La necesidad de abordar los delitos ambientales

En Colombia, los delitos ambientales representan una grave amenaza para la biodiversidad y los recursos naturales. Jenny Paola Gallo, magíster en Gerencia Ambiental de la Universidad de los Andes, señala que en los últimos 20 años el país ha perdido cerca de 3'3 millones de hectáreas de bosque debido a la deforestación, un problema que se agudiza con otras actividades ilícitas como la minería ilegal y el tráfico de especies de fauna. 
 

Durante el panel Creando comunidades en paz, impulsando la sostenibilidad y la inclusión, en la COP16, expertos destacaron que para fortalecer la gobernanza local es crucial construir procesos de confianza. Esto implica que las instituciones mantengan un diálogo cercano con las comunidades y comprendan sus necesidades para promover soluciones concretas que frenen los delitos ambientales. “La unión entre la academia, la cooperación internacional y las instituciones es clave en esta labor”, señaló la experta en gerencia ambiental. 
 

Estas prácticas en contra de la naturaleza son cada vez más complejas debido a su carácter transnacional y a la participación de organizaciones criminales que perfeccionan sus métodos a lo largo del tiempo. “Hoy en día, la extracción ilícita de minerales a nivel transnacional no solo impacta nuestros recursos, sino que también deteriora el territorio mediante la deforestación y el acaparamiento de tierras,” agregó Gallo. 
 

En este contexto, el uso de tecnología y herramientas como la inteligencia artificial ofrece nuevas oportunidades para enfrentar estos problemas, y resulta clave que la policía reciba una educación especializada para utilizar estas ayudas tecnológicas. 
 

Es así que la Universidad de los Andes ha establecido una alianza para capacitar a la policía en temas ambientales, con el fin de mejorar su comprensión a los desafíos que enfrentan las comunidades rurales y ayudarles a combatir estos delitos. “Es importante que la policía tenga cada vez más formación especializada para entender y atender las necesidades del territorio,” explicó Gallo. 
 

Esta iniciativa representa un paso significativo en la lucha contra el deterioro ambiental en Colombia, al integrar educación, tecnología y cooperación para construir un modelo de seguridad ambiental robusto y sostenible.