Informe de la Comisión de la Verdad: la unión de muchas voces

Estos párrafos abrieron la declaración con la que el presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), padre Francisco De Roux, el pasado 28 de junio, desde el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, hizo un llamado demoledor a Colombia. Una exhortación a la reflexión profunda sobre la necesidad de que miremos y conozcamos las múltiples formas que tomó nuestro conflicto, que nos preguntemos cuál fue el rol, pasivo o activo, de todos los sectores sociales ante el desastre humanitario que se dio por años en el país. 

La Declaración, “Convocatoria a la Paz Grande”, es un llamado en muchos sentidos: un llamado inequívoco a una paz para todas las personas en Colombia y a abrazar, con todas sus imperfecciones, la apuesta que se hizo con la negociación de paz en La Habana; un llamado a acoger nuestra tragedia con miras a la no repetición; un llamado particular a la juventud colombiana para apropiarse de su futuro, conociendo lo que ha ocurrido en su país; un llamado a profundizar nuestra democracia; un llamado a terminar con la exclusión por clase, raza o cualquier condición diversa. 

El Informe es un conjunto de muchos productos virtuales y escritos y varios capítulos que iremos conociendo en las próximas semanas y que son el resultado de lo que la propia Comisión califica como un proceso social que se hizo con una perspectiva territorial, a través de las 11 macrorregionales que se crearon alrededor del país para incorporar las voces de los territorios en el trabajo de la Comisión, así como también las de las personas exiliadas en el extranjero. En esa medida, el Informe es una composición polifónica de relatos -y no simplemente una historia lineal y unívoca- contados desde las perspectivas de quienes los vivieron de primera mano, particularmente las víctimas, pero también recogiendo las voces de perpetradores y responsables que participaron en muchos de los espacios restaurativos que la Comisión creó, en la que el diálogo entre víctimas y victimarios permitieron la construcción de relatos humanos, en muchos casos reparadores, que contribuyen a transformar relaciones y que tienen una vocación de reconciliación, aunque esa sea una pretensión que no siempre se logre. 

PAIIS, el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, empezó a trabajar con la CEV muy temprano, incluso cuando aún no tenía sede. En un principio, PAIIS entró a participar de la iniciativa de una Mesa Intersectorial de Discapacidad que incorporara desde el área de curso de vida y discapacidad de la entidad la voz de personas con discapacidad, organizaciones y academia en la construcción de relatos en torno a este fenómeno dentro del conflicto.

Imagen AFP 

De estas primeras conversaciones surgió el evento auspiciado por PAIIS denominado “Enfoque de Discapacidad en las Entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, en el cual, en abril de 2019, apenas cinco meses después de la instalación de la CEV, se generó un diálogo entre las cabezas de las entidades del Sistema Integral con actores relevantes del movimiento social de la discapacidad, entidades públicas, academia y activistas para darle contenido al mandato de trabajar con ese enfoque diferencial desde cada entidad. Nunca antes se había generado una reflexión de este tipo y con el tiempo vimos que, en cumplimiento con el mandato de la ley de víctimas y los acuerdos de paz, pero recogiendo mucho de los debates que allí se tuvieron, el enfoque en las tres entidades fue instalándose y desarrollándose.

Sin embargo, como bien sabemos, los eventos son formas de visibilizar temas, pero requieren mucho trabajo anterior o posterior, que es la herramienta real de transformación. Fue así como PAIIS adelantó dos procesos paralelos para seguir avanzando en la incorporación de la población con discapacidad en los trabajos de las tres entidades para la paz, en un contexto especialmente relevante, dada la expedición en agosto de 2019 de la ley de capacidad legal de las personas con discapacidad, que cambió el paradigma desde le derecho frente a las relaciones jurídicas con esta población, reconociendo su capacidad plena para decidir en todos los aspectos de su vida.  

Así, por solicitud inicial de la JEP a fines de 2019, construimos una “Guía Práctica para la Aplicación del Enfoque de Discapacidad en las entidades del SIVJRNR y otras entidades que trabajan con víctimas del conflicto” que plantea unos elementos clave para tener en cuenta al momento de que haya casos o circunstancias que involucren personas con discapacidad en cualquier calidad. Un aspecto fundamental tiene que ver con el momento de adquisición de la discapacidad para dar la dimensión del hecho victimizante: no es lo mismo que el hecho victimizante se cometa contra una persona que ya tiene discapacidad y que la discapacidad surja del hecho victimizante. La guía fue circulada entre todas las entidades y socializada virtualmente.

Por otro lado, y con una pretensión más ambiciosa, en conversaciones con la CEV decidimos construir un informe sobre la evolución del tema de la discapacidad en el conflicto armado, en Colombia. El texto, llamado “Discapacidad y conflicto armado en Colombia: en busca de un relato ausente” , concluye que este es un tema que no ha estado presente de manera suficiente en el debate público, haciendo un análisis teórico e histórico del tema. Este documento se construyó casi en su totalidad en el contexto de las medidas de aislamiento por la pandemia, lo que implicó enormes dificultades para recoger relatos de víctimas que no estaban cómodas con los nuevos formatos virtuales. A pesar de ello, es una pieza muy completa del tema de discapacidad y conflicto armado y sirve de referente frente a lo que se ha hecho y lo que se necesita hacer en materia de política pública de víctimas con discapacidad en Colombia.

Foto: Felipe Cazares 

Fue precisamente a raíz de la experiencia de la construcción de este Informe, en un contexto tan adverso como el de la pandemia, que desde PAIIS tuvimos la iniciativa de promover la demanda contra la constitucionalidad del plazo de trabajo de la Comisión, por un hecho imprevisible y sobreviniente -la pandemia- que hizo imposible el cumplimiento del mandato, según lo previsto por los acuerdos de paz. Así, en alianza con la Red Colombiana de Lugares de Memoria, Asovida, Percadi y DeJusticia, presentamos una acción ante la Corte Constitucional que, en octubre de 2021, acogió nuestras pretensiones, extendiendo el plazo de trabajo de la CEV por 7 meses más, añadiendo 2 meses adicionales para la socialización del Informe, que están corriendo desde el pasado 28 de junio.

 La extensión del plazo le permitió a la Comisión consolidar un producto más sólido y rico y preparar el proceso de socialización con mayor cuidado y detalle. Además, el contexto político actual, habiendo superado ya la campaña presidencial y, más aún, con un Presidente que le apuesta a la construcción de paz, plantea un contexto mucho más favorable para la entrega del Informe de lo que hubiera sido en noviembre de 2021.

Los cuestionamientos que se han generado alrededor del Informe tienen poco que ver con el contenido y metodología que precedió su entrega. La coyuntura política que aún evidencia profundas divisiones ideológicas ha llevado a que algunos sectores estigmaticen un documento que no conocen y que no han leído de forma comprensiva. El Informe, cuyos hallazgos más graves fueron expuestos por el Padre De Roux en el lanzamiento, está hecho a partir de un acervo documental y testimonial muy sólido, que se nutre de miles de declaraciones, aportes de organizaciones, víctimas y activistas, que muestran un trabajo serio y responsable de parte de una entidad que tuvo todo el viento en contra. 

Gracias a la convicción de los y las comisionadas, el equipo de trabajo, los aliados que apoyamos su trabajo y la determinación de la comunidad internacional por contrarrestar la subestimación que enfrentó de parte del gobierno, la Comisión de la Verdad le deja a Colombia un documento de incalculable valor histórico, cultural y pedagógico que debe difundirse lo más ampliamente posible. Se trata de piezas de verdad y memoria que le dan voz a esas personas siempre excluidas y siempre violentadas, cuya participación en este proceso constituye una herramienta indiscutible para mirar lo que nos ha pasado, con la posibilidad de que ese conocimiento promueva la no repetición de nuestra tragedia y nos permita transitar hacia la reconciliación social. 

Para PAIIS, como testigo de primera mano de este trabajo, que dio lugar a la creación del Semillero de Memoria y Paz de la Facultad de Derecho, ha sido un honor apoyar los esfuerzos de la Comisión y desde ambos escenarios seguiremos trabajando y haciendo pedagogía creativa, accesible e incluyente dirigida a todas las personas en Colombia. Bienvenido el Informe Final y el trabajo que entre todos y todas debemos hacer.