Las labores forenses de búsqueda e identificación de desaparecidos en Colombia

No se puede dudar que hay una relación directa entre la guerra y la desaparición forzada de personas. Bien se puede decir que, cualquiera que sea la modalidad de la guerra, ya sea ésta convencional o no, uno de los efectos manifiestos que produce es la desaparición de personas.

Estas personas pueden ser tanto combatientes activos como miembros de la sociedad civil que se han involucrado de manera directa o indirecta en los enfrentamientos y el conflicto.

En Colombia, la guerra, entendida como la resolución de conflictos por vía de las armas, ha estado presente a lo largo de nuestra historia moderna, desde el nacimiento de la república independiente hasta nuestros días.

La última guerra que en Colombia se ha reconocido y llamado como tal fue 'La guerra de los mil días', que termina en un armisticio político y en la perdida del territorio que luego se llamaría República de Panamá. Esta partición del territorio nacional es de suponer que conllevó la desapareción de numerosas personas de las cuales no hubo luego ni rastro ni notica. Luego, el momento histórico que se ha llamado La Violencia, entre las filas de los afiliados a los partidos Liberal y Conservador, con sus hitos duranto los años 30 y 50, nunca se reconoce como una guerra en sí, incluso si su culminación se logró mediante un armisticio que se materializaría en el Frente Nacional. De la misma manera, laa desaparición de miles de personas durante este periodo histórico no es reconocida.

Con el posterior devenir de los grupos armados conocidos como guerrillas, la guerra irregular y las tácticas de contrainsurgencia que les son propias, no se reconoce la guerra ni el conflicto como tales pero sí aparece la práctica y el concepto de la desaparición forzada como una de las formas de combate y castigo. Así, una caractarística clara del nuevo tipo de conflicto que tenía lugar es que se ponen en marcha practicas asociadas de desaparición, tortura y muerte como instrumentos y armas de guerra.

De esta manera se tipifica, al menos socialmente, la existencia de desaparecidos, y luego se asocia de manera inevitable a víctimas pertenecientes a los actores armados, en especial a miembros de las guerrillas o sus simpatizantes.

El incremento en escala del conflicto, o la guerra, incrementa así mismo y de manera muy notable la desaparación de personas. Lo que se evidencia en el hecho de que en ese momento empiezan a crecer las denuncias sobre casos de este tipo y por lo tanto empiezan a ser visibles como parte fundamental del conflicto. Hay una gran variedad en el tipo de respuestas que se le dieron al fenómeno; van desde afirmar que “los desaparecidos están en el monte”, lo que reconoce de manera implícita su existencia, hasta el equiparlo al secuestro y hasta la negación total del fenómeno.

Cabe resaltar un hecho histórico de capital importancia: la toma de la Embajada de la República Dominicana por un comando del M-19 que se hacía llamar con un nombre que hacía relación a un desaparecido, José Marcos Zambrano. Este hecho lleva al Estado a reconocer de manera pública la posibilidad de la existencia de la desaparición forzada y de la tortura en Colombia.

Con la formulación de la nueva Constitución Nacional de 1991, y como productos de la lucha persistentes de organizaciones de familiares de desaparecidos, hay desarrollos legislativos y de organizaciones del estado que aceptan la existencia de los desaparecidos y crean los organismos encargados de su búsqueda. De esta manera es eneste momento se tipifica la desaparición como delito y nace la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se reconoce en especial la participación de las organizaciones de familiares, y se impulsan los mecanismos de búsqueda urgente y el Registro Nacional de Desaparecidos.

A través de todos estos años de conflicto, las ciencias forenses colombianas, encarnadas de manera especial en el INML, han tenido un papel protagónico en las prácticas de documentación de la tortura y en el reconocimiento de la existencia del fenómeno de la desaparición forzada.

Este papel protagónico deriva de esfuerzos institucionales que estaban y están directamente ligados al desarrollo de métodos y procedimientos forenses de identificación de personas, algo que los forenses colombianos entendieron como fundamentalmente ligado al fenómeno de la desaparición.

Estos esfuerzos son ante todo mecanismos de identificación de los cadáveres sometidos a una necropsia medico-legal. Aunque las normas legales han puesto siempre en cabeza de la autoridad judicial la obligación de identificar a las víctimas, el INML y sus predecesores son la entidad del estado que materializa modos de cumplir con este mandato mediante el desarrollo de la técnicas que le permiten a las mismas autoridades asignar una identidad a los fallecidos.

En concordancia con la organización existente en el Instituto, de oficinas departamentales y una oficina central, entre 1914 y 1991 se crearon archivos de expedientes de cadáveres de manera individual y que registran diferencialmente los años. Como resultado de esta labor existen en la actualidad en los archivos centrales del Instituto registros y expedientes de necropsia desde el año 1947.

Aunado a esta juiciosa labor de registro de los cadáveres se hacieron desde el principio progresivos esfuerzos para la identificación de las personas; de manera inicial por reconocimiento visual por parte de allegados y familiares, y luego mediante estudios de dactiloscopia, en especial en los años posteriores a 1957, cuando se adopta la identificación obligatoria mediante cédula de ciudadanía y registro de huellas dactilares.

De manera adicional, se agregaron los registros de dactiloscopia realizados con fines de identificación criminal y que generaron archivos en los organismos de policía judicial, en especial de la Policía Nacional y del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

Con estas dos fuentes de identificación el Instituto de ese entonces organizó como unidades individuales las oficinas de identificación y de dactiloscopia. Con este esquema se trabajó hasta el año 1991, momento en el que nace el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencas Forenses como entidad autónoma del Estado. Otras técnicas de identificación de personas: la odontología forense, la antropología física forense, la reconstrucción facial y las comparaciones fotográficas fueron ante todo anecdóticas, aunque existentes bajo la denominación de estudios antropo- heredo- biológicos.

Con el nacimiento del INML, de la Fiscalía General y la generalización del conflicto armado y de la violencia asociada al narcotráfico y al paramilitarismo, el fenómeno de la desaparición forzada se convierte en un fenómeno socia de especial relevancia. La décadas de los 80s y 90s son muy ricas en esfuerzos valiosos y experiencias provechosas en la identificación de personas y la búsqueda de desaparecidos. Es en este mometo que se empieza a asociar el proceso de identificación con el proceso de la búsqueda.

Y, también que se satisface la necesidad de establecer registros confiables, pues dos elementos de vital importancia suceden en esos años: la creación del expediente único de personas NN o no identificadas, y la creación de la red nacional de personas NN y de personas desaparecidas. El expediente único de personas NN es una herramienta para uso del forense encargado de las necropsias médico-legales, y la red es una herramienta de organización interna para el registro y búsqueda.

El expediente único introduce un cambio fundamental en el estudio de los cadáveres sometidos a necropsia, pues comienza a verlos de manera integral: categoriza, como diríamos hoy, a las victimas según los signos dejados por hábitos y costumbres, estigmas de uso de drogas, situaciones de abandono; señales de pertenecía a grupos de alta cohesión; ancestro racial; y las llamadas características individualizantes.

De esta manera, se empieza a hacer énfasis en el examen externo más que en el examen interno de los cadáveres, y por lo tanto se inicia la era de las necropsias forenses propiamente dichas, distintas en sus fines y procedimientos de las autopsias médicas, heredadas del sistema de salud y de la ciencia médica académica.

Dentro de este contexto que en el año 1995 se establece la Guía para la practica de autopsias médico-legales, en la que la práctica de identificación de personas cumple un papel claro y relevante. Al mismo tiempo comienza en el Instituto el sistema de Monitoreo de la calidad básica para autopsias médico-legales que permite corregir las falencias en los procedimientos de autopsias y en especial en los casos de personas no identificadas.

Relacionado con esto y como consecuencia de lo sucedido con algunos casos emblemáticos, por ejemplo el de la señora Marina Montoya, se hacen esfuerzos para la supresión de las fosas comunes y se le da inicio a la inhumación estatal de los cadáveres no identificados. Durante esos años hay una evidencia empírica de la relación entre cadáveres no identificados y personas desaparecidas.

Ahora bien, del expediente básico y de la red de desaparecidos surgió por mandato legal el Registro Nacional de desaparecidos. Para esto se diseña el SIRDEC y se establecen bases de datos de cadáveres no identificados y de personas desaparecidas que permiten cruces referenciales que, entre otras, encuentran coincidencias entre los registros.

No obstante, el desarrollo de los procesos forenses necesita conocer una línea del tiempo de los hechos materia de estudio, o de un modus operandi como se dice coloquialmente, lo que se concreta en la necesidad preguntar: ¿como funciona la desaparición forzada?¿Se trata simplemente de dar muerte a una persona y dejar su cadáver sin documentación para que se pierda en la maraña de los muertos por la violencia o hay una sistematización en los procedimientos?

La investigación judicial y la práctica forense fueron estableciendo el concepto de patrón de comportamiento en la desaparición de las personas en Colombia. Los pasos ya se habían dado desde mucho tiempo atrás, y sólo era necesario dilucidarlos al ponerse en práctica de manera masiva.

En la mayoría de los casos fue el procedimiento expedito consistia en: muerte, desmembración de cadáveres, enterramiento ilegal, desenterramiento y de nuevo enterramiento. Por ejemplo prácticas según las cuales los cadáveres de tumbas anónimas eran desenterrados para luego volver a ser enterrados de manera que fuera imposible su localización y entrega.

Dilucidada la práctica de la desaparición, se hizo necesario el diseño de la metodología para contrarrestarla, por lo que se hacen esfuerzos progresivos hasta llegar al diseño de una política para la ubicación, recuperación, identificación y entrega de los cuerpos a sus familias.

De este modo, se establece que en la lucha contra la desaparición forzada no bastan los mecanismos de registro, denuncia y búsqueda urgente llevados a cabo por los organismos de policía judicial, sino que también es de capital importancia el fortalecimiento de la identificación humana como ciencia aplicada en casos de personas fallecidas, o aún vivas y en situación de vulneración de sus derechos.

Cada una de estas actividades tiene sus propios desarrollos y ha sido producto de los esfuerzos de las entidades estatales y de organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales.

Algunas han sido, por supuesto, más acuciosas que otras, y no han faltado contradicciones y discusiones interminables sobre el quehacer y cómo hacerlo.

Aún así, y a pesar de las diferencias, las policías judiciales desarrollan habilidades especiales en la labor de ubicación y recuperación de cadáveres no identificados. Los laboratorios de identificación se han fortalecido de manera notable, y en especial han crecido los laboratorios de antropología y de genética forense.

Este fortalecimiento de los laboratorios ha sido posible por la alocación de recursos específicos para la búsqueda de desaparecidos; en especial el desarrollo del Copes 3590, que les designó recursos a diversas entidades estatales.

En el caso específico del Instituto Nacional de Medicina Legal, se fortalecieron de manera muy notable las capacidades en antropología forense al pasar de un único y limitado laboratorio de antropología a tener seis laboratorios de esta disciplina, y además de pasar tener vinculados tan sólo unos pocos antropólogos, dos o tres en los años 80s, a contar con más de 40 funcionarios en esta labor en este año.

Esto permitió así mismo fortalecer las habilidades mismas de la antropología forense, como herramienta básica en la identificación de cadáveres y en la lucha contra la desaparición forzada.

Asi, se establece el concepto fundamental de AUTOPSIA EN CADAVER ESQUELETIZADO, que implica establecer la causa y la manera de la muerte, la identificación de la víctima, y la recuperación de evidencia. En este modo, deja de ser el examen antropológico un mero ejercicio de morfología para convertirse en elemento de prueba para esclarecer la verdad y ejercer justicia. El laboratiorio práctico de la nueva metodología y concepción científica fueron los casos derivados de la desmovilización de los grupos paramilitares, sistema de JUSTICIA Y PAZ.

El gran volumen de este tipo de casos en estudio y la afluencia de numerosas muestras para estudio de bióloga forense, y en especial para pruebas de ADN, hizo necesario aumentar la capacidad y calidad de los laboratorios de genética forense, en especial en el INML.

En este campo hay numerosos avances, que posibles gracias a la alocación de recursos específicos, a la cooperación internacional y en especial a los propios esfuerzos del instituto.

Así, se aprovecharon las instalaciones existentes y los saberes técnico científicos acumulados en el desarrollo de los convenios con el ICBF, y se creó el Laboratorio de Genética de Restos Óseos en la ciudad de Villavicencio -que con nuevas metodologías de procesamiento de muestras en cadena de producción y con tecnologías aplicables a ADN de pequeñas cantidades es considerado hoy por hoy el laboratorio de genética más avanzado en este campo tanto en Colombia como en Latinoamérica.

En el desarrollo de la Ley de desaparición forzada se establece además la creación del Banco Nacional de Perfiles de ADN para desaparecidos, que al igual que el SIRDEC genera base de datos de perfiles genéticos de cadáveres no identificados, y de familiares de personas reportadas como desaparecidas, con el fin de hacer los cruces técnicos que hacen posible la identificación y el hallazgo de la persona desaparecida. Este banco tiene su sede y es administrado por el INML.

Por su parte la academia ha jugado un papel fundamental en estos desarrollos y en los esfuerzos alrededor de la búsqueda de personas desaparecidas. Los esfuerzos de las facultades de antropología en formar sus estudiantes en antropología física, y el desarrollo de maestrías y doctorados en Genética y Biología Molecular han sido de gran importancia.

En especial porque el concepto de trasferencia y aplicación de tecnología y conocimientos no es necesariamente posible de manera expedita en estas áreas.

Las particularidades de etnicidad, usos y costumbres, geografías y las propias del conflicto colombiano hacen que las metodologías desarrolladas en otras partes del mundo no sean aplicables de manera mecánica.

Solo los desarrollos propios, en especial en antropología, han hecho posible establecer métodos y procedimiento unificados aplicables a la particularidad de nuestros casos. En el caso de la genética forense, por otra parte, si bien los desarrollos de tecnologías han sido desarrollados en centros internacionales, su aplicación práctica es patrimonio específico de nuestros técnicos y científicos y de sus laboratorios.

Como se mencionó al inicio, la desaparición de personas esta directamente asociada al conflicto armado. En el proceso de paz con las FARC, el fenómeno de la desaparición forzada ocupó un capitulo especial.

Los acuerdos firmados en la Habana y que ya están en práctica tienen una piedra medular en la búsqueda de desaparecidos. Aunque menos mediático y controversial, las acciones de búsqueda de desaparecidos en el proceso de paz han tenido y tendrán un peso grande en la consolidación de la paz.

En especial por el hecho incontrovertible de que el proceso de localización, ubicación, recuperación, identificación y entrega de víctimas de desaparición forzada a sus familias, sus allegados y su entorno social y comunal, es un acto de reparación esencial y muy propia de los mecanismos de justicia reparativa. Las víctimas reclaman certezas y verdades: la certeza de tener a sus seres queridos la da la entrega de sus restos y la verdad de lo sucedido con ellos la dan los procedimientos forenses.

Otras verdades como saber el porqué y quiénes fueron los perpetradores, no les corresponde a las ciencias forenses sino, por supuesto, a la justicia del Estado.

La JEP tiene ahí un amplio campo de acción. Unas y otras verdades se irán entrelazando, de unas saldrán elementos que le sirvan a las otras; la experiencia de los procesos en JUSTICIA Y PAZ así nos lo enseñaron.

De los acuerdos en la Habana nació la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas, que hace énfasis en el carácter humanitario del proceso de búsqueda.

Este es un elemento fundamental para la reparación de las víctimas y que pretende que no haya obstáculos de carácter legal para su reparación. Implica necesariamente abrir las posibilidades para que se aúnen esfuerzos desde la sociedad civil, las organizaciones de familiares, la academia y las organizaciones internacionales para la búsqueda de desaparecidos.

Las experiencias de la Cruz Roja Internacional en los últimos años son un insumo muy valioso para el diseño de los nuevos pasos a seguir. Igual lo son el desarrollo del Plan Cementerios desarrollado por el INML y la Fiscalía General de la Nación.

Ante un posible conflicto entre lo expresado en los acuerdos de desligar la búsqueda de los procesos judiciales y centrar el proceso en los humanitario, hay que tener en cuenta que los mismos acuerdos los interrelacionan.

La unidad no puede desconocer la historia y todo lo hecho y construido, que es mucho, ni pueden las instituciones poner alcabalas a la cooperación y esfuerzos conjuntos en la búsqueda de desaparecidos.

La búsqueda de desaparecidos y la erradicación de la desaparición forzada como arma de guerra es una premisa de la solidificación de un estado moderno y de una democracia viva.

Es un pilar para logra un país en donde haya más seguridad y menos represión. No puede ni debe tener tintes de la política electoral, pues es una obligación del estado independiente de quienes estén en el gobierno y cualesquiera que sea la orientación política o ideológica de estos. Así ha sucedido a través de los últimos años y así debería de permanecer.

Un gobierno Liberal impulsó la Ley de tipificación de la desaparición forzada, otro con matices ideológicos distintos creo el CONPES, otro impulsó la creación de la comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas, y otro acuerdó la creación de la Unidad de Búsqueda. Así, otro desarrollará lo acordado –debe de desarrollar lo acordadado. La reparación de las víctimas ha de ser lo fundamental.

No hay razón política, ni económica, ni histórica para que eso no sea así.