Una protesta y una democracia

“Nos quitaron todo, nos quitaron tanto, que nos quitaron hasta el miedo”. El pasado 28 de abril comenzó el paro nacional. Ese día miles de manifestantes, en su mayoría jóvenes, salieron a las calles de diferentes ciudades del país a protestar, principalmente por el proyecto de reforma tributaria que el Gobierno Nacional había presentado al Congreso y que, aunque buscaba la financiación de varios programas sociales y la reactivación de la economía –luego de los efectos causados por la pandemia de COVID-19– implicaba también una importante carga tributaria que recaía, principalmente, sobre la clase media.

Las manifestaciones de ese día y del fin de semana siguiente lograron el objetivo: el 2 de mayo el presidente Iván Duque retiró el proyecto y anunció que se trabajaría en un nuevo texto que sería producto “de los consensos”. No obstante, este anuncio, el paro siguió y hoy, más de un mes después, continúan las marchas, los plantones y los bloqueos en distintos puntos del país, y las conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro Nacional–CPN no avanzan.

La Muestra Nacional Colombia, un país en medio de la pandemia 2020, del Observatorio de la Democracia, da cuenta de que la participación en protestas de los colombianos llegó al 13 %; dos puntos porcentuales más que en 2018 y más que el doble que la registrada una década atrás. Entender esa mayor participación en manifestaciones de protesta implica revisar qué ha pasado en los últimos años en Colombia para tratar de entender por qué la ciudadanía esté más dispuesta a llevar sus reclamos a las calles del país.

Para la abogada, profesora y exfiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago, hay varios factores que se conjugan: “incumplimiento de pactos celebrados con antelación en los paros de 2019; políticas respecto de los jóvenes que no solucionan sus expectativas de acceso a estudio y a trabajo; condiciones sociales graves; inexistencia de programas de inclusión en salud, educación y trabajo. Y la duración (de este paro), por su parte, se debe a la inexistencia de espacios para concertar, y falta de liderazgos, así como de gobernabilidad”.

A eso se suma –como lo explica el abogado y codirector de El Veinte, Emmanuel Vargas– que hay “un creciente descontento y una creciente desconfianza de la gente en las instituciones y en la democracia. Y creo que cuando la gente habla de democracia piensa mucho en la democracia representativa; en la gente que se elige. Y la protesta sirve para llevar al público esas incomodidades que el Estado no ha podido satisfacer”.

Buitrago y Vargas coinciden con los resultados del estudio del Observatorio de la Democracia. A pesar de que el 57 % de los colombianos apoya a la democracia, solo el 18 % está satisfecho con el funcionamiento de la misma –es el nivel más bajo desde 2004, cuando alcanzaba el 57 %–. La confianza en las tres ramas del poder público tampoco es alentadora: apenas el 38 % confía en el Presidente, 26 % confía en el Sistema de Justicia y sólo 21 % en el Congreso.

Pero si los reclamos de los ciudadanos por sí mismos implican un desafío para los gobiernos Nacional, regionales y locales, así como para el Estado mismo, el manejo per se de la protesta social también pone a prueba esa institucionalidad, la garantía de los derechos humanos, el uso proporcional de la fuerza y el monopolio de las armas.

“La Constitución del 91 –explica el codirector de El Veinte– da muchas más garantías para protestar que la anterior Constitución, esas condiciones legales para poder protestar generan más incentivos para que suceda. Y aunque después del acuerdo de paz con las FARC se ha reducido en parte la estigmatización a la protesta social, hoy aún se oyen comentarios por parte del Gobierno, particularmente del Ministerio de Defensa, en contra de la protesta o generalizando la comisión de delitos o la presencia de grupos armados como si fuera general. Lo que quiere decir que la estigmatización se mantiene”.

La abogada Buitrago coincide en que dejar de lado la estigmatización aún es una tarea pendiente del Estado colombiano y de los gobiernos de turno. “El Estado y sus instituciones, y en particular del Gobierno, se encargan de deslegitimar la protesta con denominaciones que confunden a los diversos participantes. Es claro que se asume la protesta como problema de orden público, por eso se enfrenta con la Policía y la militarización. Pero a su vez se asigna la pertenencia de los protestantes a partidarios del comunismo, como forma de asignarles un rol. En consecuencia, la protesta no es bien vista en Colombia; tiende a exterminarse desde el Gobierno”.

En varias jornadas del paro nacional los enfrentamientos entre la Policía y el ESMAD, de un lado, y los manifestantes, del otro, han dejado consecuencias lamentables. De acuerdo con el informe del pasado 7 de junio de Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz–Indepaz, desde el 28 de abril 75 personas han sido asesinadas en las protestas, con indicios de participación de agentes del Estado en 45 de estos casos; 3.798 han sido víctimas de violencia policial; 65 personas habrían sufrido lesiones oculares; otras 25 serían víctimas de violencia sexual y 359 personas habrían sido detenidas de manera irregular, la mayoría de las cuales siguen desaparecidas. Por su parte, la Fiscalía sostiene que los desaparecidos son solo 100, y el Ministerio de Defensa, que los civiles fallecidos solo son 18; que 2 policías han sido asesinados y 1.326 más han sido lesionados.

Esa violencia también ha traído como consecuencia que la confianza de la ciudadanía en la Policía haya llegado a su nivel más bajo el año pasado, según el estudio Colombia, un país en medio de la pandemia 2020. Solo el 35 % de los colombianos confía en esa institución, cuando en 2005 lo hacía el 58 %. Y en Bogotá es aún menor: solo 25 % confía en la Policía. Además, en el ESMAD solo confía el 35 % de los colombianos.

El 6 de mayo, el presidente Duque anunció una reforma a la Policía que incluye el cambio de color de los uniformes de verde a azul, mayor profesionalización y estándares internacionales en materia de respeto y garantía de los derechos humanos. Las preguntas no se hicieron esperar ¿Es esa la reforma que necesita la institución? ¿Con ella se logra reconstruir la relación Policía–ciudadanía?

Para la abogada Buitrago es el momento en que la institucionalidad debe analizar cabalmente sus falencias, sus errores, reconocerlos y enmendarlos. Sólo así podrá ganarse nuevamente la confianza de la ciudadanía. “La Policía ha pasado por varios momentos en Colombia, y pudo llegar a un sitial que en alguna época, quizás en los años 2005 a 2012, gozaba de la confianza, del cariño y del respeto de los colombianos. Incluso la política de proximidad a la ciudadanía llevó a una integración muy importante; la creación de los modelos CAI también permitió un mayor acercamiento. Pero posteriormente con los diversos cambios de director, los hechos que se suscitaron con cada uno de ellos fueron disminuyendo la percepción de la Policía. Todos estos factores, más la utilización para reprimir las protestas han generado un balance negativo en algunas ocasiones generalizado (sin ser adecuado) del actuar de la Policía”.

Buitrago también llama la atención sobre la utilización del ESMAD y las diversas actuaciones que han llevado a muertes o lesiones, así como al abuso de la fuerza. “Estas han volteado a la ciudadanía en contra de la Policía. Pero quizás lo que debería preguntarse también en este caso es quién ordena que salga a la calle el ESMAD; ¿Lo hace como último recurso o como primer respondiente? La responsabilidad entonces es de las autoridades civiles que lo utilizan para contener las protestas y fallan desde ese primer momento, siendo los responsables en primera instancia de los resultados nefastos o negativos que han producido en los últimos años de intervención”.


La abogada insiste en la importancia de que la visión civil de la Policía debe seguirse manteniendo para garantía de los ciudadanos. “El problema es que el ministro de Defensa que asume se convierte automáticamente en guerrerista. La denominación de “bandidos” se generaliza y, por lo tanto, se crea inmediatamente un discurso irreconciliable”.

Para el codirector El Veinte hay, además, una política estatal que aún no ha hecho el tránsito a entender a la protesta social como un derecho, sino que lo entiende como un mal de la democracia; no se busca tanto garantizarla sino limitar sus impactos, y cuando se piensa a la Policía desde esa perspectiva, no se piensa como una entidad hecha para facilitar la protesta, sino para contrarrestar los posibles riesgos de la misma. “Eso tiene que ver con cómo está diseñada institucionalmente la Policía. Es una entidad con un lenguaje mucho más militar; del enemigo o aliado. Y si bien ha habido esfuerzos por incorporar una política de Derechos Humanos, siempre se ha visto como un área de la Policía y no como una política estructural; es una oficina que da algunas charlas o cursos del tema, pero no es algo estructural”.

Vargas agrega que la reforma anunciada por Duque no es el resultado de un consenso público, sino que aparece más con el interés de llenar la urgencia, pero no ha habido un diálogo con la ciudadanía para la construcción de esa reforma. “No se trata de que llegue la gente proponiendo lo que hay que reformar, pero sí de que por lo menos exista un diálogo de cuáles son esos problemas estructurales que requieren reforma. Y hay algo esencial y es poder convertir a la Policía en una fuerza civil y no en una fuerza militar. Ese sería el punto de partida más importante. Además, tiene que haber una política sobre cómo se van a generar las instancias de diálogo entre Estado y manifestantes y hasta qué punto la Policía juega un rol en eso. También que haya una mayor claridad sobre las consecuencias de los abusos policiales y sobre el uso de las armas letales y no letales. Y se necesita pensar más en una política de la Policía enfocada en los Derechos Humanos que en preservar el orden”.

El estallido social que comenzó el pasado 28 de abril aún no parece avistar salidas. Las conversaciones entre las partes cuentan más fracasos que avances y cada semana los llamados a llenar las calles hacen parte de la programación. ¿Por qué no se avanza en esas posibles salidas? ¿Cómo gestionarlo y solucionarlo?

Para la abogada Buitrago, el principal problema de este Gobierno ha sido desatender los llamados iniciales y dejar avanzar sin solución efectiva el descontento y la indignación. “La inexistencia de mecanismos, de interlocutores válidos y creíbles, así como la ligereza en las alocuciones en donde simplemente de manera equivocada se inició por equiparar a los vándalos a todos los partícipes llevó a entender que desde el comienzo su posición era ajena a las reclamaciones sociales que hacían necesaria la empatía de Duque como presidente, con peticiones y reivindicaciones que podían ser entendidas dentro de la crisis actual de la sociedad colombiana”.

E insiste en que “es importante observar que las causas del estallido social se han multiplicado. No sólo participa un sector, sino que aglutina varios de ellos con diversas demandas, salud, educación, derechos laborales, derechos étnicos, de género, ambientales. Lo que evidencia que los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales–DESCA y los Derechos Humanos son desconocidos en el Estado colombiano para la mayoría de la población. El estallido colectivo se puede solucionar si existe un Estado dispuesto a generar recursos para solucionar de manera real y a corto plazo estas falencias”.

El codirector de El Veinte, por su parte, considera que con este estallido social habrá un gran cambio. “Puede ser un gran cambio institucional para mejorar estas problemáticas, para que haya un mejor diálogo, posiblemente con un liderazgo nuevo que tenga más capacidades de diálogo, más que propuestas específicas, y de proponer frente a las problemáticas que expone la gente. Ese podría ser un escenario, pero soy pesimista de que suceda. El otro, que es más probable, es que va haber actores políticos extremistas que se van a montar en la molestia de la ciudadanía para acceder o mantenerse en el poder y seguir desestabilizando la democracia y sus instituciones. Y si nos fijamos en las tendencias globales, es más probable este segundo escenario; gente capitalizando la crisis para generar más crisis y enquistarse en el poder. Y lo que ocurra más adelante dependerá de la respuesta de la sociedad civil.”