Ante una nueva propuesta de modificación de la Ley de garantías se pone de nuevo en debate si conviene o no mantener la regla que impide a alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades públicas celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones.

Hay voces a favor de la modificación que argumentan la dificultad que enfrentan las entidades cuando se inmoviliza la contratación pública, sin embargo, otros hablan del riesgo que implicaría ad portas de las próximas elecciones porque los recursos públicos podrían desviarse para campañas políticas.

Beatriz Gil, coordinadora de Congreso Visible, explica que esta ley estatutaria fue creada para garantizar la igualdad de condiciones para los candidatos y para reglamentar la participación en política de servidores públicos.

La necesidad de modificación viene dándose años atrás, por eso Gil afirma que es importante que se dé si está generando barreras para el funcionamiento de entidades territoriales y pone sobre la mesa que pasaría si ocurriera un desastre natural y se requiere adelantar convenios o contrataciones para atender a los damnificados.

No obstante, “modificarla en este momento es profundamente inconveniente, porque podría generar mucho trabajo para la Contraloría que debe estar supervisando la ejecución de estos recursos”, añade Gil.

   

 

Desde el 2014, Congreso Visible reporta siete iniciativas de modificación que no han prosperado. La Ley 966 de 2005 puede ser modificada por parte del Congreso o el Ejecutivo y debe pasar por revisión de la Corte Constitucional. Se trata de una ley estatutaria que desarrolla temas que tienen que ver con textos constitucionales.

En los intentos de modificación, la derogación de la Ley de garantías no ha sido el tema principal de los proyectos. Este año, por ejemplo, la modificación hizo parte del presupuesto general de la Nación lo que ya estaría mostrando una falta de unidad en la materia.

Por esto ante la inminente modificación que se requiere, la investigadora Gil explica que una de las salidas es aprobar los cambios, pero evitar que los mismos sean vigentes para las elecciones que tendrá el país en el 2022. Se sugiere, por lo tanto, que las nuevas reglas queden para elecciones a futuro.

* Congreso Visible es un proyecto del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Se trata de una iniciativa que realiza seguimiento y análisis permanentes del Congreso de la República, a través de la publicación de su actividad legislativa, fortaleciendo y promoviendo la participación de la ciudadanía en procesos de exigencia de rendición de cuentas a sus elegidos. Sígalos en www.congresovisible.uniandes.edu.co