¿Cómo mejorar la protección económica de la vejez en Colombia?

Leonardo Medina ha trabajado como independiente desde los 8 años. Sus ingresos varían a diario: así como hay días buenos, hay otros malos, “Tengo prioridades, la comida, el arriendo y los gastos de mis hijos. Muchas veces no reúno para eso, mucho menos para cotizar a pensión”, cuenta el vendedor de 'Arepas soñadas', como se lee en el puesto ambulante de comidas que ubica en una esquina del Centro de Bogotá.

Su historia es la misma de muchos. Según Santiago Montenegro, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), en la actualidad son seis millones de personas con edad de pensionarse en Colombia y solo 1'7 millones logran hacerlo; ya sea por vejez, invalidez o sobrevivencia.

De acuerdo con “Protección económica a la vejez en Colombia: avenidas de reforma”, una investigación de la Facultad de Economía de Los Andes, el sistema pensional en el país no cumple con los objetivos básicos que debería tener: es insuficiente en cobertura, tiene un costo elevado y aumenta la desigualdad.

Para mejorar la cobertura, sostienen los investigadores, es fundamental ampliar el componente solidario para garantizar un ingreso a los adultos mayores más vulnerables que no cumplan con los requisitos para acceder a pensión. “El problema del sistema de actual es que a las personas que cotizaron en algún momento de su vida, al llegar a la edad de retiro, si no completaron las semanas se les dice: 'aquí está su plata, muchas gracias, te dejo desprotegido —describe Oscar Becerra, profesor de la Facultad de Economía de Los Andes—. Y eso no debería estar pasando”.

Entregar una pensión básica de 400.000 pesos, a trabajadores como Leonardo no lograron cotizar o lo hicieron por poco tiempo, es una de las propuestas hechas por los economistas que lideraron el estudio. “Este monto podría combinarse con el subsidio que otorga el programa Colombia Mayor, de esta manera se ofrece a los adultos mayores una vejez digna”, indica Carolina González, especialista de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo – BID. “Un sistema muy generoso puede desincentivar a las personas a contribuir con los aportes a pensiones, y uno muy austero puede llevarlas a una situación de vulnerabilidad económica”, complenta por su parte Becerra, quien asevera que es clave que esta estrategia esté bien balanceada.

Otra recomendación planteada en el estudio es disminuir los subsidios que entrega Colpensiones a los trabajadores de mayores ingresos, esto reduciría la deuda e inequidad del sistema. De acuerdo a Oscar Becerra, cerca de 10 % del presupuesto nacional se va pagando pensiones y es necesario nivelar las cargas para mejorar la distribución de dichos esfuerzos fiscales y así favorecer a los más desprotegidos.

Adicional a las falencias ya mencionadas, hay un fuerte vacío institucional en el sistema pensional colombiano, que actualmente opera de manera fragmentada. El estudio indica que se necesita una institución que se encargue de analizar todo en su conjunto y cuantifique los riesgos macroeconómicos o estructurales que enfrenta, con mecanismos que permitan ajustar automáticamente el rumbo ante choques inesperados que afecten su viabilidad.

Sin importar cuál sea la reforma, el Estado deberá aprovisionar recursos importantes para asegurar los derechos adquiridos de quienes están próximos a pensionarse y la garantía constitucional de pensión mínima.

Por todo lo anterior, en línea con los resultados de la investigación, la necesidad de una reforma pensional es indiscutible. Sin embargo, no existe una fórmula perfecta; cualquier ajuste tiene ventajas y desventajas, plantea dilemas fiscales y sociales e impone cargas muy distintas a cada generación. Así, la elección de una reforma debería reflejar el tipo de contrato social sobre el que Colombia construya un amplio consenso.

Clic AQUÍ para ver completa la Nota de política: 'Protección económica a la vejez en Colombia: avenidas de reforma'.

Acerca de los autores:

Oscar Becerra, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes; Manuel García-Huitrón, consultor internacional de pensiones - socio cofundador de Nuovalo Ltd.; Carolina González-Velosa, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo.