Proyectos colectivos, una salida al estallido social

Repensar el contrato social en términos de la relación entre el Estado y la ciudadanía es una de las propuestas que sugieren profesores del Departamento de Ciencia Política, de la Universidad de los Andes. Una propuesta que surge en medio de un momento histórico para el país que se ha visto envuelto durante casi dos meses en marchas y protestas, producto del descontento de la población, la desigualdad, la violencia y el crecimiento de la pobreza, en medio de una pandemia.

A este sentimiento ciudadano también se suma una caída en la confianza en las instituciones y en la democracia desde hace 8 años, de acuerdo con cifras del Observatorio de la Democracia. De hecho, la confianza pasó de un 60 %, en el 2012, a un 20 % en los últimos años. “Debemos volver a pensar en la importancia de las instituciones y convencer a la gente de que son importantes, además de resolver las necesidades construyendo proyectos colectivos desde abajo con proyección en el futuro y no solo con miras a las próximas elecciones”, explica Juan Carlos Rodríguez, codirector del Observatorio.

El investigador también alerta sobre posibles salidas que se están proponiendo y que están relacionadas con la reducción del Congreso o con debilitar aún más las instituciones. Por eso en este diálogo también deben incluirse instituciones y cuestionarse sobre la necesidad del Congreso que tenemos y cómo su reducción puede generar problemas de representatividad.

En el conversatorio Sombras sobre la democracia colombiana, de la Facultad de Ciencias Sociales, la profesora Sandra Borda asegura que las instituciones educativas son vitales para generar cambios en la sociedad colombiana y evitar estallidos sociales como los que se atraviesan actualmente. En sus palabras, el sistema educativo en vez de ser un lugar de socialización, es más bien un espacio de profundización de las diferencias. Los centros educativos son entonces grandes fortalezas de clases sociales y étnicas. Por eso aún estamos lejos de hacer lo suficiente, agrega la académica.

Se ha reducido el estigma a la protesta

Colombia no es el único país de América Latina en donde se viene agudizando la crisis de la confianza, producto de la incapacidad de las instituciones para canalizar y articular las demandas sociales, explica Aníbal Pérez-Liñán, profesor de Ciencia Política, de la Universidad de Notre Dame.

Algo similar han vivido de manera reciente Chile, Ecuador y Perú. “Hay explosiones que ocurren de manera inesperada por un detonante y un movimiento juvenil que lidera la coalición de la protesta. Sin embargo, se trata de una coalición altamente fragmentada, sin liderazgo unificado, que luego tiende a escalar en focos de violencia. Los estados, por su parte, reaccionan con una militarización”, explica Pérez.

En el país parece haber un quiebre generacional que muestra que el liderazgo político está muy perdido y hay unos movimientos altamente fragmentados. Borda complementa que Colombia está entrando apenas en las protestas masivas y el Gobierno se ha demorado en entrar en un modo de escucha y solo se ha preocupado por el orden público.

Parte de las consecuencias que ha traído el paro nacional tiene que ver con que cada vez más la ciudadanía reconoce en la protesta otra forma de participación política, cuando históricamente se relacionó con fachadas de los movimientos armados.

Uno de los riesgos de la realidad actual es que las protestas se van convirtiendo en un campo fértil para el discurso antipolítico que puede profundizar aún más la crisis. Además de lo complejo que resulta promover una democracia participativa cuando la mitad del país está empobrecida y la clase media está desapareciendo. “Debemos pensar en la articulación de derechos económicos y sociales como condición para ejercer derechos políticos”, reflexiona la investigadora.

Entre la desconfianza institucional y la debilidad del gobierno ¿Qué priorizar? Se preguntan los académicos. El riesgo, agregan, es resolver estos inconvenientes sin dar solución a lo que está detrás: no tendría sentido arreglar los temas de derechos humanos que se han presentado en las protestas, sin dar una respuesta a los clamores generales y las demandas sociales que han obligado a la población a salir a las calles.