Es hora de que la política ambiental se hable con la de drogas

Tomado de: https://lasillavacia.com/silla-llena/red-verde/hora-de-la-politica-ambiental-se-hable-la-de-drogas-71537


Los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) son uno de los instrumentos disponibles en la política ambiental que le apuestan a la conservación de bosques y la provisión de servicios ecosistémicos. La idea inicial es simple: compradores (globales o locales) de servicios ecosistémicos (secuestro y almacenamiento de carbono; protección de la biodiversidad; protección de cuencas hidrográficas incluso belleza escénica) les pagan a los dueños de las tierras por conservar o proveer servicios ecosistémicos. No es un subsidio. Es un contrato o acuerdo voluntario condicionado al cumplimiento de unos compromisos. El contrato implica monitoreo y seguimiento. El pago (en dinero o en especie) en principio debe cubrir lo que se ganarían los dueños de las tierras con actividades productivas alternativas o usos no deseados: el costo de oportunidad.

Colombia llegó tarde a regular los PSA comparado con otros países latinoamericanos. Solo hasta el 2017 y en el contexto de los Acuerdos de La Habana salió el decreto Ley 870 “Por el cual se establece el Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación”. La novedad en el caso de Colombia son las expectativas de focalización: “El incentivo de Pago por Servicios Ambientales se orientará prioritariamente en áreas y ecosistemas estratégicos con conflictos por el uso del suelo, presencia de cultivos de uso ilícito y de especial importancia para la construcción de paz.” (artículo 8, Ley 870).

En general, y según las evaluaciones de impacto disponibles a nivel global, se ha demostrado la efectividad de los PSA, sobre todo en reforestación. Sin embargo, en ningún país del mundo se ha planteado el uso de PSA para conservar ecosistemas estratégicos en el contexto de economías ilícitas.
¿Pueden los PSA apoyar programas de erradicación y sustitución voluntaria?

En un trabajo reciente liderado por Lina Moros y otros coautores y que saldrá publicado próximamente en Geoforum, analizamos los discursos de PSA basado en la opinión de 40 expertos en el tema. En general todos coincidieron en que los PSA no podrían resolver el problema de los cultivos ilícitos. De acuerdo, es mucho pedirle a los PSA inventados para otra cosa.

De hecho, en términos generales y aunque suena dramático, ni los PSA, ni ningún otro instrumento de política pública, va a lograr erradicar por completo los cultivos de uso ilícito y prevenir “el efecto globo”. Mientras haya demanda por el mercado de cocaína, cuando se reducen las hectáreas cultivadas en una región, aparecerán en otra.

Dicho esto, y dentro del marco de la prohibición, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Desde la política pública es necesario minimizar el daño. Es necesario buscar soluciones puntales e incrementales, en regiones especialmente estratégicas en términos ambientales.
Desde este punto de vista, yo creo que hay una ventana de oportunidad. De hecho, para los cocaleros que sólo están dedicados a la cosecha, el costo de oportunidad no es mucho más alto que otros productos agrícolas. La diferencia es que, con la coca, el mercado está garantizado. Con los cocaleros más integrados verticalmente a la cadena de suministro (producción de pasta de coca), el costo de oportunidad claramente es mucho más alto.

Sin embargo, aun en este caso, los PSA pueden apalancar recursos adicionales en los proyectos de los programas de sustitución o erradicación voluntaria condicionado a compromisos ambientales, especialmente en las zonas de manejo especial: Parques Nacionales Naturales, resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras. En estos territorios, hoy se concentran el 30% de los cultivos de uso ilícito y no es viable hablar de fumigación con glifosato.

En estas zonas de manejo especial, por su importancia cultural, ecosistémica y de biodiversidad, el Estado no puede entrar a fumigar y los programas de erradicación y sustitución no puede entrar como en cualquier otro territorio buscando el producto que va a sustituir la coca sin criterios ambientales. En estos territorios la política de drogas tiene que ir de la mano de la política ambiental sino dañará con el pie lo que arregló con la mano.

Aquí los PSA pueden entrar a apoyar los programas de erradicación y sustitución. No pensando necesariamente en que van a cubrir el costo de oportunidad de la coca, lo cual no siempre es viable, pero sí apoyando el proceso de transición a la legalidad.

 

Aquí hay una oportunidad de articulación entre el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Parques Nacionales, Autoridades Étnicas, Corporaciones Autónomas Regionales, los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Agencia de Renovación del Territorio (ART). Su articulación materializará los lineamientos propuestos en el Documento CONPES 3886.

En este contexto, lanzo algunas ideas para la discusión:

1. La política de drogas necesita reformularse e implementarse con un enfoque étnico donde un punto central debe ser el fortalecimiento de las autoridades tradicionales y la gobernanza de estos territorios. Los PSA pueden apoyar la financiación de los planes de vida o planes etno-territoriales, con una doble condicionalidad: i) compromisos de erradicación comunitaria y ii) compromisos en términos ambientales. En estos contextos colectivos, ambos compromisos deberían ser a nivel comunitario y no de hogar. Esto activa el control social y la acción colectiva local dado que pone en alerta a la comunidad si el vecino incumple.

2. Los PSA condicionados al cumplimiento comunitario de los procesos de erradicación puede financiar la infraestructura o mejoras necesarias para que proyectos agropecuarios, ecoturísticos, e incluso mineros, accedan a mercados que garanticen un sobre precio o compra estable si se cumplen con prácticas amigables con el medio ambiente incluyendo mantener y recuperar la cobertura natural. Esto es muy importante, porque ahora corremos el riesgo de que el cacao, el arroz, el coco o cualquier producto identificado como viable y con un mercado potencial, sea el nuevo motor de la deforestación. Una guía sobre cómo diseñar PSA en el contexto de cadenas de valor se puede encontrar aquí.

3. Los PSA pueden también financiar el periodo “muerto” en que los nuevos productos (que sustituyan la coca) no den cosechas. Por ejemplo, el cacao se demora 3 años en dar su primera cosecha. Aquí los PSA pueden financiar esa transición, nuevamente condicionado a mantener la cobertura natural o proveer algún servicio ambiental.

4. En el caso de los parques nacionales es problemático pensar en proyectos productivos más allá del ecoturismo. Sin embargo, vale la pena volver a discutir si es viable pensar que todas las áreas protegidas deben tener restricción total en el uso, como es hoy el caso. Estudios recientes muestran como en la Amazonia Brasilera, en áreas con mayor amenaza, categorías de protección que incluyen usos sostenibles de los recursos tienen mayor impacto en evitar la deforestación que categorías con restricción total (Pfaff et al. 2013). Ahora, en parques donde esto definitivamente no es viable, los PSA podrían financiar la reubicación de esas familias o la financiación de proyectos productivos en otros predios (fuera del área protegida). Incluso se podría plantear la financiación de títulos de propiedad formal afuera del área protegida, condicionada a mantener la cobertura natural o proveer algún servicio ambiental en un área de amortiguamiento.

5. En los territorios indígenas, además de los usos tradicionales de la hoja de coca, los PSA pueden financiar el desarrollo de productos alternativos lícitos basados en ésta (té, harina, bebidas, etc.). En Perú y en Bolivia, e incluso Colombia pese a las constantes barreras regulatorias, ya hay ejemplos de estos mercados. Por supuesto todo esto se podría condicionar al mantenimiento de los ecosistemas y la provisión del servicio ambiental de interés del programa de PSA.

Las zonas de manejo especial son el ámbito natural de diseño e implementación de PSA si de lo que se trata es de priorizar ecosistemas estratégicos con cultivos de uso ilícito. Aunque la literatura especializada, y el IDEAM, reporta que el impacto directo de los cultivos de coca suele ser menor que otras causas (por ejemplo ganadería), la coca fragmenta y degrada los bosques y más preocupante aún, permite el avance de la frontera agropecuaria. Los cultivos de coca están entrando a zonas muy frágiles, y la coca no llega sola. Llegan nuevos pobladores, carreteras, y asentamientos que mueven aún más la frontera agrícola y detonan nuevos procesos de deforestación.

No podemos esperar entonces a que la coca se convierta en el principal motor de la deforestación en territorios estratégicos en términos ambientales. Es hora de que la política ambiental se hable con la política de drogas. Así como hablan de crecimiento verde, nos toca hablar de sustitución y erradicación verde. Necesitamos que el Ministerio de Medio Ambiente, DNP, y las Corporaciones Autónomas Regionales impulsen, de manera articulada y con una estrategia a largo plazo clara y coherente, los programas de PSA a nivel regional y en zonas de cultivos de uso ilícito como se prometió en el CONPES de PSA 3886 y en la Ley 870 de PSA. Hasta ahora no hemos visto el primero.