Educarse, mucho más que ir a clase

Los Andes ha liderado el proceso para definir el Índice del Derecho a la Educación (IDE). La Facultad lanzará próximamente, en el marco de la alianza Educación Compromiso de Todos, una plataforma digital para consultar el estado de avance del cumplimiento de esa garantía constitucional en el país.

La cobertura de educación media en Colombia es de 80,17 %. Un porcentaje que da cuenta de las inversiones en ese sector, en especial durante los últimos cuatro años, cuando ha ocupado el primer lugar en destinación de recursos del presupuesto general de la nación. Sin embargo, este alentador porcentaje de tasa de cobertura no se traduce en que, en efecto, se esté garantizando el derecho a la educación en el país.

Para mostrar el nivel de cumplimiento de esa garantía constitucional, desde 2013 la alianza Educación Compromiso de Todos —conformada por Empresarios por la Educación, Fundación Corona, Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Antonio Restrepo Barco, Unicef, Corporación Región, Universidad de los Andes, Universidad del Norte y Fundación Terpel— viene trabajado en el diseño del Índice del Derecho a la Educación (IDE).

“Si podemos medir en qué nivel está el cumplimiento del derecho a la educación, podemos identificar dónde estamos fallando: en el nivel educativo de los profesores y el número de alumnos que le corresponde a cada uno, en la tasa de deserción escolar, en la calidad y el tipo de infraestructura o en el acceso a ambientes de aprendizaje dignos, etc.”, dice Hernando Bayona Rodríguez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, y quien lidera actualmente la construcción técnica del IDE.

En diciembre de 2014 se lanzó su primera versión. Se establecieron cuatro dimensiones para abordar: disponibilidad (o asequibilidad), aceptabilidad, accesibilidad y adaptabilidad, basados en la propuesta de la profesora sueca Katarina Tomasevski, abogada de la Universidad de Zagreb y la Universidad de Harvard (ver recuadros sobre qué mide el IDE). Para Colombia, cada dimensión contiene varios indicadores y estos, a su vez, subindicadores. A partir de comentarios de mejora, durante 2016 y 2107, Los Andes inició un proceso de validación de los indicadores que componían cada dimensión. Cerca de 160 expertos del sector educativo de todo el país clasificaron 12 indicadores (compuestos por 85 subindicadores).

“Ha sido una construcción colectiva que le da legitimidad al IDE”, dice el profesor Bayona. Próximamente se darán a conocer los resultados de la medición del sector oficial que abarca las 95 entidades territoriales certificadas en Colombia. Los resultados serán presentados en una plataforma digital interactiva de libre acceso, en donde el usuario podrá consultar el avance de su municipio en cada uno de los diferentes elementos evaluados en una escala de 1 a 100. Este porcentaje muestra en qué nivel se está cumpliendo el derecho a la educación en el aspecto seleccionado.

La medición mundial

Los Andes es la entidad oficial para Colombia que medirá anualmente el índice para el Right to Education Index (RTEI), una iniciativa global de rendición de cuentas cuyo objetivo es que todas las personas, sin importar dónde viven, puedan disfrutar de su derecho a una educación de calidad. El RTEI cuenta actualmente con una plataforma virtual que presenta el progreso de ese derecho en todo el mundo. El RTEI, al igual que el IDE, usa las dimensiones de Tomasevski e incluye una más, la gobernanza, con el fin de identificar algunos elementos claves de las normativas de cada país. Mayor información: https://www.rtei.org/es/

“Para que más entidades gubernamentales y no gubernamentales tomen el IDE como referente para hacer seguimiento al nivel de materialización del derecho a la educación, a la vez que hacen veeduría a la política pública regional y nacional. También se busca que el IDE sea una herramienta para que la ciudadanía ejerza su legítimo derecho al control político”, dice el profesor Hernando Bayona, matemático, pedagogo y doctor en Economía de la Universidad de los Andes. “Es clave partir de la concepción de la educación como un derecho, no como un servicio”, agrega.