![Discapacidad: el relato ausente en el conflicto armado Foto de integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia en la Carrera de los Héroes.](https://uniandes.edu.co/sites/default/files/discapacidad-n.jpg)
03/03/2021
Discapacidad: el relato ausente en el conflicto armado
A pesar de las numerosas víctimas del conflicto armado en situación de discapacidad, su relato de lo ocurrido y el enfoque diferencial que debería ser adoptado por las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición necesita un mayor desarrollo, para que la atención a esta población tenga como prioridad los derechos de esta población, así lo manifestó la clínica jurídica Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social PAIIS, de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, en un informe sobre discapacidad y conflicto entregado a la Comisión de la Verdad para que sea tenido en cuenta en su documento final.
“Seguimos viendo actitudes que desconocen el valor de esta población a la cual se le sigue abordando desde el déficit y no desde una diversidad que enriquece a las sociedades. El reto que el mundo, y en particular Colombia, se ha trazado a partir de la convención de los derechos de las personas con discapacidad es entenderlas como iguales y verdaderos sujetos de derecho”, aseguró Juliana Bustamante, directora de PAIIS, en el evento de entrega simbólica del documento.
En Discapacidad y conflicto armado en Colombia: en busca de un relato ausente, los investigadores de la clínica jurídica exponen los resultados de un estudio de más de un año que incluyó entrevistas a víctimas, miembros de organizaciones sociales y funcionarios de instituciones públicas, así como la revisión de numerosos documentos relacionados con el tema.
“Se tiende a percibir que el enfoque diferencial de discapacidad en el acuerdo está formalmente incluido, pero tímidamente desarrollado. Esto ha creado una serie de retos y barreras para esta población”, afirmó Alejandro Mendoza, estudiante de PAIIS y uno de los investigadores.
Estos obstáculos van desde dificultades en el acceso a los sitios de reunión hasta el desconocimiento de sus familias como víctimas del conflicto armado.
“Encontramos que para acceder a los puntos de encuentro siempre tocaba hacer escalas o nos tenían que cargar. Pero a nosotros, las personas con discapacidad, no nos gusta. También programan las reuniones muy temprano en la mañana, sin tener en cuenta que nos demoramos bastante en arreglarnos, por lo cual, por más que madruguemos no llegamos a tiempo, pero siempre llegamos”, relató Gloria Urrego, sobreviviente del conflicto armado con discapacidad que trabaja desde las organizaciones sociales por la construcción de paz en Colombia y una de las invitadas al evento de presentación del informe.
Por su parte, Édgar Bermúdez, presidente de Corporación Personas con Capacidades Diversas –quien perdió la vista en un enfrentamiento con grupos armados al margen de la ley cuando formaba parte de los escuadrones móviles de carabineros de la Policía Nacional–, aseveró que existe una falencia en la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas, porque no se reconoce a las familias de las personas en discapacidad como víctimas del conflicto armado, a pesar de sus secuelas sicológicas y de su dedicación a la atención de la víctima.
Para Paula Gaviria, primera directora de la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas y actual directora de la Fundación Compaz, se necesita más visibilidad, mayores espacios de participación con garantías y condiciones para ello. En los territorios debe haber una mayor inclusión en las distintas acciones y espacios de discusión que se desarrollan. Es decir: reforzar la mirada de derechos y no la mirada asistencial, de caridad y compasión.
Por estas razones, y con el fin de abrir espacios de diálogo, PAIIS también creó un espacio en su portal web (paiis.uniandes.edu.co) en donde se encuentra el informe y, además, todas aquellas personas que deseen, pueden enviar sus ideas, historias o reflexiones y así participar de forma activa en la construcción de un relato más amplio y diverso de la discapacidad en el conflicto armado en Colombia.
“Todo lo que hay que decir no es fácil de documentar y reforzamos la noción de que promover una participación real de las personas con discapacidad en la historia de nuestro conflicto debe empezar, en primer lugar, por el reconocimiento de que somos una sociedad que sigue manteniendo una postura frente a ellas, que está mucho más cerca de la compasión y el asistencialismo que el reconocimiento de los derechos humanos de una población vulnerable de especial protección constitucional”, concluyó Bustamante.
“Seguimos viendo actitudes que desconocen el valor de esta población a la cual se le sigue abordando desde el déficit y no desde una diversidad que enriquece a las sociedades. El reto que el mundo, y en particular Colombia, se ha trazado a partir de la convención de los derechos de las personas con discapacidad es entenderlas como iguales y verdaderos sujetos de derecho”, aseguró Juliana Bustamante, directora de PAIIS, en el evento de entrega simbólica del documento.
En Discapacidad y conflicto armado en Colombia: en busca de un relato ausente, los investigadores de la clínica jurídica exponen los resultados de un estudio de más de un año que incluyó entrevistas a víctimas, miembros de organizaciones sociales y funcionarios de instituciones públicas, así como la revisión de numerosos documentos relacionados con el tema.
“Se tiende a percibir que el enfoque diferencial de discapacidad en el acuerdo está formalmente incluido, pero tímidamente desarrollado. Esto ha creado una serie de retos y barreras para esta población”, afirmó Alejandro Mendoza, estudiante de PAIIS y uno de los investigadores.
Estos obstáculos van desde dificultades en el acceso a los sitios de reunión hasta el desconocimiento de sus familias como víctimas del conflicto armado.
“Encontramos que para acceder a los puntos de encuentro siempre tocaba hacer escalas o nos tenían que cargar. Pero a nosotros, las personas con discapacidad, no nos gusta. También programan las reuniones muy temprano en la mañana, sin tener en cuenta que nos demoramos bastante en arreglarnos, por lo cual, por más que madruguemos no llegamos a tiempo, pero siempre llegamos”, relató Gloria Urrego, sobreviviente del conflicto armado con discapacidad que trabaja desde las organizaciones sociales por la construcción de paz en Colombia y una de las invitadas al evento de presentación del informe.
Por su parte, Édgar Bermúdez, presidente de Corporación Personas con Capacidades Diversas –quien perdió la vista en un enfrentamiento con grupos armados al margen de la ley cuando formaba parte de los escuadrones móviles de carabineros de la Policía Nacional–, aseveró que existe una falencia en la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas, porque no se reconoce a las familias de las personas en discapacidad como víctimas del conflicto armado, a pesar de sus secuelas sicológicas y de su dedicación a la atención de la víctima.
Para Paula Gaviria, primera directora de la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas y actual directora de la Fundación Compaz, se necesita más visibilidad, mayores espacios de participación con garantías y condiciones para ello. En los territorios debe haber una mayor inclusión en las distintas acciones y espacios de discusión que se desarrollan. Es decir: reforzar la mirada de derechos y no la mirada asistencial, de caridad y compasión.
Por estas razones, y con el fin de abrir espacios de diálogo, PAIIS también creó un espacio en su portal web (paiis.uniandes.edu.co) en donde se encuentra el informe y, además, todas aquellas personas que deseen, pueden enviar sus ideas, historias o reflexiones y así participar de forma activa en la construcción de un relato más amplio y diverso de la discapacidad en el conflicto armado en Colombia.
“Todo lo que hay que decir no es fácil de documentar y reforzamos la noción de que promover una participación real de las personas con discapacidad en la historia de nuestro conflicto debe empezar, en primer lugar, por el reconocimiento de que somos una sociedad que sigue manteniendo una postura frente a ellas, que está mucho más cerca de la compasión y el asistencialismo que el reconocimiento de los derechos humanos de una población vulnerable de especial protección constitucional”, concluyó Bustamante.
Reviva el evento de entrega del informe
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