Las universidades, por su naturaleza, tienen características que son apropiadas para enfrentar los retos de la planeación regional: vocación de largo plazo, ajenas a la política local y repositorio de información para gobernantes.
Por: Óscar Armando Pardo
Director del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider).
Colombia es un país diverso, cada esquina es un mundo único que responde, en gran medida, a la relación de la gente y su territorio y, en ese orden, el reto inaplazable que debe asumir el nuevo Gobierno es el de tejer lazos en medio de esa pluralidad. La academia tiene un papel clave y desde la
Universidad de los Andes ya identificamos que una de las primeras tareas es la adopción de una hoja de ruta que guíe las decisiones.
Las regiones colombianas son heterogéneas y extensas y por tanto requieren de un liderazgo integral que ordene las decisiones que se toman sobre los territorios y las personas. Esa ruta se entiende como todos los esfuerzos coordinados que los grupos de interés deben emprender para buscar la
sostenibilidad de su región (económicos, políticos, de infraestructura, de ciudadanía), con un foco específico en las metas de largo plazo. Desde el punto de vista interdisciplinario, sabemos que para lograr esa meta es indispensable contar con herramientas de planeación que eviten distracciones y que coordinen las medidas que se toman sobre el espacio.
En el país tenemos numerosos ejemplos de las consecuencias negativas de la falta de coordinación institucional y visión de largo plazo. Uno de los más dramáticos es la aparición de la
minería ilegal de oro sobre la cuenca del río Atrato. La minería de aluvión impacta los 750 km de longitud del río que alberga la vida, el transporte y el sustento de más de 470.000 personas de
Chocó y Antioquia. Pese a su importancia, el río ha sido el primer damnificado de la improvisación y la omisión de la visión integral del territorio.
La ausencia de una hoja de ruta coordinada entre instituciones ha permitido el avance de actividades mineras no reguladas en su ronda. Se calcula, por ejemplo, que 99 % de la minería de oro en el Chocó carece de una licencia ambiental o título minero, y afecta más de 22.000 hectáreas tan solo en el Chocó. La
ilegalidad también tiene consecuencias sobre los mecanismos de seguimiento y registro, haciendo aún más difícil la medición del
impacto ambiental y social de temas como el uso de mercurio y de los vertederos contaminantes sobre el río y su cuenca.
Emprender el camino de la sostenibilidad desde la planeación implica considerar otras aristas. Hoy malinterpretamos el quehacer de la planeación entendiendo el territorio como una unidad de análisis fragmentado. Hay quienes, por ejemplo, consideran que se limita a la consolidación de un documento robusto sobre un plan de desarrollo o de contar con un
plan de ordenamiento territorial, o de elaborar planes para el manejo de cuencas en subregiones. No obstante, la problemática va más allá. Si bien reconocemos la importancia de esos instrumentos en el marco institucional, se debe considerar que esas herramientas se quedan cortas y carecen de una visión completa del territorio. Entender una región requiere, además de buenos planes, del análisis (pasado y presente) profundo de las relaciones funcionales del espacio (Diagrama 1). Hoy en día existen metodologías atractivas como las que proveen los
planes estratégicos regionales (PER), que trasciendan el análisis político-administrativo tradicional. Esas metodologías sirven para levantar diagnósticos y cuantificar los problemas, pero también para fortalecer la participación amplia de las comunidades en la discusión sobre las dinámicas del intercambio económico y cultural, y su ordenamiento de largo plazo.
Frente a los retos de la planeación y lo vital que resulta para el desarrollo regional, el
Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider) se ha planteado el desafío de apoyar el debate (con herramientas de la planeación: urbana, rural, territorial, medio ambiental, etc.) sobre las regiones y sus implicaciones para el país desde tres frentes: el fortalecimiento de la institucionalidad para la planeación regional de largo plazo, el desarrollo de metodologías para la planeación y el desarrollo de sistemas de información.
En conjunto con las universidades regionales, el Cider ha identificado que las figuras de las
Regiones Administrativas de Planeación (RAP - LOOT 1454, 2011) tienen un potencial especial en el fortalecimiento regional, pues contemplan el territorio desde una visión amplia, convocando en sus órganos directivos al sector público, el privado y la academia. Para ello, desde la
Universidad de los Andes, ya dimos los primeros pasos. En 2017 acompañamos el diseño de la estructura y el gobierno de la RAP Pacífico, en donde se estimula la conformación de un Comité Técnico, compuesto por los secretarios de planeación departamental, los miembros de las universidades regionales y el sector privado.
En segundo lugar, buscamos consolidar el desarrollo de metodologías de planeación con un enfoque específico en la participación, no solo partiendo desde el abordaje tradicional, sino impulsando la creación de mesas de la sociedad civil, donde las universidades regionales, las
ONG y los colectivos poblacionales son protagonistas de las decisiones del territorio. A hoy, tenemos adelantados los
diálogos para facilitar la mesa Pacífico, Caribe, Orinoquia y Centro. En cada uno de estos espacios la comunidad tiene la función de reconocer los ejercicios previos de planeación y los saberes locales; así como entender y compartir las diferentes
visiones del territorio para crear nuevos lazos o fortalecer los existentes.
El tercer frente propuesto para fortalecer la planeación es la creación de un sistema de información abierto que recopile, sirva para el seguimiento de problemáticas y comparta la información con los ciudadanos de la región y sus líderes.
¿Cuál puede ser el rol de las universidades para afrontar el reto de la planeación y la sostenibilidad de nuestras regiones? 
