Desaparecidos, deuda histórica con las víctimas

Marcela sigue esperando. Aunque se mudó de ciudad, aunque hace más de una década se vale por sí misma, aunque todo le diga que él no va a volver jamás, que lo más probable es que esté muerto, 16 años después sigue esperando: su papá desapareció el 10 de marzo del 2002 pero ella aún lo espera.

Habla con un dolor contenido pero evidente. Se le ve en los ojos, se le escucha en la voz. Pregunta si hay algo peor que esa incertidumbre. Si al menos tuviera una tumba que visitar, dice con amargura. Ella tenía 15 años cuando un grupo paramilitar compuesto por ocho hombres bajo el mando de Martín Llanos irrumpió en la finca donde trabajaba don José Roselino Granados y se lo llevó.

Él era un campesino en medio de la disputa territorial entre la guerrilla de las Farc y los paras y nunca creyó que tenía que pagar las consecuencias de una guerra que no era suya y por eso no abandonó el municipio de Chámeza, en Casanare, aunque le habían advertido de la tormenta que se avecinaba.

Marcela tuvo que huir de su tierra natal y llegar a Bogotá sola. Desde entonces su calvario y el de su familia no ha tenido pausa.

Ella dice que ha aprendido a vivir como en piloto automático: todos los días se levanta, da los buenos días, trabaja, estudia, almuerza, usa el transporte público, pero todos los días piensa en que lo que le pasó a su papá no puede ser normal en ninguna parte del mundo, que Colombia tiene que poder cerrar ese capítulo espeluznante de los desaparecidos.

Décadas de horror

Medicina Legal y el Centro de Memoria Histórica coinciden en que la cifra de víctimas de desaparición forzosa en Colombia es de 82.998 entre 1958 y noviembre 15 del 2017.

Si todas esas personas fueran reunidas en el nuevo estadio Maracaná de Brasil, 4.160 se quedarían por fuera.

Sin embargo, Medicina Legal revela que la cifra puede alcanzar las 200.000 personas, por la falta de registro y denuncia de muchos familiares y allegados.

De acuerdo con el Centro, del total de las desapariciones se conoce el autor del crimen en 42.471 casos. Los grupos paramilitares fueron responsables de 26.475, entre las que debería estar incluida la del papá de Marcela; guerrillas, 10.360; grupos posdesmovilización, 2764; agentes de Estado, 2.484 y agentes de Estado con grupos paramilitares, 388.

Según miembros del Centro de Memoria Histórica, conocer estas cifras ha sido un triunfo porque se les facilita dar rostro a los responsables de este crimen y así avanzar en la identificación de las víctimas, para ofrecer una respuesta a las miles de familias que desconocen el paradero de sus seres queridos. De hecho, el tema de los desaparecidos fue uno de los que se discutió en la mesa de diálogo con las Farc, en Cuba.

En el punto dos sobre el Acuerdo de las Víctimas del Conflicto, se consignó la creación “de una unidad especial de alto nivel que tendrá el mandato de dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales para la búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, para su localización y la entrega digna de sus restos”.

Una vez se firmó el acuerdo de paz, quedó establecida la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dirigida por Luz Marina Monzón, una abogada con estudios en las universidades Gran Colombia y Externado y quien ha trabajado por más de 20 años en la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada.

Los retos no son pocos. Claudia Delgado, profesora de Investigación Criminalística de la Universidad de los Andes, explica que avanzar en la búsqueda e identificación de los desaparecidos requiere voluntad política y participación de distintas instituciones gubernamentales y de asociaciones de víctimas. Además, se necesita el apoyo de profesionales de áreas como antropología forense, arqueología, genética y biología, así como de odontólogos y fotógrafos.

Juan Felipe Berrío, asesor forense del Comité Internacional de la Cruz Roja Delegación Colombia y egresado de Antropología de Los Andes, explica el papel de esta disciplina en los retos del país frente a los desaparecidos. “Muchas víctimas fueron inhumadas, bien sea en fosas clandestinas o en cementerios oficiales.

Es por esto que la antropología forense ha venido jugando, casi siempre de manera silenciosa, un papel muy importante en la exhumación, análisis, identificación y entrega de los restos mortales a sus familiares. Esto permite a las familias, a las comunidades y al país en general, saber qué pasó, conocer la verdad, que es algo fundamental para poder pasar la página”.

Pero el trabajo del antropólogo es solo una parte del total. Berrío precisa que se requiere un grupo interdisciplinario, bien sea en campo o en el laboratorio.

“El equipo básico para trabajo en campo en una exhumación consiste en antropólogo o arqueólogo, fotógrafo, topógrafo y auxiliar de campo. También es de gran importancia trabajar de manera coordinada y constante con los investigadores judiciales y las autoridades correspondientes, quienes pueden aportar información relevante sobre los hechos. Para el trabajo en laboratorio de antropología es necesario conformar un equipo con médicos, odontólogos, genetistas, fotógrafos y balísticos que ayudan a determinar causa y manera de muerte, así como el perfil osteobiológico (edad, sexo, estatura) y las características de los restos humanos analizados”.

Por otro lado, Luz Adriana Pérez Sepúlveda, egresada de Biología de Los Andes y genetista del Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (EQUITAS), señala que además del grupo de profesionales que trabajan en la identificación de las víctimas, en Colombia “existen cinco laboratorios estatales, sumados a los laboratorios privados” en los que se analiza el material recolectado; “sin embargo es necesario fortalecerlos, tanto en tecnología como en personal capacitado”, para asumir el reto de la personalización de las víctimas.

Y aunque el panorama parece abrir un sendero de esperanza, lo cierto es que los expertos coinciden en que las heridas que llevan tantas décadas abiertas no van a cerrarse en los años próximos. Aparte de la labor de profesionales como Claudia Delgado, Juan Felipe Berrío y Luz Adriana Pérez Sepúlveda, se requiere acompañamiento sicológico para los familiares, que, como Marcela, siguen sufriendo la ausencia de las personas a las que aman. También urge una política de reconciliación nacional, que le facilite a Colombia cerrar parte de uno de los capítulos más dolorosos de su historia.

Las investigaciones sobre violaciones a los Derechos Humanos, y especialmente los crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada de personas, requieren no solo de una minuciosa investigación de los hechos por la Fiscalía General de la Nación, sino de la participación activa de las víctimas.

Estas últimas, sin duda, siempre aportan información valiosa y son el eje esencial de los parámetros de búsqueda de verdad, justicia y reparación a los que tienen derecho. La investigación de casos de desaparición forzada necesita tiempo, recursos y personal especializado y también el aporte de diferentes ciencias forenses como la antropología, la arqueología, la entomología, la geología, la odontología, la patología, la balística, la biología y la química.

De manera integral, científica e interdisciplinaria, ellas permitirán tanto el hallazgo de los cuerpos de las personas desaparecidas, como su identificación fehaciente y la reconstrucción del modo, tiempo y lugar de los hechos en que se llevó a cabo este atroz crimen.

Así mismo, ciencias relacionadas con el comportamiento humano y la criminología, como la sociología, la antropología sociocultural y el trabajo social, son determinantes para la reconstrucción de perfiles criminales, especialmente teniendo en cuenta que los victimarios (paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, etc.), tenían y tienen modus operandi diferentes.

Dentro de estas ciencias, el papel de la psicología forense es fundamental, pues no solo aporta respecto a la búsqueda e individualización de los victimarios, sino que es el soporte primordial para que las víctimas puedan llevar a cabo el proceso de duelo, superen parcial o totalmente el estrés postraumático por la pérdida de su ser querido y puedan retomar, en cierta forma, la normalidad de sus vidas.

El Estado tiene la obligación de brindar a las víctimas un apoyo psicosocial durante y después del proceso, pero también de realizar una investigación certera, con la mayor celeridad posible y agotando todos los recursos científicos disponibles. Solo con la aplicación de todas las ciencias forenses disponibles, su análisis integral e interdisciplinario y una investigación coordinada, metódica y profunda, el Estado Colombiano, con el apoyo de la comunidad internacional, las ONG científicas y de víctimas y la academia, logrará llevar a cabo la búsqueda, localización, recuperación de cuerpos y evidencia relacionada, así como la identificación de la mayoría de las víctimas y de los victimarios, en el marco del posconflicto y de los casos actuales que lamentablemente se siguen cometiendo en todo el país.