Colombia sin asbesto

Persistencia, articulación del trabajo de equipos con saberes complementarios y de muy diversa procedencia, estrategias de visibilización y convicción profunda de que el poder de la gente es más fuerte que la gente en el poder fueron las claves para que en julio de 2019 el país diera un paso trascendental: la prohibición total del asbesto. Fueron 12 años de intentos fracasados debido al fuerte cabildeo de fuerzas políticas y económicas. Al final se impuso el derecho a la salud.

 

Desde hace cuatro décadas la peligrosidad del asbesto es ampliamente reconocida a nivel internacional. Sin embargo, en Colombia no fue fácil convencer a varios congresistas de lo que ya se había demostrado en el mundo: que todos los tipos de este mineral son cancerígenos, que no hay uso seguro, que no es un tema de seguridad industrial, sino un asunto de salud pública y que esta fibra es completamente sustituible.

Gracias a estos argumentos, trabajados con persistencia, finalmente, el 11 de julio de 2019, el presidente de la República, Iván Duque, sancionó la Ley 1968 —Ley Ana Cecilia Niño— por lo cual a partir del 1 de enero de 2021 entra en vigencia la prohibición del uso del asbesto en Colombia. Este es uno de los logros más importantes en salud en años recientes.

En la Universidad de los Andes, todo comenzó en 2009 cuando, tras una reunión informal, María Fernanda Cely-García, en ese entonces estudiante de Maestría, y el profesor Juan Pablo Ramos-Bonilla, ambos vinculados a Ingeniería Civil y Ambiental, decidieron investigar los riesgos derivados del uso del asbesto en Colombia.

Con el tiempo, a esta investigación se fueron sumando muchos más miembros de la comunidad uniandina, incluyendo profesores de Ingeniería y Medicina y decenas de estudiantes de maestría y pregrado del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Se establecieron colaboraciones con la Fundación Neumológica Colombiana, la Fundación Santa Fe de Bogotá e investigadores de Johns Hopkins University, del Instituto Nacional de Salud de Italia, de las universidades de Turín y Boloña y del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo.

Debido a aquellos esfuerzos de la Universidad de los Andes para explicar la problemática, el 1 de octubre de 2015, el profesor Ramos-Bonilla fue invitado por la senadora Nadia Blel para que respaldara, con argumentos científicos y a partir de la evidencia, las discusiones de la ley para prohibir el asbesto en el país. Así, documentos en mano, el investigador hizo múltiples intervenciones y derrumbó uno a uno los argumentos de los representantes de la industria y de algunos congresistas opositores a tal prohibición.

Estos esfuerzos se sumaron a los de otros que ya venían impulsando la prohibición del asbesto: la senadora Nadia Blel, líder y ponente del proyecto de ley en el Congreso, el representante a la Cámara Mauricio Toro y los activistas Daniel Pineda, de la Fundación Ana Cecilia Niño; Silvia Gómez, de Greenpeace Colombia, y Guillermo Villamizar, de la Fundación Colombia Libre de Asbesto. Luego, se unió Juan Carlos Guerrero, del Observatorio de Redes de Acción Colectiva de la Universidad del Rosario.

Una lucha difícil

Se necesitaron argumentos científicos, fuertes advertencias, pruebas, sustentaciones, debates. Pero, ¿por qué no se había prohibido antes?

En Colombia la discusión llegó tarde, pese a que el informe Asbesto Crisotilo, publicado por la Organización Mundial de la Salud en 2015 dice que en el mundo hay unos 125 millones de personas expuestas al asbesto en el lugar de trabajo y se estima que las enfermedades relacionadas con este mineral (cáncer de pulmón, mesotelioma o asbestosis) causan la muerte de 107.000 individuos al año. Y a que, según un informe del Instituto Nacional de Cancerología publicado en 2018, en el país se calcula que anualmente fallecen más de 350 personas de cáncer de pulmón relacionado con la exposición a este material —el observatorio epidemiológico Global Burden of Disease dice que en 2016 murieron 397—. Y a que en 77 años de la existencia de esa industria se han instalado más de 300 millones de metros cuadrados de tejas y más de 40.000 metros lineales de tubería de asbesto-cemento.

Para que se diera el sí definitivo a la prohibición, en total fueron 8 proyectos legislativos fallidos, 12 años de argumentos, conceptos unificados de cuatro ministerios y un sinnúmero de casos clínicos (en Colombia existe un subregistro del tema). También fue determinante el activismo decidido de Greenpeace Colombia que movilizó a los ciudadanos para que enviaran 40.000 correos e hicieran 2.500 llamadas a los congresistas, así como las 220 notas publicadas en la prensa.

El lobby empresarial jugó un papel importante en los debates. Varios congresistas mostraron su preocupación por las industrias que se verían afectadas por la aprobación de la ley y por las cerca de 250 familias de la mina de asbesto del municipio de Campamento, en Antioquia, que perderían su fuente de sustento. La nota “¿Por qué Colombia no prohíbe el asbesto?”, publicada por Cerosetenta, medio del Centro de Estudios de Periodismo de Los Andes, recuerda que esta es la única mina de asbesto en Colombia y provee el 40 % de la demanda de esta fibra al país. También, según señala la investigadora María Fernanda Cely, hay fábricas de este producto en Bogotá, Barranquilla y Yumbo.

Preocupaciones particulares disfrazadas de intereses públicos, utilización de evidencia científica cuestionable y desinformación por parte de los contradictores de la ley fueron obstáculos fuertes que debieron derribar los líderes de esta lucha. Se enfrentaban a un escenario difícil, debido a la alta latencia de la enfermedad, pues esta puede aparecer muchos años después del contacto con el material, lo cual hace más difícil vincularla con la exposición al asbesto.

En el Congreso, parecía que no eran suficientes las voces de las víctimas directas o indirectas de este enemigo público: vecinos de las fábricas de tejas y otros productos que contienen esta fibra o personas que convivieron con familiares que fueron empleados de dichas industrias y que padecieron mesotelioma y asbestosis entre otras enfermedades.

Parte fundamental de la estrategia corrió por cuenta de los grupos activistas y sus acciones de visibilización. Hubo marchas, plantones, peticiones online, actividad constante en redes sociales, gestos simbólicos y hasta largas jornadas en los pasillos del Congreso, donde uno a uno se sumaron apoyos. Una tarea a la que contribuyó el poder de las ideas, de la academia.

Alejandro Gaviria, rector de Los Andes, lo resumió así al instalar el foro Historia y Retos de la Prohibición del Asbesto en Colombia, celebrado en la Universidad en julio de 2019: “La culminación exitosa del proyecto es una muestra clara del poder de la academia como instrumento de cambio social, del poder de la investigación llevada al debate y la deliberación democrática para transformar la sociedad, del poder que puede tener cuando trasciende el diálogo de especialistas y se involucra en el debate democrático por el bien de todos”.

Ahora viene su implementación. Un reto técnico y económico gigantesco que no se ha terminado de dimensionar. La lucha sigue, y sus líderes con ella, porque desde la sanción de la ley hasta el punto de cero riesgos de exposición al asbesto, lamentablemente, pasarán varias generaciones.
 

Señales de alarma

• Más del 90 % del asbesto que se consume en Colombia se utiliza en el sector de la construcción y el sector automotor.

• La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer clasifica todos los tipos de asbesto como cancerígenos para los humanos.

• Un estudio liderado por la Universidad de los Andes durante los últimos cuatro años concluye que en el municipio de Sibaté (Cundinamarca) existe un número elevado de casos de mesotelioma pleural, un cáncer directamente relacionado con la exposición al asbesto.

Otros estudios

Everaldo Lamprea, quien se desempeñaba en ese momento como coordinador de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, aportó al debate en el Congreso una investigación en la cual sustentaba la necesidad de una inminente prohibición de la explotación, uso y comercialización del asbesto en Colombia. En ella señalaba que esta debía estar acompañada de una exhaustiva regulación para mitigar y reparar los efectos del uso de este material en la construcción de vivienda de interés social e interés prioritario.

“Es inaceptable que se adelanten proyectos de construcción de viviendas con materiales que contengan asbesto, dirigidas a esta población de especial protección. En otras palabras, es inadmisible que el Estado acepte y promueva la construcción de viviendas de interés social y prioritario con materiales que contienen un mineral que produce cáncer”, dijo el investigador en su intervención en el Congreso.