Análisis sobre el proyecto de punto de borrón y cuenta nueva

El proyecto de ley de “borrón y cuenta nueva”, de aprobarse, le hará un enorme daño a la eficiencia en el manejo del ahorro de los colombianos, a los buenos deudores, que son la gran mayoría, y a la competencia en el sector financiero.

El Congreso está a punto de aprobar un proyecto de ley que busca supuestamente actualizar la ley de Habeas Data y crear, según sus proponentes, “un borrón y cuenta nueva que beneficie a los colombianos que se encuentran reportados en las centrales de riesgo y que se pongan al día para la entrada en vigencia de la ley”.  Básicamente, propone que el tiempo de permanencia de un reporte negativo en las centrales de riesgo corresponda al tiempo de mora, pero con un máximo de dos años;  en el caso en que no se haya  pagado la obligación, el reporte negativo será máximo de cinco años; prohíbe que esta información negativa o desfavorable  sea utilizada en los sistemas de puntuaje de deudores (credit-scoring); en fin, propone una amnistía que borre toda la información negativa de  aquellos deudores que en el momento de aprobarse la ley o en los siguientes seis meses paguen sus deudas. 

Como punto importante para entrar a discutir el proyecto en cuestión, vale la pena señalar que es de interés general que el ahorro de los recursos de la sociedad, que se canaliza a través de los intermediarios financieros, se oriente hacia aquellas empresas o personas que estén en mejor capacidad de manejar esos recursos. Por ello los bancos tienen el interés y, además, la obligación de examinar a los solicitantes de crédito, para determinar tanto su capacidad, como su voluntad de pago.

Uno de las innovaciones financieras más significativas en la gestión del crédito en las décadas recientes ha consistido en la adopción de los sistemas masivos de estudio de  las solicitudes de crédito. Gracias a la disponibilidad de datos, tanto de las propias entidades financieras como de las centrales de riesgo, sobre el comportamiento pasado de los deudores, es posible predecir con una alta confiabilidad cuál puede ser el comportamiento crediticio de un potencial deudor.  Con esta información, se puede aprobar una solicitud, por ejemplo, para adquirir un automóvil, una vivienda, un crédito de consumo o una tarjeta de crédito, en unos pocos minutos.

Es necesario señalar que el 92 % de las personas con historial crediticio en las centrales de riesgo colombianas (Datacrédito y CIFIN) cuenta con información exclusivamente positiva sobre su comportamiento crediticio.  Ese es un activo importante para ellas, puesto que su comportamiento es observado por las entidades financieras, quienes saben que la probabilidad de que paguen deudas adicionales en que incurran es bastante alta. Pero, cuando se obliga a borrar la información negativa, pierde valor la positiva: las entidades prestamistas no tendrán cómo discriminar entre “buenos” y “malos" deudores. Perjudicará esta norma a la gran mayoría de personas cuyo historial crediticio está reportado en las centrales de riesgo. Se presentaría una situación semejante si una universidad prohibiera reportar la información negativa de los registros de notas para efectos de calcular el promedio obtenido. Esa información perdería toda credibilidad frente a quienes van a basarse en ella para tomar decisiones sobre vinculación laboral o sobre admisión en programas de postgrado. Los buenos estudiantes serían los perjudicados.

El proyecto de ley  de “borrón y cuenta nueva” va a dificultar la aplicación de estas tecnologías de gestión del riesgo de crédito. Puede conducir a una elevación en las tasas de interés para todos los deudores por las siguiente razones:

1. Como se sabe, el riesgo percibido por el acreedor es un factor importante en la determinación de las tasas de interés. Al no poder discriminar entre “buenos” y “malos deudores”, por la deficiente calidad de  la información provista por las centrales de riesgo, se crea el conocido problema económico de “información asimétrica”.  Para los bancos, es más seguro asumir que todos son malos deudores, y cobrar la tasa de interés asociada con esa suposición. Esto espanta a una cantidad importante de buenos deudores. Se crea por lo tanto la situación que el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, junto con su coautor Andrew Weiss, denominó racionamiento crediticio en un famoso artículo publicado en 1981
2. Si las entidades financieras no cuentan con información creíble sobre el comportamiento crediticio de sus clientes, deberán reemplazar sus sistemas de análisis de crédito por otros más costosos: verificación y análisis cuidadoso de la información financiera provista por el deudor, así como de sus referencias comerciales y personales.  En el caso del crédito masivo de consumo de bajo monto, esa tarea será sencillamente imposible. El banco deberá tomar sus decisiones basado en su propias bases de datos.  Estos costos se pasarán a los usuarios de crédito a través de mayores tasas de interés. Lo que dificultará la competencia: un buen deudor no tendrá incentivo para cambiarse de banco, porque su información crediticia positiva registrada en las bases de datos públicas dejará de ser creíble.
3. Hoy en día todas las entidades de crédito vigiladas por la Superintendencia Financiera están obligadas a reportar toda la información, tanto positiva como negativa  sobre el comportamiento crediticio de todos sus clientes.  Esas bases de datos privadas tienen por lo tanto una utilidad pública. Al prohibirles a las entidades compartir la totalidad de esa información, se crea una ventaja competitiva para los bancos más grandes, que dispondrán de una base estadística más amplia para armar sus sistemas internos de valoración del riesgo de los deudores.  Son muchas las pequeñas entidades de crédito que han surgido recientemente, como las especializadas en microcrédito o las FinTech,  cuyo insumo principal en sus decisiones de crédito son precisamente las centrales de riesgo. Algunas de ellas desaparecerán o tendrán que cambiar radicalmente su modelo de negocio.  Al reducirse la competencia, las entidades financieras que queden podrán gozar de un mayor poder de mercado.

Es posible que este proyecto sea aprobado. Pero es necesario dejar una constancia histórica sobre el enorme daño que le hará esa ley a los buenos deudores, que son la mayoría;  a la eficiencia en la asignación de los recursos del ahorro de los colombianos, y a la competencia en el sector financiero. Nunca es tarde para hacer un llamado a la responsabilidad de nuestros parlamentarios. ¿Seremos demasiado ilusos?