¿Por qué hay pobreza en el Pacífico?

Casas al borde del río Atrato
Análisis de María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes. 
09/09/2019
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Por María Alejandra Vélez
Directora del Cesed, Facultad de Economía
Universidad de los Andes


Tomado de: https://lasillavacia.com/silla-llena/red-pacifico/hay-pobreza-pacifico-71478

En su última edición, la prestigiosa revista The Economist publicó un artículo sobre el pacífico colombiano. Se pregunta: ¿Por qué es tan pobre la costa pacífica colombiana?  y se titula “Tierra de Nadie”. El resumen, según el artículo, es que la propiedad colectiva retrasa el desarrollo de la región.

Es un artículo desatinado, impreciso e irresponsable. Basado, además, en opiniones personales y no en evidencia empírica y científica. De hecho, sorprende que un artículo de este calibre se quede en las confusiones de G. Hardin, quien en 1968 asoció la propiedad colectiva con tierra de nadie en su célebre artículo sobre la “Tragedia de los Comunes”.  Elinor Ostrom, premio nobel de economía en 2009, dedicó su carrera a demostrar que cuando los derechos de propiedad de un grupo están bien demarcados, tienen los incentivos para manejar su territorio y sus recursos.

La propiedad colectiva no es tierra de nadie. Es tierra de un grupo definido quien tiene el derecho a excluir a los no miembros. Claro, esto tiene sentido si hay un Estado que garantice los derechos de propiedad: colectivos y privados.  

Para el caso de las comunidades negras del pacífico colombiano, nosotros evaluamos el efecto de la propiedad colectiva en el bienestar de las comunidades del Chocó. Comparamos comunidades negras con titulación colectiva con comunidades negras sin titulación colectiva (esas sí en tierra de nadie). Y encontramos, en  un artículo revisado por pares y publicado en una revista científica, que la titulación colectiva:  disminuye la pobreza extrema; aumenta el promedio del ingreso per cápita del hogar; aumenta la asistencia escolar para los niños en educación primaria y aumenta las inversiones en vivienda. Todos efectos comparables con la literatura que mide el impacto de la titulación individual. Pero en este caso a través de mecanismos diferentes.

Como la titulación colectiva no permite el acceso al crédito, los mecanismos por los cuales la titulación colectiva genera bienestar, son otros. La propiedad colectiva les aclara a los habitantes que esto ya no es tierra de nadie y así los hogares tienen incentivos para invertir en capital humano, físico e incluso en la generación de emprendimientos productivos.   Entonces, si bien aún hay brechas injustificables con el resto del país en indicadores socio económicos, en ausencia de la titulación colectiva la situación de las comunidades del pacífico sería peor.

La Ley 70, y con ello el reconocimiento de la presencia histórica de las comunidades negras en estos territorios, es prácticamente lo único importante que ha hecho el Estado Colombiano por las comunidades negras desde la abolición de la esclavitud en 1851. 

Además de la Ley 70, el Estado Colombiano, les garantiza a las comunidades negras como minoría étnica el derecho a la consulta previa e informada según lo estipulado en el Convenio OIT 169 de 1989 y el Decreto 1320 de 1998. En el artículo de The Economist, nuevamente de manera irresponsable, se afirma que ese derecho ha retrasado la provisión de bienes públicos para la región.

Otros, de hecho, afirman que la consulta previa es un “palo en la rueda del desarrollo”.

¿Desarrollo para quién?, preguntarían en el pacífico. Sin duda la consulta previa ha tenido problemas en su implementación, pero no se puede desconocer su objetivo inicial. Al reconocer la existencia de un grupo étnico, a quien sistemática e históricamente se le han vulnerado sus derechos e ignorado su voz, la consulta previa existe para distribuir el poder y darle voz a quienes antes no la tenían. Que eso genere retrocesos y procesos de negociación antes inexistentes, sin duda. Pero NO hay evidencia empírica o estudios sistemáticos para decir que ha bloqueado la provisión de bienes públicos.

Es más, en las consultas previas que yo he revisado en Buenaventura, lo que identifico es precisamente lo contrario. Procesos de negociación donde las comunidades exigen bienes públicos en sus territorios que el Estado NO ha proveído. No se puede culpar a la propiedad colectiva de la falta de bienes públicos. Eso es producto de un Estado ineficiente y ausente que sistemáticamente ha invisibilizado y discriminado a las comunidades negras del pacífico. Recuerdo hoy el caso de la escuela de La Plata en Bahia Malaga, en uno de los consejos más organizados de la región. Se han cansado ya de exigirle al Estado la construcción de una escuela en sus territorios. 
¿De quién es la culpa? 

La ley 70 por supuesto no es suficiente. Como ya se ha dicho en otros espacios, la reglamentación de sus otros capítulos es absolutamente necesaria. También lo es el diseño de mecanismos financieros que no requieran la tierra como colateral y la apuesta por emprendimientos productivos sostenibles. Los Consejos Comunitarios, máxima autoridad en el territorio, no reciben recursos de la nación ni de los municipios. Así, ¿cómo van a ejercer autoridad o realizar censos?

Lo único acertado del artículo además de la corrupción en las alcaldías locales que no se puede ignorar, y que nada tiene que ver con la propiedad colectiva, es afirmar que no todos comparten la idea de “progreso” del gobierno. Eso es claro. Si el progreso implica ignorar la gobernanza local por el beneficio de unos pocos, no hay cómo ponernos de acuerdo. Todos hablamos de desarrollo sostenible. Pero si este implica la construcción de puertos en zonas prioritarias ambientalmente, como el puerto de Tribugá, y más inequidad, no estamos hablando del mismo desarrollo. Se equivoca The Economist en su análisis.

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