Aunque la comunidad se reúne con varios profesores, no lo hacen para recibir clase, sino para entablar un diálogo de saberes sobre cuestiones jurídicas. Estos encuentros son parte de un proyecto de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, en que líderes de los consejos comunales de seis departamentos del Pacífico colombiano se reúnen para hablar sobre justicia, derechos territoriales, protección de líderes y participación política afro. Con este han aprendido sobre sus derechos étnicos y han tomado acción para defenderlos.
En el proyecto 120 líderes han recibido conocimiento y acompañamiento jurídico, con el que han podido apoyar a sus comunidades. La iniciativa es liderada por Libardo José Ariza Higuera, profesor y director del Área de Derecho Constitucional de la Universidad y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID).
Este se realiza con comunidades del Chocó, Putumayo, Córdoba y Valle del Cauca y de algunas regiones del Pacífico nariñense, Urabá antioqueño, Montes de María y el norte del Cauca.
Hay tres momentos claves en el programa. Después de que son elegidos, algunos líderes de los consejos comunales se reúnen con sociólogos, abogados y antropólogos para hablar e identificar necesidades jurídicas primordiales de las comunidades afrocolombianas. "Detectando esos temas concertamos los casos que vamos a estudiar con las comunidades, y en ese proceso de estudio realizamos los programas de formación”, explica Ariza, quien es doctor en derecho de la Universidad de Deusto (España).
La tercera etapa es la de tomar acciones. Entre todos miran las posibilidades estratégicas para judicializar esos casos, para tener respuestas prontas y victorias rápidas.
Exención del servicio militar
Uno de los resultados del trabajo fue la sentencia de la Corte Constitucional C-433 de 2021, donde se adicionó a las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palanqueras a la excepción de los pueblos indígenas de prestar el servicio militar y la cuota de compensación militar.
En este caso trabajaron casi dos años, e incluso un mes después de dictada la sentencia el Ministerio de Defensa pidió que se aplazara a través del recurso de nulidad, alegando que el pie de fuerza de la policía, el Inpec y las fuerzas militares se reducía significativamente y podrían tener problemas para su funcionamiento. Pero esta fue negada.
“Es obligación del Estado proteger y promover el desarrollo de las comunidades étnicas y culturalmente diferenciadas”, anota Ariza. Estas han sufrido de exclusión y falta de acceso a los bienes y servicios del Estado social de Derecho y el enviar parte importante de sus miembros jóvenes al ejército las puede poner en mayor riesgo.
La acción pública se presentó junto a los consejos comunitarios de Nariño, Putumayo, Chocó, Cauca, Urabá Antioqueño y Córdoba.
Todavía queda mucho trabajo al respecto, “hasta ahora no existen todavía protocolos claros del Ministerio de Defensa ni de los distritos militares en los territorios en los cuales se esté implementando las órdenes de la Corte. Entonces la sentencia todavía está en mora de ser cumplida en toda su dimensión”, dice Ariza.
Calles de Quibdó, Chocó. Foto: Felipe Cazares
La protección de los líderes
A los problemas económicos de estas comunidades se suman los de orden público. Por eso fue significativa la acción de tutela presentada que buscaba el amparo de un líder amenazado por grupos al margen de la ley, que no tenía atención de la Unidad Nacional de Protección. La Corte Constitucional la adicionó a la sentencia en que declara un estado de cosas inconstitucionales respecto a líderes sociales.
El tema de la protección de los líderes está muy ligado a la participación política, que no ha podido desarrollarse plenamente en estas comunidades. Al respecto comenta Ariza: “Una de las preocupaciones fundamentales es que la voz de las minorías nacionales no se sienta solamente a través de las circunscripciones especiales, sino en un foro parlamentario más amplio”
El proyecto también cuenta con el apoyo de Chemonics International INC, Sucursal Colombia y el Programa de Justicia Inclusiva.
Este diálogo con las comunidades afro continúa con una tercera etapa en que se incluirán dos sitios nuevos: Montes de María (Bolívar) y Buenaventura (Valle del Cauca), donde se tendrá un foco especial. Así se continuará con la formación y empoderamiento de los líderes y sus departamentos.