La regulación del cannabis en la construcción de paz
En la construcción de paz, el Rector aseguró que la regulación ayudará a tener una política antidrogas más sensata y a construir una historia positiva de desarrollo alternativo. Sin embargo, fue enfático en que el cannabis medicinal no es la solución a los desafíos de legalidad del país ni del desarrollo alternativo.
“El país requiere políticas razonables de regulación y, sin duda, el debate sobre su uso medicinal aportará nuevas perspectivas sobre su uso recreativo, teniendo en cuenta que no hay evidencia relacionada con que el cannabis genere problemas de salud pública”, anotó Gaviria.
Lo cierto es que el Estado, la industria y la academia tienen grandes desafíos frente a este tema: Yesid Reyes, exministro de Justicia, insistió en brindar a los campesinos una alternativa más con el cultivo del cannabis medicinal y promover esquemas de asociación de pequeños productores.
Reyes criticó, además, que durante los acuerdos de paz el énfasis recayó en la coca e insistió en que el consumo de drogas no se va a solucionar desde la represión, sino desde una perspectiva de salud pública, como lo viene asumiendo Naciones Unidas.
El senador Juan Manuel Galán, promotor de la política de drogas en Colombia, celebró el enfoque que se le viene dando al tema, porque resulta ser “progresivo para su regulación”. No obstante, tras los acuerdos de paz, pidió celeridad a la construcción de un censo de caracterización socioeconómica sobre los cultivos de cannabis en el que haya tipología de las familias y un plan que permita crear un puente hacia la legalidad.
“El cannabis medicinal va a contribuir a la pacificación del país y de sus poblaciones. Un ejemplo de estos es México, donde la regulación en poblaciones fronterizas con Estados Unidos permitió la reducción en un 40 por ciento del crimen”, agregó Galán.
El desafío, en palabras del Senador, es quitarle el negocio a los criminales para que sea el Estado el que determine el precio, la calidad y el acceso.
La industria, por su parte, debe invertir recursos para construir evidencia, responsabilidad empresarial y trabajar de la mano con las comunidades. Claudia Cordero, del Fondo Nacional de Estupefacientes, añadió que se debe fortalecer la inversión en tecnología y así promover la investigación.
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