-EP por parte de Iván Marquez, el profesor Vargas ve que, aunque incierto, “es improbable que cambie el modus operandi de las disidencias que se marginaron del Acuerdo en 2017 y que operan en los departamentos de Guainía, Guaviare y Caquetá”. Igualmente, ve trascendental la respuesta del Gobierno y la estrategia que tome, que puede ser la de dar prioridad a inversiones en desarrollo rural y seguridad civil o la de “mano dura”, que llevaría a la “estigmatización de los desmovilizados y la represión contra supuestos 'colaboradores '”.
Este trabajo se hizo gracias a la Convocatoria de Investigaciones para Egresados del Cider y se llevó a cabo dentro del convenio entre la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible y la Universidad de los Andes. Contó con el acompañamiento de Gonzalo Vargas, profesor del Cider.
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