Siete meses más para conocer la verdad del conflicto

Con el fin de proteger el derecho a la verdad de las víctimas del conflicto armado colombiano, la Sala Plena de la Corte Constitucional falló a favor de una demanda, acompañada por la Clínica Jurídica Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social - Paiis - de Los Andes y Dejusticia, que pedía extender el tiempo de trabajo de la Comisión de la Verdad por los retrasos provocados por la pandemia.

Los demandantes —las organizaciones de víctimas la Corporación de Personas con Capacidades Diversas (Percadi), la Asociación de Víctimas Unidas por la Vida (Asovida) y los Nodos Antioquia, Pacífico, Caribe, y Sur Oriente de la Red Colombiana de Lugares de Memoria— hacían esta solicitud porque entendían que, por la pandemia del COVID-19, la labor de la Comisión fue interrumpida y tan solo adelantó un 40 % de su trabajo en condiciones normales.

La Comisión de la Verdad es un mecanismo temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que nació en el marco del acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las Farc para contribuir al conocimiento de lo que ocurrió en el conflicto armado (patrones y causas explicativas del enfrentamiento), satisfacer el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad y sentar las bases para no repetición.

“Conocer nuestro relato desde las diferentes voces es lo que nos va a permitir tratar de movernos hacia la no repetición y hacia una reconciliación en donde toda esa diversidad de experiencias de las víctimas sea reconocida”, asevera Juliana Bustamante, directora de Paiis.

Entre las razones alegadas por los demandantes para solicitar la extensión destacan las limitaciones impuestas por la cuarentena, la ausencia de herramienta digitales para realizar entrevistas y eventos en algunos casos y la desconfianza que la virtualidad despertaba entre las víctimas.

“Todo el proceso de la Comisión antes de la pandemia, se había adelantado en unos espacios de confianza que después daban lugar a esos ejercicios sobre verdad. Todo esto se perdió con la pandemia”, explica Bustamante.

Ese es el caso expuesto por Édgar Bermúdez, presidente de Percadi: por la falta de confianza en las plataformas virtuales, varios de los miembros de las Fuerzas Militares, que quedaron con discapacidades por acciones ocurridas en el marco del conflicto armado, no habían querido participar en los procesos de la Comisión.

Finalmente, la Corte reconoció las razones de los demandantes y decidió extender el tiempo efectivo de trabajo de la Comisión hasta el 27 de junio de 2022 —iba originalmente hasta el 28 de noviembre de 2021— y otorgó 2 meses adicionales a la socialización del informe.

“Este fallo es una oportunidad que se le abre a la Comisión para que pueda concluir esos detalles que hacen falta para afinar con rigurosidad este gran informe. Es darle la oportunidad a esas personas que se puedan manifestar libremente”, aseguró Bermúdez.

Los retos que impulsaron la demanda

A finales de 2019, la Clínica Jurídica Paiis, de la Facultad de Derecho, fue invitada por la Comisión de la Verdad para hacer un informe sobre las experiencias de las personas con discapacidad en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. El resultado fue plasmado en Discapacidad y conflicto armado en Colombia: en busca de un relato ausente.

“En este proceso, que se adelantó en un 80 % en la pandemia, encontramos una cantidad de dificultades prácticas para poder recoger los relatos de las víctimas. El trabajo suponía hacer conexión con las víctimas por las diferentes plataformas virtuales, incluso en momentos en donde todos estábamos tratando de descifrar cómo funcionaba la vida virtual. Tuvimos que buscar que en los territorios la gente tuviera esas herramientas, lo cual no siempre pasaba. Además, estas herramientas no siempre son fáciles de comprender y generaban desconfianza”, explicó Juliana Bustamante, que también es profesora de Derecho de Los Andes.

Al extrapolar esa experiencia con ‘un informe concreto y pequeño’ al trabajo de la Comisión, desde la Clínica Jurídica decidieron interponer la demanda.

“El reto que tenemos ahorita es cómo creamos estrategias pedagógicas que nos permitan llegar a más personas, pero sobre todo que se construyan espacios para que las víctimas puedan contar su verdad”, afirma Julio César García, coordinador del nodo Caribe de la Red Colombiana de Lugares de Memoria y uno de los demandantes.