Las movilizaciones que comenzaron el pasado 28 de abril con el llamado a paro nacional, y se continuaron por varias semanas en distintas ciudades y regiones del país, han sido interpretadas de disímiles formas, no sólo por el alcance de muchas de las acciones promovidas por la presión en las calles, sino por el protagonismo de múltiples formas de violencia, especialmente la perpetrada por la fuerza pública contra los manifestantes. Las razones y justificaciones sobre la movilización son igualmente disimiles. Para algunos sectores el paro generó una crisis social, mientras para otros fue la crisis social la principal motivación del paro. Un ejercicio de aproximación etnográfica a la movilización social, como el que aquí nos hemos propuesto, nos hace considerar esta última posición como un punto de partida. El estallido social iniciado el 28A está antecedido por un progresivo proceso de politización de amplios sectores de la sociedad que hasta no hace mucho pertenecían al amplio espectro de ciudadanos descreídos de la política, o que no expresaban su posición públicamente.

Este paro, sin embargo, sacó a las calles a miles de personas descontentas. Ciertamente, este ha sido un paro polifónico en el que convergieron distintos procesos de movilización y agendas. Ha sido un paro urbano en el que se han manifestado estudiantes, jóvenes muy precarizados de los barrios, sindicatos obreros, maestros, personas de clase media; pero también han tenido una importante participación sectores rurales, transportadores, comunidades étnicas y campesinos con exigencias y necesidades diferenciadas, y distintos repertorios de acción, que exceden también configuraciones partidistas tradicionales. A pesar de sus recurrencias, continuidades y discontinuidades, ha sido una movilización que se ha expresado nacionalmente en regiones, ciudades y municipios diversos.

Pero en la movilización también son visibles algunos aspectos en común, que hemos escuchado y leído en múltiples testimonios: la gente expresa que quiere cambiar un orden social tremendamente excluyente, y que ha perseguido diversas instancias de producción del disenso. Por eso no se trata sólo de una movilización reactiva, que rechace simplemente las condiciones de precariedad extrema en la que se encuentra hoy en día al menos un 42,5 % de la población en condiciones de pobreza monetaria, para obtener cómo sea alivios económicos para esta situación. Se trata de una movilización que apunta a transformar condiciones sociales que han reproducido e intensificado esta situación de extrema desigualdad y una serie de fenómenos de violencia con la que ha estado aparejada. Por esto, pensamos, no se trata meramente de traducir las demandas sociales, que estas manifestaciones políticas han creado, en instituciones dadas que no se ponen en cuestión, sino que se trata de producir transformaciones institucionales de largo alcance. Unas que puedan permitir la participación popular, desde ámbitos locales, una que permitan elaborar mejor los conflictos inevitables que pueden surgir en el mundo social y reconocer los daños a la igualdad, allí donde se produzcan.

2. En efecto, en las movilizaciones que se han dado, hemos visto que al ocupar la calle y los espacios públicos se expresa que las personas se han sentido excluidas e invisibilizadas frente la toma de decisiones que los afectan directamente. La gente desea ser contada y tenida en cuenta. Reconocer esta dimensión transformativa, que impulsa a la protesta, es además importante para hacer valer y visibilizar la dimensión creativa que ésta ha tenido: las calles se han ocupado en los puntos de resistencia y en las marchas multitudinarias no sólo para presionar soluciones por parte del gobierno; se han ocupado para hacer oír y hacer visibles propuestas que lxs manifestantes están elaborando en la dirección de lo que llaman condiciones para una vida digna, hoy en día inexistentes en Colombia. Esto es, condiciones de salud, educación, posibilidades de empleo, garantías laborales reguladas públicamente, pero también la posibilidad para la gente de decidir mucho más sobre estos aspectos y sobre las decisiones que atañen a los territorios que habitan. 

Si bien se mantienen estrategias de demandas y pliegos como las del comité nacional de paro, -un órgano hoy en día bastante cuestionado respecto de su legitimidad, pero que sigue siendo la forma de representación clásica de las organizaciones sindicales-, las recientes movilizaciones ponen en evidencia la emergencia de nuevos sujetos y nuevos repertorios de movilización. Como ya se sugirió antes, algunas interpretaciones sobre la movilización parten de entender la protesta como un momento de excepcionalidad, cercano a la anomia social. Aunque se reconoce el derecho democrático a la protesta, en muchos sentidos esas interpretaciones invisibilizan la faceta más democrática de la movilización social: cuando la gente sale a la calle a protestar cuestiona la manera en que se viene dando la democracia representativa, la hace ver insuficiente, y coaptada también por intereses que traicionan la función de representación popular. Y a la vez, ejerce una forma de participación y de democracia directa. Como se ha dicho con respecto a los espacios asamblearios de los puntos de movilización, los espacios pedagógicos, artísticos y culturales, comunitarios etc., los repertorios se desdoblan en acciones donde la gente ejerce poder directo en lo que hace, y exige a la vez otras formas de representación.
 
3. Además, algo que ha sido característico de estas emergencias es que se trata de propuestas territorializadas, en las que los manifestantes producen diagnósticos sobre las problemáticas que sufren en los lugares que habitan y les buscan salidas. Por eso se han creado en los lugares de resistencia asambleas populares, ollas comunitarias y cabildos abiertos en los que se piensa y delibera entre unxs y otrxs, y se producen nuevos relatos sobre lo que implica la democracia, la vida en común, la igualdad, el reconocimiento de la pluralidad. Entre estos relatos hemos visto en particular que han cobrado fuerza una lectura de la movilización en clave de reapropiación de lo público, visible no sólo en los discursos e intervenciones estéticas que se han producido, sino en la creación de nuevos espacios en los que se hacen valer formas de solidaridad y otras maneras de entenderse como habitantes de un lugar: se han armado ollas comunitarias y, en algunos casos, huertas urbanas, se han creado bibliotecas populares en lugares de detención y vigilancia, se han promovido jornadas pedagógicas con enfoque de educación popular, intervenciones estéticas (murales, grafitis en las calles, consignas, cánticos, performances). Allí está en juego un trabajo organizativo, y toda una reelaboración de la experiencia que empezó por resignificar espacios de marginalidad, condenados a la mayor impotencia, como lugares de resistencia, en los que se afirman la capacidad y la agencia de sus habitantes. Por eso, “Puerto Rellena” se convirtió en “Puerto resistencia”, la Loma de la Cruz en “Loma de la dignidad”, Portal Américas en “Portal de la resistencia”, el puente de Santa Librada en “El puente de la dignidad”, el Paso del comercio en Paso del “aguante”, entre muchos otros. 

Así, el espacio público viene siendo apropiado y resignificado colectivamente, de manera creativa y propositiva. Escenarios como el monumento a los Héroes fue paulatinamente desmontado, rearmado y reinscrito en él un sentido de reivindicación colectiva que hoy lo convierte en un referente espacial del paro para la capital. La producción artística colectiva y espontánea del puño en alto de “Resiste” en Cali, sin duda es otro ejemplo de un sentido emergente de apropiación pública, que, por supuesto no deja de ser conflictiva, tal y como hemos visto con la disputa por los murales de denuncia del arte urbano, y los intentos constantes de borrarlos, por parte de la fuerza pública, que de este modo ejerce también sus estrategias de represión, pero también por parte de sectores sociales reacios a la movilización. 

De igual forma, en las múltiples intervenciones sobre monumentos, el desmonte de las estatuas de los conquistadores protagonizado por indígenas permite leer en la acción un sentido crítico sobre la construcción de la memoria; pero sobre todo una propuesta emergente del significado de nación, que trasciende en mucho las versiones promovidas por el multiculturalismo. Los pueblos indígenas no solo están reivindicando su historia, sino que nos proponen, a todos, una nueva forma de valorar el pasado y repensar la nación. A pesar de los desencuentros que se derivan de la movilización, es innegable advertir un movimiento crítico del sentido común en los referentes de la colombianidad. Aparecen nuevos símbolos: monumentos espontáneos, banderas invertidas, recombinaciones del himno nacional, narrativas, músicas, e imágenes que reelaboran el sentido de lo nacional, y que no solo advierten sobre la creatividad que inspira nuevos relatos de lo que somos como país, sino que reflejan una emergente materialidad de lo común. Pues la gente siente que la nación ha sido más una estructura vertebrada por diversas formas de violencia, que han consentido múltiples formas de privatización y desposesión: de territorios, recursos públicos, y la capacidad de decidir sobre lo que le concierne a la gente en sus espacios locales. Por eso el lenguaje de lo común y sus prácticas resisten a estas formas de desposesión y llaman a repensar la nación más allá de la constante privatización de lo público.

4. De la mano con lo anterior, advertimos también cómo la protesta en la calle también ha dado lugar a una lectura de la movilización en clave de cuidado. En los puntos de resistencia pudimos seguir el despliegue de múltiples prácticas de cuidado que contrastan con las lecturas que sólo ven allí escenarios de bloqueo y confrontación. En esta dimensión el papel de las mujeres ha sido fundamental. No sólo participan activamente de la primera línea, sino que como mamás también han expuesto su cuerpo. Las mujeres están a cargo de las ollas comunitarias, pero también su presencia ha sido fundamental en las redes de derechos humanos y en las misiones médicas que atienden los escenarios de confrontación. Aquí podría verse a primera vista la persistencia patriarcal de ciertos roles domésticos asignados a las mujeres. Pero por la manera en que funcionan estos roles hemos visto algo más: las mujeres lideran estas tareas de alimentación y cuidado, y en medio de las ollas comunitarias dan consejos sobre las formas de manejar las emociones y organizar la protesta, dan confianza a lxs más jóvenes y se convierten en referentes importantes para ellxs (Ibarra Melo y Recalde García 2021, 77). Pero, como nos lo contaban en algunas localidades de Bogotá, también la participación cada vez más activa de colectivas feministas y de organizaciones de mujeres en los espacios de discusión asamblearia ha dislocado las modalidades de relacionamiento político de lo popular que habitualmente han estado en manos de los hombres. A pesar del énfasis mediático en el papel de los hombres jóvenes de la primera línea como los protagonistas de la protesta, hemos visto cómo las mujeres jóvenes vienen ocupando un papel cada vez más contundente en esos espacios de negociación. De hecho, pensamos que el papel de estas mujeres debe llamar a pensar la protesta como una más feminizada, en donde las prácticas de solidaridad, y cuidado juega un rol fundamental, y no sólo las prácticas de defensa guerrera tenaz, asociadas muchas veces con la imagen de los jóvenes de la primera línea. 

5. Podríamos decir entonces que la movilización ha interpelado directamente a la institucionalidad en distintos niveles. Sin desconocer las jurisdicciones y las respuestas diferenciales que han tenido los gobiernos locales y nacional, lo cierto es que ha habido un retraso innegable -cuando no cierta displicencia- en reconocer la profundidad y contundencia de estas movilizaciones con respecto a experiencias anteriores; y de igual manera, se ha hecho evidente que los mecanismos de participación institucionales en distintas escalas han resultado ineficientes e insuficientes. Mucha de la ciudadanía movilizada desconfía de las instituciones -tal vez la relación más difícil en ese sentido sea con la fuerza pública-, hecho que se ratifica en la percepción ampliamente difundida de que no existen vasos comunicantes para tramitar las demandas más urgentes. Se desprende de este diagnóstico la necesidad de activar y fortalecer mecanismos de participación que más allá de sumar números consideren las voces diversas de quienes están movilizados, y propicien, como ya lo destacamos, transformaciones institucionales de fondo. 

Por lo tanto, a la luz de lo dicho, es clave reconocer la agencia y la capacidad política de lxs manifestantes y para esto es fundamental dejar de producir visiones condescendientes de la movilización, al verla por ejemplo como una protesta joven que necesita formación e iluminación por parte de la academia o de expertos que la puedan ayudar a canalizar. De hecho, esta idea de la academia como instancia aséptica, objetiva y neutral resulta problemática en la medida en que desconoce que las prácticas mismas de académicos y académicas están situadas y responden también a posicionamientos sociales con expresividad política. El papel de la academia debería ser el de la escucha, el trabajo en común con estos actores, la colaboración de ida y vuelta. No sólo la movilización puede encontrar en la academia un medio de receptivo para legitimar sus agendas. La academia también puede nutrirse con las producciones de conocimiento que en estos espacios sociales se está dando. Pero esto requiere superar posturas que consideran a la academia como el único lugar de producción de conocimiento legítimo, y que promueven aproximaciones instrumentales y jerárquicas a los sectores movilizados, considerándolos solo como “informantes”.

Sin duda, uno de los retos que como académicas tenemos es cómo nombrar lo que está sucediendo y aún no ha sido nombrado; cómo caracterizar el tipo de momento histórico, las emergencias y vitalidades: lo que ha producido lo común.

6. Ciertamente, pensamos que el diálogo es fundamental para construir desde la movilización social, reconociendo lo que ésta ya ha construido. Pero el diálogo debe comprenderse como un espacio complejo, expuesto a tratar a fondo el conflicto. Esto supone, en línea con lo dicho, acoger la igual capacidad de quienes dialogan, apuntar a construir formas de mutua comprensión atravesadas por emociones, experiencias traumáticas, no siempre fáciles de lidiar; escuchar qué está en juego en las acciones de hecho, no deliberativas, y no meramente rechazarlas desde una pretendida superioridad moral; abrir la posibilidad para que quienes conversan se puedan transformar mutuamente, y puedan formular propuestas en común emergidas de la conversación. Por ende, se debe dejar de pensar que el diálogo es para atemperar a jóvenes rabiosos por lo que sufren, para escucharles y llevar lo escuchado a otras instancias de deliberación que producirían las soluciones para ellxs. Habría que evitar así que el diálogo funcionara como un lugar donde representantes de ONGs, Universidades, e instituciones estatales les digan a lxs manifestantes “dígame lo que quieren” y luego yo interpreto cómo resolverlo. Se debería tratar más bien a estos espacios como lugares de construcción, a partir del conflicto de posiciones, elaborando desde y con ellas, y no asumiendo de antemano los lugares del consenso a los que se quiere llegar.

De ahí que, a nuestro entender, y desde nuestra experiencia investigativa, la cuestión metodológica para llevar a cabo este diálogo sea fundamental. Se debe apostar por metodologías colaborativas en las que se asume la producción de los acuerdos, del horizonte común que permite tejerlos, como un proceso de construcción que implica un trabajo de traducción, experimentación y composición elaborado a partir de encuentros y desencuentros entre narrativas, experiencias corporales situadas en distintos contextos, en muchos casos afectadas por múltiples formas de violencia, temporalidades, formas de imaginar el futuro, y lo que es posible en éste (Quintana, Jaramillo, Caicedo 2021). No puede pensarse entonces que los criterios para llevar a cabo el diálogo y los términos claves en discusión como “igualdad”, “bienestar”, “paz”, “democracia”, “desarrollo” son evidentes y son dictados por instancias institucionales, sino que justamente son términos polémicos, que están expuestos a debate. Asumir este debate, y la manera en que afecta los acuerdos que se pueden lograr respecto de la interpretación de los problemas y las propuestas para abordarlos es también clave para poder lograr transformaciones institucionales que recojan estos procesos de elaboración en común.

En todo esto es clave también construir de nuevo la confianza. Quienes se manifiestan han sufrido múltiples formas de violencia por parte de actores criminales, pero también de instituciones estatales y prácticas gubernamentales, en muchos casos en colaboración con agentes para-estatales. Además, muchas de estas instancias han criminalizado la protesta social, han justificado su represión, y han reducido sus exigencias y propuestas a manifestaciones vandálicas que no merecen sino un tratamiento policial o militar. La construcción de un espacio de diálogo transformativo requiere evidentemente evitar estas lógicas anti-democráticas que desconocen o reducen al mínimo el derecho democrático a la protesta. Pero también analizar a fondo las razones estructurales que han estado en juego en estas violencias, entre ellas formas de racismo, clasismo, culturalmente muy arraigadas, junto a paradigmas económicos-sociales que han generado cada vez más precariedad y exclusión. El diálogo no puede pasar por encima de estas condiciones que han impedido que instancias de conversación social transformativa hayan podido darse muchas veces en Colombia. Porque los manifestantes desconfían que el diálogo se convierta en un medio de desescalamiento de la movilización que plantea cambios superficiales, hace promesas que no se cumplen, y no llega nunca al fondo de cuestiones sistemáticas que han reproducido la desigualdad.

1 Sara Daniela Ortiz Medina hizo trabajo de campo en Portal resistencia en mayo 21, 28; junio 7, 8, 12, 22; en el Barrio Las Brisas del Llano, Usme en mayo 29; en el Parque Nacional el 5 de junio; en la Asamblea nacional popular en Bogotá el 6, 7, 8 junio; en Portal norte el 17 y 25 de junio; en Parque Fontibón el 16 de junio; en Intermedios el 28 de julio.
Ver (115) Ciclo de conferencias / Filosofía y cognición - YouTube.
Ver Aparicio et al. 2017, Quintana 2020, Quintana, Jaramillo, Caicedo 2021.

Bibliografía
- Aparicio, J.R., Caicedo, A., Jaramillo, P., Manrique, C., Quintana, L. 2017. “Formas de acción política y movimientos populares en Colombia hoy: anotaciones para pensar un glosario de lo común” en Mauricio Nieto (comp.) Los retos de la Colombia contemporánea. Ediciones Uniandes
- Caicedo, Alhena. 2021. “Diez puntos para pensar el paro nacional”. Documento de trabajo presentado en el Conversatorio Colombia: crónica de una resistencia anunciada. Escuela Nacional de Antropología, México- ENAH. Mayo 25 2021.
- Ibarra Melo y Recalde García. 2021. “Al otro lado del miedo está el país que soñamos”. En: Pensar la resistencia: mayo del 2021 en Cali y Colombia. Cali: Univalle, pp. 67-94.
- Quintana, Laura. Política de los cuerpos: emancipaciones desde y más allá de Rancière. Barcelona: Herder.
- Quintana, Jaramillo, Caicedo. 2021. “What’s up with Methodology? Faults, Experimentations, and Affective Displacements in the Reinventions of the Common”. Cultural Studies (First online): https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09502386.2020.1863996